Hace unas semanas se lanzó públicamente LABERINTO https://focostv.com/laberinto/, una plataforma de periodismo digital investigativo producida por la Revista FOCOS en un formato innovador y atractivo, dirigido a audiencias jóvenes, con el objetivo de contribuir a un voto más informado de la ciudadanía en las próximas elecciones presidenciales en El Salvador. En este espacio se presenta a la opinión pública información acerca de los perfiles de los cuatro candidatos que aspiran a gobernar el país en el quinquenio 2019-2024.
Una de las secciones más novedosas de LABERINTO es el apartado relacionado a la evaluación de la viabilidad técnica de algunos de los proyectos más emblemáticos en las áreas de seguridad, género, finanzas públicas, medio ambiente y bienestar social: lo que ha representado un ejercicio complejo frente a la poca cultura que tenemos en el país de presentar propuestas respaldadas de datos y cifras, pero fundamental para poder emitir un voto con criterio sobre la base de los planteamientos económicos y técnicos abordados por los candidatos.
En este artículo, quiero enfocarme en el análisis de las propuestas en el eje de medio ambiente, que por primera vez aparece en los planes de gobierno de todos los candidatos. Esto último, no debería sorprendernos, sobre todo en un país que en el 2009 ocupó el primer lugar de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático y los siguientes años se mantuvo entre las 10 posiciones. Además, el 89% del territorio salvadoreño está expuesto a situaciones de riesgo y es allí donde vive el 95% de la población y en donde se genera el 96% del PIB” (PRISMA 2017).Por otro lado, el cambio climático está aumentando el riesgo de que una gran parte de la población salvadoreña padezca hambre, sufra de enfermedades asociadas a la falta de agua, higiene y saneamiento, pierda sus medios de vida, y/o tenga que migrar hacia otros territorios como opción para salir de la pobreza, todos estos desafíos que tendrá que gestionar el próximo gobierno.
Asimismo, los conflictos socio ambientales alrededor de la defensa del medio ambiente son cada vez más recurrentes y cada día los asesinatos hacia quienes hacen esa defensa, aumentan en toda la región de América Latina y el Caribe. Cómo olvidar el caso de la lideresa indígena, Berta Cáceres, en Honduras.
En El Salvador uno de los conflictos más relevantes en los últimos meses y que ha sido motivo de importantes movilizaciones sociales, ha sido el relacionado con la posibilidad de privatización del agua y la incapacidad de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa de aprobar una Ley general de aguas que garantice a la población el acceso a agua y saneamiento como un derecho humano fundamental.
No obstante, en todas las propuestas, el agua pareciera ser uno de esos temas que ha logrado capturar atención de todos los candidatos. Pero no es casualidad que el tema de agua tenga ahora más relevancia de la que tuvieron en campañas electorales anteriores. El agua o la falta de agua acentúa la desigualdad y la pobreza y frena cualquier posibilidad de avanzar hacia un desarrollo sostenible.
En el 2016, según el Relator Especial de la ONU sobre Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento, en El Salvador cerca de 600,000 personas no tenían acceso a ningún tipo de servicio de agua potable y saneamiento, ni siquiera por medio de recolección de lluvias. Además, más de 1 millón de personas solo tenían acceso a un servicio deficiente de agua donde no se garantiza su potabilización. Esto tiene implicaciones no solo en términos medioambientales, sino también en términos económicos, sociales y políticos que son verdaderos desafíos para la gestión gubernamental.
Sumado a ello, la brecha de cobertura de agua potable entre hogares urbanos y rurales es bastante amplia, siendo los hogares rurales más pobres quiénes destinan más horas a conseguir el agua para consumo y, en muchos casos, a un costo económico mayor que para los hogares de ingresos medio y alto en San Salvador. También acentúa las brechas de género, porque esta tarea mayoritariamente la realizan las mujeres y las niñas dentro del hogar, aumentando la carga de trabajo doméstico no remunerado y exponiéndose a otras situaciones de violencia.
Pero desde mi perspectiva, la relevancia que ahora adquiere el tema de agua en la agenda electoral, que aún está lejos de compararse con la de seguridad y economía, pese a los datos arriba expuestos, se debe a la capacidad que ha tenido la ciudadanía de movilizarse ampliamente por el reconocimiento y la defensa del agua como un derecho humano. Gran parte de este aporte proviene del esfuerzo de sensibilización, concientización e incidencia política del movimiento social ambientalista, que lleva más de doce años influyendo en el país para que se reconozca en la constitución el derecho humano al agua.
Reconocer el problema es un paso importante, pero no es suficiente. Las propuestas en muchos casos se quedan únicamente en soluciones ingenieriles o de infraestructura, con una desconexión casi absoluta del modelo de desarrollo económico y de los patrones de consumo que sobreexplotan nuestros limitados recursos naturales bajo la excusa de incentivar el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo. En todo caso carecen de ese enfoque de integralidad y de sentido de urgencia que debería de tener un problema tan complejo como representa el agua y que el cambio climático lo profundiza. Por otra parte, no cuentan con metas concretas, costos y fuentes de financiamiento, lo que pone en duda la viabilidad de las mismas.
Además, queda la duda sobre cómo van a responder los candidatos a la presidencia, ya una vez en el ejercicio del poder, cuando existan conflictos de interés entre el derecho de la ciudadanía a gozar de un medio ambiente sano y tener acceso a agua y saneamiento, con los intereses de grupos empresariales, que basan su modelo de negocio en la concentración y explotación de los recursos naturales (agua, tierra, bosques etc.). Es común que estos grupos utilicen mecanismos como el financiamiento de partidos políticos y de campañas, lobby, puertas giratorias y control de medios de comunicación para inclinar la balanza hacia sus intereses.
En este último punto, la ciudadanía tiene un rol estratégico que desempeñar para hacer un contrapeso y exigir transparencia, cuestionar por qué se adoptan determinadas políticas y no otras, a quiénes favorecen y a quiénes perjudican. La plataforma digital de periodismo de investigación #LABERINTO puede ayudar a este ejercicio de auditoría social que espero se convierta en un espacio permanente para que como ciudadanía asumamos un rol de vigilancia y de participación más activa. El movimiento contra la Privatización del Agua lo ha demostrado, una ciudadanía activa, es una ciudadanía capaz de inclinar la balanza a favor de los derechos de las personas. Aquí tenemos una herramienta poderosa, que les animo a explorar y que nos sirve para monitorear cuales son los compromisos asumidos por el próximo gobierno en materia ambiental.
/* La autora es actualmente Gerente de Influencia, Campañas y Comunicación de Oxfam en El Salvador
