Por Alessia Genoves

“Más de $100,000.00 USD recibió la MS”, declaró el testigo Noé, durante el “Proceso de Pacificación”, conocido como “Caso Tregua”. Los señalamientos han sido ventilados en el Juzgado Primero de Sentencia “C” de San Salvador, como pruebas de cargo; un indicio que se añade a una presunta entrega dineraria por $500,000.00 USD que habría recibido el ex-ministro de la Defensa, David Munguía Payés, durante la administración de la “política de Estado”. 

Detalla la Fiscalía General de la República (FGR) que ambas entregas dinerarias tenía origen de Casa Presidencial. Sin embargo, no rindió detalle sobre el monto total de recursos dinerarios del Estado que habrían sido erogados para tal fin; y tampoco ContraPunto ha podido tener acceso a la documentacióon de referencia. Mientras tanto, el imputado ausente, ex-presidente Mauricio Funes, asegura que ningunas de las erogaciones habrían sido erogadas de Capres desde su consentimiento; y que, para tal fin, la Policía Nacional Civil (PNC) contaba ya con un presupuesto. 

Por otra parte, las declaraciones sobre la presunta administración irregular de fondos, trascienden a las imputaciones que al FGR establecía contra los imputados, desde la fase de intimación: “Mauricio Funes otorgó beneficios a pandilleros que se encontraban en prisión, entre ellos, el traslado de líderes de la pandillas al Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad”, así reza la acusación inicial que hace la FGR, en contra del ex-presidente. También sostiene que el acusado “facilitó las reuniones entre pandilleros que se encontraban en libertad con cebecillas que se encontraban recluidos en centros penales”.

El dinero y Testigo Noé

Testigo Noé forma parte de una lista de 30 testigos que han participado en el juicio que imputa al ex-presidente Mauricio Funes y al ex-titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés. El mismo, además, estuvo implicado en el proceso judicial que involucró a otros 71 implicados, de acuerdo con la resolución de sentencia condenatoria del Juzgado Especializado de Sentencia “A”. 

ContraPunto tuvo acceso a la misma, a partir de la denuncia de amparo -mixta- identificada en el expediente “145-HASTA-185-BIS-APE-2020AC”, del Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En el mismo documento, que también detalla el sobreseimiento de imputaciones por cargos de homicidios a los referidos, también se refiere la participación de los ex-alcaldes del municipio de Ilopango por el partido ARENA, Salvador Ruano; del de San Salvador, Norman Noél Quijano y del ex-duputado, Alejandro García Muyshondt. 

El documento también detalla que las pandillas obtenían financiamiento dinerario desde la extorsión. Además, también detalla que entre las pandillas, mediadores y representantes del gobierno celebraron varias reuniones; una de ellas, la tercera, identifica al mediador Raúl Mijangos y al Monseñor Fabio Colindres, ambos también requeridos como testigos de cargo contra Munguía Payés y Mauricio Funes. 

En aquel escenario de reunión, indica el documento que “se trató del fortalecimiento y apoyo que tenían del presidente de la República y el Ministro de Seguridad Munguia Payes; ellos habían tomado la decisión de sacar al grupo hacia un penal de menor seguridad, para poder establecerse y tener control de las calles y los penales; establecerse, tomar el control de la mara en general; control de las calles significa organizar la estructura, formar una ranfla en las calles, organizar programas y organizar a las personas”.

Ello también prometía “establecer una ranfla en los penales es la creación de una estructura al mando que tuviera la fuerza de controlar tanto dentro como fuera de los penales; la estructura de mando estaría en Ciudad Barrios, Goteras, Chalatenango y en la calle; estaría en esos centro penales porque Ciudad Barrios tenía la mayor población, estaban casi todos los programas en ese penal; se refiere a una población de casi cinco mil internos de la Mara Salvatrucha; en Gotera estaría la estructura de mando porque también había presencia de la Mara Salvatrucha; en el Penal de Chalatenango también estaba controlado por la Mara Salvatrucha; cuando refiere que existía control en esos centros penales se refiere que había control de ingresos de ilícitos como drogas, teléfonos, chips, ordenes hacia las calles; sabe que ingresaban esos ilícitos porque su personas estuvo en el penal; en el momento de la tregua se podían trasladar teléfonos de un centro penal a otro por medio de caletas; los mediadores trasladaban los teléfonos en los jugos Jumex; su persona se encontraba en Ciudad Barrios; tuvo acceso a teléfonos, chips, marihuana, memorias USB”… 

Todo lo mencionado en el documento también forma parte de las imputaciones contra Funes; y, especialmente contra Munguía Payés. En sus alegatos, el primero refiere al Caso Tregua como el “Proceso de Pacificación”, así titulado por el gobierno. En el mismo, sostiene que consistía en “1) la pacificación a través de los mediadores en el diálogo entre las pandillas. 2) Y la otra, insertado en medio de eso, insertar una operación que nos iba a tener informados de lo que estaba pasando y nos iba a ayudar a perfilar las operaciones que se estaban operando, y que se reunían con los mediadores”.

A las entregas dinerarias, sin embargo, se añaden las señaladas por “Clave Franco”, quien aseguró que Payés habría recibido hasta $50,000.00 desde la Partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República. Éste nuevo señalamiento, por otra parte, debía estar respaldado en la documentación judicial conferida a la FGR. Y vale decir que éste día, el Juzgado Primero de Sentencia “C” recibió la documentación judicial, que respaldaría tanto las acusaciones y pruebas de cargo, como las pruebas de descargo en favor de los imputados. 

Por otra parte, el ex-presidente Funes sostiene: “Nunca entregué dinero a Munguía Payés para financiar la Tregua.Ni siquiera tuve conocimiento que habían infiltrado a las pandillas. Ese no era una función de CAPRES”. Asegura que  “eso lo hacía la inteligencia policial y entiendo que para esas labores había presupuesto. No había por qué destinar recursos de gastos reservados para la inteligencia que pudo haberse necesitado en la Tregua”.

Funes contra el FMLN

Mauricio Funes sostiene que el proceso judicial en su contra es “ilegal”. A su juicio, ha reiterado que el proceso judicial, a su juicio, vulneraría el principio de retroactividad a su favor, presumiblemente al ser juzgado como reo ausente, pero imputado con el Código Penal y Procesal Penal anteriores . Justifica que el gobierno habría aprobado 24 reformas al Código Procesal Penal que, entre otras cosas, posibilita la judicialización del imputado ausente, y la de su defensor, siendo la de éste última “subsanada de inmediato, en el último caso, solicitando un defensor público. La audiencia preliminar se realizará a pesar de la incomparecencia del imputado sin justa causa” (art. 361, Cpn).

“Sin haber entrado en vigencia, uno que lleva el Caso El Chaparral, el juez especializado de instrucción; y otro, que lleva el caso Tregua, convocaron a una audiencia preliminar cada uno, por separado. Una audiencia preliminar que, según éstos jueces, les permiten convocarlas éstas reformas aprobadas al Código Procesal Penal, el jueves pasado”, indicó el exmandatario.

Funes se refiere a que el proceso violentaría el principio de retroactividadEn ambos casos, Funes reiteró que cuenta con la protección del gobierno nicaragûense, desde el año 2016. Alegó, también, que el artículo 43 de la Constitución de Nicaragua establece una “prohibición de extradición de nacionales”, siendo protegida por la misma desde que obtuvo la ciudadanía.

Por otra parte, asegura que las acusaciones de negociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes no serían coherentes con su cargo en la presidencia; y que no se habría reunido ni con maras y pandillas. Sin embargo, omite referirse a que la FGR sostiene esas imputaciones por el presunto traslado de beneficios carcelarios, a favor de los reos. En última instancia, responsabiliza a miembros del FMLN, como Benito Lara -exdiputado y ex-ministro de Seguridad-, de comprometerse con pandillas “a cambio de beneficios electorales. 

“¿A cuenta de qué vienen a darse golpes de pecho y ser tan hipócritas de decir que en ese proceso ellos no estaban de acuerdo?”, cuestiona. “Claro que estaban de acuerdo, en la medida que les traía beneficios electorales. Yo lo que buscaba es que en la medida en que facilitábamos ese proceso se reducían los homicidios. Si se cometieron delitos, hay que individualizarlos”, sostiene.

Homicidios y Tregua

2,500 femicidios y de 18.970 homicidios se totalizaron durante la administración del expresidente Funes (2009-2014). Sin embargo, la cifra es inferior a la de su sucesor, también partidario del FMLN, el profesor y expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). El profesor es también asilado y nacionalizado a Nicaragua, llegó a reportar en su administración hasta 2.578 femicidios y de 22,289 homicidios.

Ésta reducción reducción en los registros respondería al presunto pacto entre pandillas. De hecho, hasta 2009, año en el que Funes ingresó al poder, los homicidios llegaron a los 4,382, representando un incremento del 37.8% respecto de los 3,179 homicidios reportados en 2008. Sin embargo, la más importante reducción se reportó en los años 2012 y 2013, con 2594 y 2490 homicidios, respectivamente. La primera cifra representaría una reducción -40.5% respecto de los 4,371 homicidios reportados en 2011.

2014, por otra parte, sería escenario político en el que se celebrarían las elecciones presidenciales, municipales y legislativas. En tales escenarios, también habrían participado personalidades políticas como los difuntos Raúl Mijango y el ex-alcalde del municipio de Ilopango, Salvador Ruano. En otros hechos, también son acusados los ex-alcaldes de San Salvador y ex-diputados de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano y Ernesto Muyshondt.

Pero, pese a los presuntos esfuerzos del partido de oposición por conseguir la presidencia de manera fraudulenta, las elecciones presidenciales dieron el voto presidencial al profesor Salvador Sánchez Cerén. Tras la administración de éste, no se han suscitado acusaciones por presuntos pactos con pandillas; de hecho, como se ha mencionado anteriormente, se llegaron a reportar hasta 22,289 homicidios; es decir, respecto a la administración de Funes un incremento del 14.8%.

76,000 pandilleros han sido identificados en libertad, antes del establecimiento del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, y de la Guerra Contra Pandillas. El número contrasta con los 6,000 identificados hasta el año 2004. Según el actual titular del MJSP, Gustavo Villatoro, “esa explosión se da, tristemente, por la acción de un gobierno”. Opinó que los hechos tuvieron lugar con el “gobierno nefasto del ex-presidente Mauricio Funes, que fue, en definitiva, parte de ese de ese crecimiento exponencial que tuvieron las tres pandillas a nivel nacional”.

Gustavo refiere sus afirmaciones a demandas establecidas contra el gobierno de El Salvador, por parte de instituciones internaciones, como la Comisión Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH), y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Definió su ausencia en el gobierno de Funes como “un espaldarazo a la población”, al no responder a la ola de violencia perpetrada por el gobierno y organizaciones terroristas.

Sin embargo, la administración del presidente Nayib Bukele también es acusada de establecer pactos con maras y pandillas. Las acusaciones formales las hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, hacia funcionarios como el titular de la Dirección General de Centros Penales, (DGCP), Osiris Luna Meza; y al titular de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.

Las afirmaciones han sido negadas por el gobierno de Bukele. Y éste también ha respondido a la incertidumbre planteada por las organizaciones denunciantes, al cuestionar -por la intransparencia- la reducción de más del 78% en la cifras de homicidios, y al reporte sostenido por la Policía Nacional Civil (PNC), de más de 246 días sin homicidios.

“¿Cómo podemos manipular las cifras, si antes los cadáveres estaban en las calles?; ¿cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en las calle?. ¿Cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar la extorsión?, porque ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros”, expresó el presidente, ésta vez ante los señalamientos divulgados a la CIDH.