La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, expresó que la aprobación de las medidas extraordinaria de seguridad de forma permanente no cuenta “con su aval”, ya que restringen derechos humanos de los privados de libertad. Ella pidió al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, vetar (rechazar) las medidas y que estas vuelva a la Asamblea Legislativa.
El pasado 17 de agosto, los diputados del Órgano Legislativo aprobaron con 71 votos implementar las medidas extraordinarias se seguridad de forma permanente en los centros penitenciarios. Esta decisión contemplaba: regular las audiencias virtuales, restringir las comunicaciones en centros penales, el traslado de reos, normar los centros de seguridad y máxima seguridad, los procedimiento de las visitas y quiénes deben estar internos en los centros de máxima seguridad.
Ante eso, Caballero dijo que “las reformas aprobadas restringen, indeterminada temporal e ilimitada algunos derechos humanos fundamentales y obstaculizan, de forma inapropiada, el ejercicio de otros derechos. Además, agrava con más restricciones los derechos de personas privadas de libertad, y de sus familias”, expresó la procuradora a través de un comunicado.
Además, la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) explicó que hizo observaciones a la propuesta de seguridad y que designó a un equipo interinstitucional para lograr acuerdos en cuanto a la redacción de dichas reformas. Al final no fueron tomadas en cuentas por los diputados de la comisión de la Asamblea, según Caballero.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, mencionó que en El Salvador se han registrado 2,211 homicidios en lo que va del año. Agosto reporta hasta el pasado martes 14, 118 homicidios, con un promedio de 9.83 diario.
Las medidas extraordinarias fueron implementadas luego de la masacre de 11 trabajadores de una empresa subcontratada por una distribuidora de energía eléctrica, en San Juan Opico, La Libertad, el 3 de marzo de 2016.
