La Seguridad Pública siempre ha sido el talón de Aquiles de los gobiernos de El Salvador, uno de los países latinoamericanos más peligrosos del mundo, especialmente por influencia del pandillerismo criminal o el conocido accionar de las maras.
Los planes Mano Dura y Súper Mano Dura impulsados por los gobiernos areneros de Francisco Flores y Antonio Saca (1999-2009), este último guarda prisión por los delitos de peculado, sobornos y lavado de dinero; fueron un fracaso.
Los gobiernos del FMLN de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén (2009-2019), tampoco fueron efectivos y los índices de criminalidad siempre se mantuvieron altos.
Los pactos electorales entre políticos y pandilleros si bien produjeron una relativa baja de homicidios, no fue a la larga la mejor manera de combatir este problema social.
Hoy, con el Gobierno de Nayib Bukele, se ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Control Territorial dividido en siete fases.
A mediados de junio, el presidente Bukele comenzó con la Fase Uno que iba orientada a mermar las finanzas de los grupos criminales, sacar a las pandillas de las zonas bajo su dominio, cortar por completo las comunicaciones en los centros penales, desde donde los cabecillas daban órdenes a sus secuaces para asesinar y extorsionar, ejercer acciones represivas en 17 municipios considerados de alta peligrosidad y extender finalmente a escala nacional la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada.
La Segunda Fase está orientada a la reinserción y a la aplicación de programas sociales en las comunidades y barrios para llevar salud, educación, recreación e introducción de agua potable. Esto no tuvo aplicación en los anteriores gobiernos.
Bukele ha tenido que echar mano de reorientaciones presupuestarias aprobadas por la Asamblea Legislativa que ya le avaló $2.8 millones para la compra de uniformes y botas para policías y soldados, luego $30.9 millones para alimentación de los uniformados que prestan labores de seguridad en todo el país.
Con base a información oficial, a 355 asciende el número de detenidos por homicidio a escala nacional entre el mes de junio y los primeros días de julio; estas capturas forman parte de los 4,252 arrestos desde que se inició el Plan de Control Territorial.
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Además, han sido detenidas 308 personas por lesiones, 166 por extorsiones, 94 por robo y 71 por hurto.
Del total de estas detenciones, 2,888 se efectuaron en el término de flagrancia, 833 por órdenes administrativas, 345 por orden judicial y se llevaron a cabo 186 privaciones de libertad (es decir menores de edad) por diversos delitos.
El domingo pasado la PNC informó de la captura de 100 personas acusadas del cometimiento de varios ilícitos.
Por fuera poco, dentro de este accionar hasta conductores peligrosos han quedado detenidos. En total son 1,054 en el período del 1 de enero (antes que asumiera la presidencia Nayib Bukele) hasta el 7 de julio. 1011 son hombres y44 mujeres.
El promedio diario de homicidios de acuerdo a datos de la PNC es el siguiente:
Febrero 7.4
Marzo 7.7
Abril 10.8
Mayo 9.2
Junio 7.7
Julio 7.1 hasta el día 6.
Mientras que los promedios anuales son:
2017: 10.8
2018: 9.2
2019: 8.6
El diputado de ARENA, general retirado Mauricio Ernesto Vargas, admitió que apoya el plan de seguridad del Gobierno “entre dudas y esperanza”. Pero también pidió transparentar el uso de los recursos y que se respeten los procedimientos establecidos.
Vargas fue de los 81 diputados que dio su voto para reasignar más de $30 millones, aunque confesó que no tenía claro sobre la utilización que se le dará a ese dinero.
Una de las dudas del parlamentario es que de los $31 millones reasignados, $21.6 millones provienen de la Contribución Especial de los Grandes Contribuyentes. De ese monto, $3 millones son para la alimentación de 2,500 policías “¿Por qué me están pidiendo para alimentación, si es gasto corriente que tengo provisionado para todo el año? se preguntó.
Para estos días el Gobierno podría solicitar $91 millones para continuar con la ejecución de las siguientes fases del plan antidelincuencial.
Vargas aclaró que exigirá rendición de cuentas porque “esto no es un cheque en blanco”, precisamente por la complicada situación financiera del país.
ARENA ya se pronunció a través de un comunicado el 3 de julio, que explique el plan antipandillas que está impulsando en la Comisión de Seguridad y Defensa del Palacio Legislativo, por considerarlo clave para justificar las reasignaciones de fondos.
El FMLN también ha fijado una postura similar, al señalar que necesitan explicaciones en qué y para qué se están usando los recursos que solicita la presidencia, a la vez que quieren ver resultados de las acciones de seguridad que se están implementando.
Nota: En El Salvador la moneda nacional que circula es el dollar estadounidense.
