Dos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han expresado duras críticas al manejo de las finanzas públicas que hace el gobierno, quien los responsabiliza de la crisis financiera y de intentos de desestabilización hacia el Órgano Ejecutivo.
Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional criticó ayer el discurso que mantiene el gobierno sobre la falta de presupuesto y la inconstitucionalidad de la emisión de bonos por 900 millones de dólares debido a que su aprobación se dio de forma irregular según la Sala.
“Para ir a escuchar el llanto lastimero de que no tienen recursos. Si han sido malos, ineficientes en el manejo del presupuesto, ese ya no es problema de la Sala de lo Constitucional”, expresó González durante una entrevista en Radio 102.9 FM.
El magistrado confirmó además que la Presidencia de la República ha solicitado reuniones con la Sala de lo Constitucional pero que han sido rechazadas. “Es una pérdida de tiempo. No nos reunimos porque no hay una visión de país”
González argumentó que el rechazo a las reuniones solicitadas por el Ejecutivo se debe al discurso partidista y a la paranoia de conspiración de la que sufre el Gobierno. “Tenemos cosas mucho más importantes que hacer en una tarde que reunirnos con gente de la Asamblea o el Ejecutivo, porque nos ha pasado antes lo mismo y quedamos escarmentados de que esas reuniones son infructuosas”, expresó.
Por otro lado, Sidney Blanco, otro de los magistrados de la Sala, calificó este jueves de mentirosos a funcionarios del gobierno quienes según Blanco, han afirmado que la Sala busca conspirar en contra del Ejecutivo.
“Están mintiendo al pueblo. La Sala no trabaja en función de desestabilizar las finanzas del Gobierno. La Sala trabaja en función de que todo lo que se haga sea de acuerdo con la Constitución”, expresó el magistrado Blanco en su habitual programa de jueves en Radio Mi Gente.
Por su parte el gobierno argumenta que “la grave situación de las finanzas públicas del país en una buena medida tienen que ver con ocho sentencias de la Sala de lo Constitucional que han drenado los fondos públicos”, expresó ayer el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas.
El portavoz presidencial sostiene que las sentencias de la Sala afectan los programas sociales y la posibilidad de estructurar programas que beneficien a la población; no obstante, señala que han sido acatadas de manera estricta respetando el estado de Derecho.
