En El Salvador, el cometimiento de diferentes delitos no solo ha llevado a la cárcel a las personas más pobres, tras las rejas que estructuran penales y bartolinas se encuentran también algunos magnates, aquellos grandes empresarios, que están siendo investigados o fueron condenados por infracciones.
Delitos como remuneración por actos sexuales y eróticos con menores de edad, defraudación de la economía pública, falsedad ideológica, fraude procesal, cohecho activo, corrupción de las finanzas públicas, son algunos de los que reconocidos empresarios han sido acusados en el país.
Algunos de los casos
El pasado tres 3 de enero, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al magnate, José Ernesto Regalado, sobrino de quien fue militar y presidente salvadoreño, Tomás Regalado, pertenecientes a una de las 14 familias oligárquicas del país.
Ernesto Regalado ha sido acusado de remuneración por actos sexuales y eróticos con menores de edad, investigaciones fiscales revelan que, el dueño de empresas azucareras y otras, pagó a niñas por tener sexo, quienes eran comercializadas por una red de trata.
El magnate se encuentra bajo arresto en la cárcel de Mariona, su caso ha pasado a Instrucción y la la Fiscalía General de la República (FGR) tiene seis meses para recabar más pruebas que incriminen al acusado en el delito referido.
Enrique Rais
El accionista de la empresa de desechos sólidos MIDES fue detenido el 22 de agosto de 2016 acusado de falsedad ideológica, fraude procesal y Cohecho por “favores” que solicitó al exfiscal general, Luis Martínez en su gestión, según resolución girada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
El caso pasó a Instrucción por decisión de la jueza Séptimo de Paz de San Salvador; y al empresario se le otorgó libertad condicional y el pago de una multa de $20 mil.
Anteriormente Rais fue investigado por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) luego de que tres aviones y un helicóptero de su propiedad fueron incautados en Florida y tras encontrar, supuestamente, restos de estupefacientes al interior de uno de los aviones.
Sin embargo, la jueza del condado desestimó el caso y otorgó una multa de $20 mil “por sospechas de irregularidades en los registros de propiedad de las aeronaves”.
Elías Antonio Saca
El empresario quien gobernó al país entre el 2004 y 2009 se encuentra preso desde el 30 de octubre de 2016 en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) luego de ser acusado por delitos de corrupción: peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Saca, es un magnate dueño de 14 difusoras radiales y 150 repetidoras a nivel nacional, las cuales componen al “Grupo Samix”, es investigado por desviar, presuntamente, $246 millones de los fondos públicos durante su gestión presidencial, con lo cual, sus empresas tuvieron “ingresos desmesurados” según Fiscalía.
El caso del expresidente ha pasado a Instrucción mientras permanece en prisión provisional, sus bienes fueron congelados, sin embargo, la empresa aún sigue transmitiendo por decisión de la jueza para no violar derechos de los trabajadores.
Mathies Hill
Un empresario que fue condenado a cuatro años de prisión tras ser acusado en 1997 del caso más grave de defraudación a la economía pública del país a través de las Financieras de Seguros Productivos (FINSEPRO) e Inversiones Seguras Productivas (INSEPRO).
Las Financieras fueron intervenidas por la Superintendencia del Sistema Financiero y la FGR, determinando que Roberto Mathies Hill y otros miembros de juntas directivas de las financieras, declaradas en quiebra repentinamente, estafaron a más de seis mil personas con $145 millones provenientes de sus ahorros.
Luego de permanecer cuatro años en la cárcel fue declarado inocente por el Juzgado de conciencia y aún se desconoce el paradero de los fondos que perdieron los ahorrantes.
“Jueces, no miren rostros”
Ante la variedad de casos que investiga la FGR, el fiscal general, Douglas Meléndez ha sido contundente al exhortar a los jueces a aplicar la justicia “sin mirar rostros” y trabajar a favor del pueblo.
Lea: FGR: presos en la DAN deben pasar a centros penales.
“La investigación debe ser transparente para quien sea, pónganse vendas para aplicar la justicia, la Fiscalía no puede dejarse llevar por presiones que la lleven a cometer equivocaciones”, dijo el funcionario.
