El Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador mantuvo en firme la orden de captura, para el ex presidente de la Asamblea Legislativa y dirigente efemelista, Othon Sigfrido Reyes, asilado actualmente en México, acusado de estafa, peculado y lavado de dinero y activos por $6 millones.
Además, declaró no ha lugar la solicitud de audiencia especial de revisión de medidas contra los imputados Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández y Reyes.
“No existe ningún cambio en la situación. Todo lo que diga la defensa en la audiencia especial ya lo alegó en la audiencia inicial. Presentó pruebas al respecto, pero no cambia la situación. Son pruebas que se tienen que valorar en todo caso en la audiencia preliminar”, señaló el juez.
Pese a ello, los defensores de Sigfrido Reyes presentaron un recurso de revocatoria a la resolución del juez. Ellos piden al juzgador que recapacite la decisión.
“No estamos pidiendo una exoneración. Estamos pidiendo que se analice la medida, pero el juez ha interpretado que nuestro argumento es más fuerte”, dijo el abogado defensor Pedro Cruz.
El argumento de la defensa lo basan en que existe un cambio importante con respecto a lo que dio origen al caso. “Con la información nueva que se ha recolectado en esta etapa del proceso ya se tienen elementos suficientes que desvirtúan por completo la posibilidad de que nuestro cliente haya cometido el delito de peculado”, señaló Cruz.
Además señalan que para imponer una medida cautelar lo que un juez debe valorar es la comisión de un delito “y a nuestro juicio hoy queda descartado”, aseguró el defensor.
Según Cruz, el delito de peculado por el cual está siendo procesado Reyes ha quedado descartado porque él no era la persona responsable de la administración o custodia de los viáticos durante su paso por la Asamblea.
“Ya notificó la Asamblea que había un procedimiento especial y un encargado específico de la custodia de la administración de los fondos de viáticos. Eso indica que nuestro representado no manejó fondos y mucho menos manejó el fondo de viáticos”, argumentó Cruz.
El juez Arévalo aseguró que se mantiene la orden de detención contra el exdiputado y que va a ratificar la orden de captura internacional ante la Interpol, pues no hay garantías de que Reyes se someta al proceso de forma voluntaria.
“Y para cerrar con broche de oro ni siquiera se comprometió la defensa en traer al señor Sigfrido Reyes, que tendría que ratificar que acepta todas las medidas cautelares”, agregó.
La audiencia preliminar aún no ha sido programada debido a que la Fiscalía General de la República no ha presentado la acusación formal contra los imputados.
Reyes Morales está acusado judicialmente desde enero de 2020, por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada, junto a otras 13 personas, entre familiares y amigos.
Además es procesado por la supuesta compra de cinco terrenos que hizo la sociedad Terrenos e Inversiones S.A. de C.V. (Terrein), propiedad del exdiputado efemelenista y de su asesor legislativo, Byron Enrique Larrazábal Arévalo, al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a un precio bajo.
