Diversas organizaciones sociales, aglutinadas en el grupo denominado “Mesa Contra la Impunidad” presentaron este martes una nueva propuesta de ley de reconciliación nacional ante la Asamblea Legislativa, la cual esperan, sea incluida en el documento que actualmente se encuentra en discusión dentro de la subcomisión especial creada por el Parlamento.
“Lo que queremos es que ellos nos temen en cuenta, que cuando formen una ley tomen en cuenta a las víctimas, porque lo que queremos es justicia y reparación, pero también que no lo inventen ellos (“¦) no queremos que nos sigan atropellando nuestros derechos, masacraron a nuestras familias, queremos que siempre nos tomen en cuenta, hay muchas víctimas esperando”, expresó Dorila Márquez, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de El Mozote.
La pieza de correspondencia fue recibida por el diputado, Juan José Martel, quien reiteró que la nueva ley debe incluir la posición de las víctimas por mandato de la Sala de lo Constitucional.
“Cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, señaló que la participación de las víctimas y de los organismos de derechos humanos era fundamental en la elaboración de un nuevo texto de ley (“¦) esa nueva ley debe contener la garantía de conocer la verdad de lo sucedido, que haya reparación integral al daño y que se garantice la no repetición, es lo que se pretende con este nuevo anteproyecto que se está presentando”, detalló Martel.
Entre las principales cualidades de esta propuesta destacan la petición de que el Estado debe ser responsable de la “satisfacer plena y adecuadamente” el derecho de las víctimas a una reparación integral por los agravios sufridos durante el conflicto armado.
Asimismo, se exige que el estado, “investigar de oficio” y “sancionar a las personas responsables con estricto apego a las reglas del debido proceso”.
Debido a lo anterior, las organizaciones señalan en el documento que las víctimas deberán tener acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad y los archivos de la Fuerza Armada. Estos últimos con la finalidad de que sirvan como objeto de prueba en procesos judiciales.
“La decisión ya está tomada”
Sin embargo, Martel asegura que la discusión dentro del Órgano Legislativo es solamente un protocolo para evitar inconstitucionalidades, puesto que los dos partidos mayoritarios, FMLN y ARENA, están seguros de su decisión desde hace tiempo.
“Lo que pretenden es hacer es el espectáculo que están consultando, lo que pretenden es demostrar que se han cumplido con todo el proceso de ley para evitar inconstitucionalidades, pero la decisión ya está tomada en lo fundamental (“¦) hay un acuerdo tácito entre ellos. Presentaron un documento al cual le quitaron los artículos, y eso lo presentaron como que era un documento, cuando se les pidió que elaboraran una propuesta de anteproyecto de ley, lo que hicieron fue ponerle los números de los artículos al mismo proyecto que había presentado la Comisión Ad Hoc y esa ha sido la base de la discusión”, apuntó Martel.
Al ser consultado sobre si era legal que la Asamblea exigiera los archivos de la Comisión de la Verdad para ser “archivados como memoria histórica”, el parlamentario comentó que con ello reducirán dicho informe a una “pieza de museo”.
“Por ley puede hacerlo, pero el problema de fondo es que el informe de la Comisión de la Verdad, que fueron más de diez meses de trabajo, de cientos de especialistas en la materia que recogieron miles de testimonios, que recibieron cientos de denuncias, va a ser reducida a prácticamente a una pieza de museo, porque no van a tener ningún valor probatorio de evidencia en estos procesos”, enfatizó Martel.
Esta postura fue compartida por el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante, quien considera que este aspecto de la ley podría dar lugar a una inconstitucionalidad
“En ese punto estaríamos yendo contra la sentencia de la Sala de lo Constitucional, porque lo que se le está estableciendo a la Fiscalía es que debe de investigar (“¦) y a la Asamblea Legislativa que legisle para que esa información le sea de fácil acceso a la Fiscalía. Si se aprobara esta ley y le quitaran ese elemento se estaría mutilando una parte fundamental para aplicar el derecho a la justicia”, concluyó Escalante.
Posteriormente, la Mesa Contra la Impunidad fue recibida por la subcomisión especial que se encuentra discutiendo el polémico decreto.
