Sin darnos cuenta, estamos combatiendo una de las mayores victorias que hemos tenido desde los Acuerdos de Paz.
Podemos estar o no de acuerdo con las resoluciones de la Sala. Podemos incluso manifestarnos contra ellas. Es un derecho político de todo ciudadano manifestarse contra el poder del Estado; sea este el ejecutivo, el legislativo, el judicial (si, el judicial), gobierno local, empresa privada, contra la misma sociedad, o simplemente para expresar nuestras ideas o lo que sentimos. Este es uno de los derechos que ahora tomamos como un hecho, pero que se lograron con la sangre derramada de muchos y con el sacrificio y sufrimiento de muchos más.
Sin embargo, a diferencia de lo que muchos piensan, los Acuerdos de Paz no incluían una amnistía, todo lo contrario. Incluso, 7 días después de firmados los Acuerdos de Paz, se decretó una ley que se llamó: “Ley de Reconciliación Nacional”, la cual textualmente decía que no gozarían de amnistía “las personas que, según el informe de la Comisión de la Verdad, hubieren participado en graves hechos de violencia ocurridos desde el 1° de enero de 1980, cuya huella sobre la sociedad, reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad, independientemente del sector a que pertenecieren en su caso”. La controversial y recién anulada “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz” fue aprobada hasta más de un año después (el 20 de marzo de 1993), coincidentemente, 5 días después de haberse conocido el informe de la “Comisión de La Verdad” (auspiciada por las Naciones Unidas).
A todas luces, esa ley de amnistía se creó para proteger a las personas señaladas en el informe de la Comisión de La Verdad y, violentando los mismos Acuerdos de Paz, para lanzar un manto de impunidad sobre los crímenes cometidos durante la guerra. Es importante aclarar que cuando se habla de “crímenes de guerra”, no se habla de bajas en combates, sino de crímenes de lesa humanidad.
Desde entonces, las organizaciones de izquierda, el FMLN, ONG´s, organismos internacionales y muchos en la sociedad civil demandamos que se derogara la Ley de Amnistía, y que se pudiera hacer justicia sobre los miles de muertos, desaparecidos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
Ahora, luego de 24 años de lucha post Acuerdos de Paz y de la congruente Ley de Reconciliación Nacional, y 23 años después de aprobada la infame y famosa Ley de Amnistía, por fin, se logra uno de los motivos por los que siempre luchamos: que se haga justicia y que se sepa la verdad.
Sin embargo, parece que muchos de los que clamaban por la derogación de la Ley de Amnistía, ahora protestan la sentencia que hace precisamente eso. ¿Tiene esto alguna lógica, coherencia o sentido común?
La respuesta es obvia: No.
¿O acaso nos debemos de olvidar y dejar en la impunidad el asesinato de miles de salvadoreños inocentes? ¿Qué vamos a decir ahora sobre los miles de desaparecidos y a sus familias que aun los buscan? ¿Dónde quedó nuestra indignación por la masacre de El Mozote, el asesinato de los Jesuitas, el de Monseñor Romero, entre otros?
¿Le montamos una tarima a Monseñor Romero, pero no queremos dar con los que lo asesinaron? ¿Hacemos un muro en honor a los desaparecidos pero no queremos que se sepa la verdad?
Si queremos construir el futuro, debemos hacerlo sobre la base de la verdad y la justicia, no sobre la impunidad y la injusticia.
Los desaparecidos, los asesinados, merecen que se haga justicia. Sus familias, los que han luchado toda la vida por la causa de la justicia y la misma sociedad salvadoreña, merecen conocer la verdad y que estos crímenes no queden impunes. Nos caigan bien los Magistrados de la Sala o no.
