Celebramos el primero de mayo para recordar a quienes han dado su vida para mejorar las condiciones de la clase trabajadora, rendimos honor a los mártires de las grandes huelgas obreras, fruto de las cuales tenemos derechos y garantías laborales. Nos hacemos parte de esta conmemoración incluso quienes ni siquiera tenemos el privilegio de ser explotados, y de llamarnos trabajadores.
Me invade el desempleo, cuatro meses ya. El pasado miércoles diecinueve de abril del corriente año me presenté junto con otras 799 personas para realizar un examen escrito como parte del proceso de selección para ocupar una sola plaza como Oficial de Información del Ministerio de Hacienda, misma para la que fuimos convocados por correo electrónico; uno de los requisitos era ser graduado universitario, y el salario a devengar es de $1,504.96 según el perfil de la plaza publicado en el portal gubernamental de empleos públicos. El aforo fue tanto que pidieron al Ministerio de Relaciones Exteriores les facilitara su auditorio para realizar el examen escrito en varios turnos, durante varios días.
El desempleo en El Salvador es alarmante, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2015 (EHPM) de la Digestyc, la tasa de desempleo asciende al 7% y casi la mitad de la Población Económicamente Activa pertenece al sector informal, la misma señala que la Población en Edad de Trabajar es de 71.5%, es decir 7 de cada 10 salvadoreños se encuentra en edad para emplearse, al tiempo que según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), solo tres de cada 10 jóvenes en edad productiva encontraron un trabajo en 2016.
La cantidad de profesionales desempleados también es grande, los salarios son pírricos, el promedio es de $. 574.60 mensuales para quienes han completado trece años o más de escolaridad, lo que implica estudios universitarios, y generalmente se emplean en la iniciativa privada. Ni hablar de colocarse en el Estado, donde las instituciones se encuentran cooptadas por los partidos políticos y pesa más el nepotismo que la meritocracia en los procesos de contratación.
No contar con un empleo implica –entre otras cosas- perder capacidad adquisitiva, mientras que los compromisos económicos no dan tregua y las opciones son por demás, reducidas. Para los profesionales se vuelve más complicado en la medida en que el campo de aplicación práctica de sus carreras, depende de condiciones sobre las que a veces ni siquiera el Estado tiene control, como las tendencias del mercado, y la matriz de inversión que el país tiene; como la formación superior, pues el producto de la educación superior no está respondiendo las necesidades del mercado laboral salvadoreño. Si el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana tal como lo señala el artículo uno de la Constitución de la República, una de sus prerrogativas debería ser la de facilitar los medios para la autorrealización de la persona humana, y en consecuencia para que la Población en Edad de Trabajar (PET), encuentre un lugar en el mercado laboral.
Ojalá que para el próximo primero de mayo los otros 798 profesionales y yo, hayamos pasado de ser lumpemproletarios a ser proletarios, y entonces conmemorar esta gesta tenga sentido. Por ahora, la esperanza sigue siendo la de conseguir un coyote honesto que no nos deje a medio desierto y claro, cruzar la frontera antes que Trump termine el muro.
