Hasta las siete de la noche de ayer, 18 de octubre, el Ministerio de Salud (MINSAL) contabilizaba 42, 824 servicios de salud negados al impedir el ingreso de pacientes y personal de salud durante seis días de reducción de labores en 13 hospitales a nivel nacional, debido a las exigencias del pago completo del escalafón salarial para el próximo año y no parcializado como prevé otorgarlo el Gobierno.
De 13 hospitales en protestas, el número ha venido reduciéndose a únicamente siete según el MINSAL. Entre los servicios negados se encuentran consultas hospitalarias, cirugías electivas, exámenes de laboratorio, ultrasonografías, Rayos X, recetas no despachadas, entre otros.
Este miércoles se cumple una semana de protestas y disminución de labores en hospitales públicos. De acuerdo con el viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, todos los Juzgados de lo Laboral a nivel nacional declararon ilegales dichas protestas, con base en el artículo 221 de la Constitución de la República. Sin embargo, eso no ha hecho desistir a los sindicalistas quienes aseguran que continuarán con las medidas hasta lograr sus exigencias.
Afectaciones por protestas en hospitales /MINSAL
En el centro de esta disyuntiva entre el MINSAL y los más de 29 mil empleados del sector salud se encuentra la población quien no ha sido atendida con normalidad en los diferentes hospitales en protesta.
Juana Tejada tiene a un paciente en el Hospital Nacional Psiquiátrico en Soyapango y asegura que el pasado 14 de octubre debía ser atendido, pero no hubo atención. Le dijeron que regresara tres días después a traer cita, pero tampoco las estaban dando, únicamente el medicamento.
“Si el Gobierno y los sindicatos se sentaran a negociar, la población no saldría afectada. Hay medicamentos que no pueden pasar dos días sin tomarse y no los venden sin receta. Genera inconvenientes en la salud del paciente”, expresa la usuaria.
Los sindicalistas sostienen que la Ley del Escalafón no ha sufrido ninguna reforma para que se otorgue únicamente a quienes ganen menos de 1, 500 dólares mensuales y consideran que en sí esa decisión gubernamental es una violación a la ley.
“A nosotros nos preocupa cuando se violenta una ley que todavía está legal, está vigente y que aún no se ha hecho ninguna reforma. Nosotros conocemos la situación que el Gobierno está pasando pero tampoco puede ser que tengan que pagar los platos los trabajadores”, expresó Salvador Beltrán, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Nacional Psiquiátrico.
No obstante, el viceministro Espinoza argumenta lo contrario y explica el por qué el Gobierno otorga de manera parcializada el escalafón.
“No va en contra de la Ley del Escalafón porque el Presupuesto General en sí es una ley especial y dentro de las jerarquías de los tipos de ley, las leyes especiales están por encima de las leyes comunes”, sostiene el funcionario.
Espinoza señala que son intereses particulares y la búsqueda de desestabilizar al Gobierno lo que motiva a los sindicalistas a continuar con sus protestas. Confirmó además que podría haber sanciones entre las que se contemplan los despidos de empleados del sector salud en paro, si continúan las protestas y disminución de labores en hospitales.
“El Código Laboral establece claramente que si en el término que establece el juez lo trabajadores holgantes no regresan a sus trabajos, pueden hacerse objetos de sanciones que incluyen los despidos sin ninguna responsabilidad”, dijo el viceministro.
El Gobierno ha presupuestado únicamente 10 millones de dólares para el pago del escalafón al sector salud para 2017, beneficiando únicamente a quienes ganan menos de 1, 500 dólares al mes, lo que constituye el 82 % de empleados de salud de todo el país.
La parcialización del escalafón obedece a la grave situación financiera por la que atraviesan las finanzas públicas, que no permiten garantizar el pago en su totalidad de este aumento, tal y como se venía haciendo de forma ininterrumpida desde 2009.
De acuerdo con el MINSAL entre los hospitales afectados por la reducción de labores se encuentran Hospital de Niños “Benjamín Bloom”, San Bartolo, Zacamil, Nueva Guadalupe, Sensuntepeque, La Unión, Usulután, Sonsonate y San Vicente.
Eduardo Espinoza confirmó además que ya hay planes de una mesa laboral entre Gobierno y trabajadores de salud para discutir el escalafón y generar medidas que lo hagan financiable como el techo salarial, distribución de porcentajes equitativos, entre otras acciones.