Ayer cuatro de septiembre de dos mil dieciocho la comisión política de la Asamblea legislativa no pudo emitir el dictamen para elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Más de cincuenta días han transcurrido ya sin Sala de lo Constitucional. Se debería realizar una reforma ya sea al reglamento de la Asamblea Legislativa o a la Constitución para sancionar pecuniariamente a los diputados, pues quizá solo así se verían forzados a hacer su trabajo. Al hacer un sencillo ejercicio del impacto que una sanción económica acarrearía a todos los diputados, tomando en consideración que solo fueran cincuenta días sin elección, a un salario mínimo del comercio y servicio al día por cada uno de los ochenta y cuatro diputados, ahora mismo el Estado estaría recibiendo en concepto de sanción administrativa aproximadamente un millón trescientos mil dólares, suficiente como para abastecer de medicinas, aunque sea en parte, algunos hospitales del país. Pero los diputados se atienen a que no existe ninguna sanción de este tipo y por ello se empoderan de prepotencia para justificar su incumplimiento de deberes. Es lamentable la posición, por ejemplo, de los diputados de GANA que, con actitud infantil revanchista, se remiten a la imposibilidad de obtener los cincuenta y seis diputados para elegir, y que gracias a esa imposibilidad se sienten importantes frente al resto de fracciones legislativas, sin importarles que en realidad sea al país al que están defraudando.
Es tan fuerte la estela de cambios estructurales que la anterior Sala de lo Constitucional dejó como herencia, que ahora los diputados y los partidos políticos no quieren “cometer un error” al elegir magistrados que no favorezcan a sus intereses personales o partidarios. Esos cambios estructurales, producto de sentencias que a su vez se basaron en la Constitución, en la independencia judicial y en la imparcialidad, son un verdadero lastre para los diputados de la Asamblea Legislativa y en general para los partidos políticos, quienes aún no han comprendido que la ciudadanía y la sociedad civil de El Salvador ha cambiado en los últimos diez años. Ahora existe mucho más empoderamiento de la sociedad civil para exigir sus derechos, y uno de esos derechos es tener una Sala de lo Constitucional que no responda a intereses personales, económicos o partidarios. Dentro del entramado de pesos, frenos y contrapesos del Estado, la Corte Suprema de Justicia, y en general todo el sistema judicial, y la Fiscalía General de la República, representan un pilar sobre el cual descansa el equilibrio que todo Estado debe tener, toda vez que desde los Órganos Ejecutivo y Legislativo, se encuentran concentrados los poderes fácticos, políticos y económicos desde donde usualmente nacen la corrupción, la arbitrariedad, el nepotismo y los primeros indicios de cualquier dictadura, independientemente que ésta sea ejercida por un gobierno de derechas o de izquierdas. Los diputados no han entendido, o no han querido entender, en qué consiste la idoneidad para el cargo de magistratura de las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia. No todos los candidatos que se encuentran disponibles para su elección son idóneos para la Sala de lo Constitucional. Basta revisar las hojas de vida de muchos candidatos para percatarnos que hay ciertos candidatos que tienen mucha más idoneidad para el cargo, idoneidad expresada en términos de estudios académicos, experiencia, moralidad notoria, experiencia docente, independencia e imparcialidad. Basta revisar tres baremos diferentes, realizados por dos organizaciones son gubernamentales disímiles, y un diputado independiente, para percatarse que algunos de los candidatos que se han propuesto no reúnen esas características y por tanto no son adecuados o idóneos para estas magistraturas. Cinismo, ignorancia o ingenuidad, lo cierto es que estos diputados no quieren entender que cuando la ciudadanía hacer referencia a la idoneidad, nos estamos refiriendo también a la capacidad jurídica de enfrentar decisiones que afectarán el futuro del país, capacidad jurídica que también debe enmarcarse en la independencia judicial y en la imparcialidad frente a todos los poderes fácticos que El Salvador posee, que son muchos y que van más allá de las ideologías, pues si en algo hay consenso en los partidos políticos tradicionales de El Salvador, es en querer ocultar la corrupción, independientemente que ésta provenga de las derechas o de las izquierdas. Al parecer, sólo el diputado independiente Leonardo Bonilla es el único que entiende que la idoneidad se refiere a los aspectos ya referidos. Sería tan sencillo como remitirse a los primeros lugares de estos baremos para hacer una buena elección, incluso existe un promedio de todos estos listados. Más sencillo para los diputados no puede ser: ¡la ciudadanía y un diputado independiente ya les hicieron las tareas! Pero no, algunos de ellos se empeñan en querer ser los todopoderosos, los indispensables, los que nadie puede ignorar. Pero al final será la sociedad civil la que no podrá ignorar estas actitudes infantiles, esta vieja usanza que ha prevalecido a través del tiempo y que por fin la ciudadanía ha detestado.
La realidad salvadoreña ha cambiado. La alternancia político-partidaria de 2009, los sonados casos de corrupción de uno y otro partido, de una y otra ideología; y los espejos cercanos de Nicaragua, Honduras y Guatemala, hacen que la sociedad civil esté más atenta a las actuaciones de los partidos políticos y de sus funcionarios. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, y la sociedad civil está anotando todo en su libreta de facturas para el tres de febrero de dos mil diecinueve.
