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domingo, 09 de mayo del 2021

Los precursores de opacidad en el estado salvadoreño

Promover la transparencia es luchar contra la corrupción. La transparencia como práctica y cambio institucional, no se logra por decreto, sino que además requiere transformación cultural. La opacidad es la negación de la transparencia, una aliada de los corruptos que tanto daño nos hacen. La opacidad se promueve diariamente ¿Cómo sucede? ¿Quién lo hace?

Las tradiciones arraigadas en la sociedad salvadoreña son el corazón de la opacidad en el Estado. Las familias por ejemplo suele ocultar información sobre las condiciones financieras cuando solicitan crédito, también ocultan información sobre educación sexual a sus hijos. El sistema educativo por su parte también promueve la opacidad; es común en las comunidades educativas ocultar las acciones de recaudación de fondos, porque se sabe que son prohibidas, así­ los estudiantes aprenden de sus maestros. Los niños que son abandonados frente a un televisor, aprenden a ocultar información en las caricaturas u otros programas televisivos. Las religiones también suelen contribuir a esta cultura, por ejemplo, es común que los feligreses desconozcan las finanzas de su iglesia o los ingresos de sus pastores. Los empresarios por su parte, ocultan sus ganancias para evadir impuestos, estudios de la CEPAL revelan que la evasión de impuesto sobre la renta ronda el 50%. Los informes que presentan las ONG también suelen ocultar los fracasos en sus proyectos. Los lí­deres de la sociedad civil también son alcanzados por esta tradición cuando ocultan sus intereses. Con tradiciones así­, es contra corriente ser transparente.

Además, la débil gestión documental en las instituciones del estado contribuye a la opacidad, pues es imposible compartir información que no existe en la institución. Las auditorias de la Corte de Cuentas han observado a diversas instituciones por tener expedientes incompletos. Los expedientes incompletos resultan de la práctica de iniciar trámites y continuarlos sin contar con la debida documentación, sea por hacer favores o por desconocer los procesos. En el año 2001, cuando recibí­ una beca del MINED para estudiar en la Universidad de El Salvador (UES), me aconsejaron llevar mi archivo, advirtiéndome que allí­ pierden los notas de los estudiantes ““creo que eso se está superando-, pero se de estudiantes que fueron acusados de tener tí­tulos falsos por esta situación.

La débil gestión documental se manifiesta por la poca prioridad que se otorga a la gestión de los archivos institucionales. En el año 2007 tuve la oportunidad de constatar en el archivo de la Administración Académica de la Facultad Multidisciplinaria de Orienta de la UES, que los expedientes estaban apilados en el suelo por no contar con el mobiliario adecuado para resguardarlos. Los responsables de las instituciones parecen considerar la gestión de archivo como una tarea que no requiere profesionalismo, pues contratan personas que carecen de la formación necesaria, así­ encontramos pocas personas, responsables de archivos, con formación profesional sobre gestión de archivos; de allí­ resulta normal que la información no exista por no haber sido archivada, porque se pierde o dañe por impericia ““sin descartar que también se destruye o pierde por mala fe.

El costo del acceso a la información pública también contribuye a la opacidad. El acceso a la información pública siempre se paga. Los costos del acceso a la información pública, implican costos de producirla, de administrarla, y tramitarla; sin olvidar los costos no financieros. La centralización de los trámites y la lejaní­a de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) son muestras de estos costos, por ejemplo, en la Fiscalí­a General de la República, la OIR está centralizada y para un ciudadano resulta engorroso y costoso moverse desde el interior del paí­s hasta la capital para acceder a la información. También hay instituciones donde es difí­cil encontrar al oficial de información, como he experimentado en el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), donde solicité información. La descentralización del acceso a la información pública tiene sus costos y exige recursos para una adecuada gestión documental, que a veces las instituciones no poseen; para salir del paso, nombran ad honorem, como Oficial de Información, a un empleado que tiene otras tantas responsabilidades.

Los costos no financieros que incurre el ciudadano cuando solicita información también estimula la opacidad, quien desea promover la transparencia debe reducir todo tipo de costos al ciudadano. En realidad, es común encontrar en foros y redes sociales, personas promoviendo la estigmatización de quienes solicitan información, aplicar refuerzos negativos a la acción de solicitar información están a la orden del dí­a. Los polí­ticos y funcionarios suelen mostrar desencanto con quienes solicitan información que pone en aprietos sus posiciones; tal es el caso, cuando la información está relacionado al abuso de autoridad o el uso inadecuado de fondos públicos, por ejemplo, fue notaria la incomodidad, cuando una ciudadana solicitó información sobre los criterios seguidos para investigar en la Sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

La aversión a ser sometidos a evaluación y escrutinio público también promueve la opacidad. Dicho sea de paso que la evaluación para algunos es un instrumento de represión y castigo, se enseña desde el sistema educativo a temer la evaluación. En el ámbito polí­tico la evaluación se usa para descalificar a los gobiernos u obtener insumos que desprestigien al oponente; en las campañas electorales se observa mejor esta costumbre. Los gobiernos (nacional y local) responden a esto ocultando sus fracasos y debilidades, y exagerar sus logros; recordemos, por ejemplo, al ex Presidente Francisco Flores, que presentó estadí­sticas increí­bles sobre reducción de la pobreza ““este patrón sigue vigente en los informes de la presidencia-. Por otro lado, la información es fuente de poder, para debilitar a la oposición, se oculta la información que muestre ineficacia de las polí­ticas de gobierno; un ejemplo de esto lo vimos cuando se ocultó la auditoria que hizo la Corte de Cuentas al Fideicomiso Especial para la Creación de Empleo en Sectores Productivos Estratégicos (FECEPE), en la cual se advertí­an irregularidades.

La opacidad se también se fortalece porque se desconocen las bondades de la transparencia pública. Se ignora que los beneficios de la transparencia superan los costos. La dificultad que tienen los gobiernos en recaudación tributaria, está amarrada a la opacidad, el ciudadano no tiene claro hacia dónde va el dinero que paga, por tal motivo es manipulable con rumores. Por otro lado, la transparencia evita desperdiciar recursos investigando información que es pública, y facilita la innovación productiva e institucional; recuerdo que el año 2010 solicite información sobre el listado de ADESCOS en una alcaldí­a, nunca respondieron, y se tuvo distraer recursos para investigar desde las fuentes primarias, la transparencia hubiera evitado ese gasto.

También se desconoce que la transparencia pública fortalece la educación y formación profesional; los docentes y estudiantes encuentren tropiezos para enriquecer el aprendizaje con casos prácticos por falta de acceso a información. En el año 2012, estudie docencia, recuerdo que recurrí­ al Instituto Nacional “14 de Julio de 1875” de San Francisco Gotera a solicitar el presupuesto institucional, después muchos rodeos negaron el acceso. El atraso cientí­fico también es cosecha de sembrar opacidad. Los adelantos cientí­ficos se consolidan por la transparencia, el legado cultural de los griegos y otros pueblos, esta disponible gracias al acceso a la información que generaron; en cambio, en El Salvador todaví­a hay quienes ocultan información para mantener su estatus quo.

Para finalizar, recordamos las enseñanzas de Alberto Masferrer en EL Mí­nimum Vital, que nada de lo que sabemos y conocemos es totalmente nuestro, sino el resultado de diversas contribuciones en la historia. La información es un tesoro propiedad de la humanidad. Las prácticas de opacidad debieran ser consideradas crimen de lesa humanidad”¦sobre todo cuando se oculta información relacionada con la salud.

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Fredis Pereira
Colaborador

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