Desde noviembre del año pasado, es decir, en un poco más de tres meses tres organismos de la comunidad internacional le han puesto el dedo al gobierno salvadoreño por violar los derechos humanos. Así de sencillo.
Un primer informe estuvo a cargo del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra”™ad Al Hussein, dado a conocer a mediados de noviembre, en el que el funcionario dijo sentirse “horrorizado” por los niveles de violencia en este país centroamericano, en el que se señala la militarización de la seguridad, la existencia de Escuadrones de la Muerte, y el desplazamiento poblacional a causa de la violencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) igualmente, casi en los mismos términos. Violencia de género, contra la niñez y la adolescencia. Este informe dado a conocer a finales de enero pasado es altamente preocupante y diversos representantes de la sociedad civil llamaron al gobierno a no hacer caso omiso ante las alarmas vertidas.
“De manera particular, la CIDH expresa su preocupación por el incremento de la presencia militar en tareas de seguridad pública. Al respecto, de acuerdo con la información aportada por organizaciones de la sociedad civil, en 2014 se registró la participación de 7.900 militares en tareas de seguridad pública, mientras que a la fecha dicha cifra se habría duplicado al contar actualmente con el involucramiento de 14.000 agentes militares. De igual forma, la Comisión fue informada que durante los últimos tres años, se han creado al menos cinco grupos de tarea conjunta, conformados por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). En este contexto de violencia, la CIDH observa con preocupación la información recibida sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el país, cometidas por la PNC y/o la FAES, y la impunidad que caracteriza estos casos. En este sentido, en agosto de 2017, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) informó públicamente que se encontraba investigando denuncias por la comisión de más de 40 ejecuciones extrajudiciales supuestamente perpetradas por fuerzas de seguridad”, dice el texto de la CIDH.
Y el último informe, el de la Relatora para Ejecuciones Arbitrarias, Sumarias y Extrajudiciales, Agnes Callamard, indicó que “El Salvador, con una de las tasas más altas de homicidio en el mundo, debe tomar urgentemente medidas más efectivas para prevenir la privación arbitraria de la vida".
Además, agregó que se debe poner fin "al círculo vicioso de impunidad que hace posible estos crímenes”. E insiste en lo señalado por la ONU.
¿Hasta dónde el gobierno va a seguir actuando como si estos informes no existieran?
Lo que se relata en estos informes tiene dos aristas esenciales para el futuro del país: una es la violación a los acuerdos de paz en el hecho de la militarización de la seguridad y dos, qué clase de sociedad democrática estamos construyendo sobre la base de tantas violaciones a todos los derechos de los individuos y de la sociedad.
