Por Alessia Genoves
Más de 7.561 salvadoreños han sido detenidos, bajo cargos relacionados con la delincuencia común, delitos de homicidio y a la supuesta pertenencia al crimen organizado. Las operativos de detención responden a la ejecución del Estado de Excepción legislado desde el pasado 27 de marzo, para contener el repunto de homicidios.
Al menos 172 homicidios han sido reportados al cierre del mes de marzo, de acuerdo con los registros oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). El dato se define como la cifra más alta registrada desde el año 2019; y es, a su vez, un 64.7% más alta, con al menos 60 homicidios de diferencia.
Unos 327 hechos de violencia que culminaron en homicidio ya se reportan en el país, transcurridos los primeros 96 días del año. La incidencia delictiva ha tenido presencia a lo largo de 85 días dispersos, con un margen de al menos 11 días sin registros de homicidio.
Detenciones
Al menos 7,467 detenciones contra salvadoreños han sido efectivas en los últimos 12 días, desde que se presenció el baño de sangre, arrebató la vida a 62 de las víctimas El dato fue declarado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien detalla que “únicamente 11 de ellos (fueron realizados) con el régimen de excepción”.
En lo que va del día, unas 94 personas han sido detenidas, en distintas zonas del país. La PNC desplegó 21 operativos para hacer efectiva la captura de los imputados, a quienes se les acusa por los delitos de “agrupaciones ilícitas”, penado de 20 a 35 año de cárcel (art. 162 y 365 del Código Penal); “homicidio agravado”, penado con 30 años de cárcel (art. 129, Código Penal); “feminicidio” penado de 20 a 35 años de cárcel (art. 45, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer).
Capturamos a otros 36 terroristas que operaban en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín.
Estos sujetos se suman a los 7,467 detenidos en 12 días. pic.twitter.com/3LQPtfe8Ys
— PNC El Salvador (@PNCSV) April 7, 2022
También se les ha detenido bajo los cargos de “portación ilegal de armas de fuego” (Ley de Control y Regulaciones de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares), delito penado con 10 a 15 años de cárcel; y el de “portación ilegal de drogas”, penado con 10 a 15 años de cárcel (Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas).
Uno de los operativos más contundentes culminó con la detención de 27 presuntos pandilleros, en los municipios de San Martín y Soyapango. Detalla el Gabinete de Seguridad, que al menos uno de los detenidos fue identificado como “palabrero”, de la estructura delictiva. Otras 9 detenciones fueron confirmadas, tras el ejercicio de múltiples operativos en el municipio de Ilopango.
La mayor parte de éstas personas fueron identificadas por sus tatuajes identitarios a la Mara Salvatrucha y a la Mara 18. Se incluye, entre las 36 personas detenidas, al menos 2 mujeres figuran en el registro fotográfico divulgado por la PNC.
Otra de las más numerosas detenciones tuvo lugar en las cercanías del Puerto de Acajutla y la playa Los Blancos (Sonsonte). La PNC sostiene que las 12 detenciones efectivas se hicieron en contra de miembros de “pandillas”; sin embargo, la fotografía divulgada por la PNC, a las 9:50 am, no detalla tatuajes a maras o pandillas. Al menos 2 de las detenidas han sido mujeres.
Otras 8 personas fueron detenidas en Santa Tecla. Las autoridades presumen su pertenencia al crimen organizado, pese a que la fotografía, divulgada a las 10:46 am, no los identifica por sus tatuajes. En éste operativo, al menos 2 mujeres han sido detenidas.
Este terrorista es Óscar Alexander Torres Portillo, alias King, corredor nacional de pandilla y responsable de diversos crímenes. pic.twitter.com/R6pU6Xo934
— PNC El Salvador (@PNCSV) April 7, 2022
En horas de la tarde, la corporación policial detuvo a 5 sujetos. Los identificó como “terroristas”, y se les decomisó “2 armas de fuego; 1 fusil AK-47; 1 chaleco antibalas” además de “1 radio comunicador, varios celulares y marihuana”. Otro hecho similar tuvo lugar en una “casa destroyer” de la colonia El Progreso en Tamanique (La Libertad), y concluyó con la incautación de “1 fusil 22 mm; 1 escopeta 12 mm y municiones y 14 bolsas negras con porciones de marihuana”, más no con la identificación de sus propietarios, ni las credenciales de las armas.
“Palabrero” y “líderes”, o gestionadores, son algunas de las denominaciones con las que la corporación policial identifica a los detenidos Dennis Alvarado (5:31 PM, La Libertad); Levis Blanco (5:14 PM, La Unión). También identificaron como “gatillero” a Saul Reyes (1:17 PM, San Salvador); y como “corredores” a Edwin Medina (10:18 am, Ahuachgapán), Oscar Torres y René Hernández (3:04 PM, La Libertad).
Capturamos a 5 terroristas que se encontraban fuertemente armados, estos son responsables de varios homicidios.
Se les incautó:
– 2 armas de fuego
– 1 fusil AK-47
– 1 chaleco antibalas
– 1 radio comunicador
– Varios celulares
– Marihuana pic.twitter.com/k4tOufkgKp— PNC El Salvador (@PNCSV) April 7, 2022
Más penas
Hasta el pasado 31 de marzo, la Asamblea Legislativa sancionó la modificación de 6 normativas penales y procesales, para incrementar la carga punitiva sobre delitos asociados al crimen organizado. Concretamente, modificó el Código Penal (Art. 162 y 345); Código Penal Juvenil (Art. 17); en el Código Procesal Penal (Art. 8, 73, 88, 221 y 331); en la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión; en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (Art. 1, 2 y 13) y en de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a la Drogas (art. 54 y 55).
En los últimos 2 días, el gobierno declaró la ilegalidad sobre acciones relativas a la “la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas”, con penas de hasta 15 años de prisión. La nueva proscripción está especificada en el artículo 345-C del Código Penal.
En última instancia, el pleno legislativo aprobó la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, que sanciona hasta con 15 años de cárcel a quienes elaboren, participen o faciliten la creación de “textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados”, con mensajes explícitos, en alusión a maras o pandillas, sobre establecer un control territorial o amenazar a la población. La normativa ha sido denunciada como “un ataque a la prensa”, por una supuesta coerción a la libertad periodística sobre la cobertura relacionada con maras y pandillas, según lo señaló la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).