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martes, 27 de julio del 2021

Ley de reconciliación serí­a “amnistí­a de facto”, advirtió relator de la ONU

"Las sanciones más graves son siete años de servicio a la comunidad, ¿por una masacre? ¿Desapariciones?", cuestionó el defensor de los DDHH Benjamí­n Cuéllar

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El borrador para un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional, que sigue en estudio en la Asamblea Legislativa, podrí­a terminar en una amnistí­a impuesta por los diputados que han dirigido el proceso de creación de esta ley.  

Esta fue una de las advertencias que hizo el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantí­as de no repetición, Fabián Salvioli. El alto representante del organismo internacional recién ha terminado una visita en El Salvador y compartió sus observaciones y sugerencias.

La propuesta de ley a la que se refiere “contiene disposiciones que, en la práctica derivan en una amnistí­a de facto”,  dijo Salvioli.

El alto representante de la ONU estuvo en el paí­s 10 dí­as. En ese perí­odo se reunió con agencias del gobierno salvadoreño, organizaciones civiles y con personas que también atestiguaron y sufrieron los horrores de la guerra.

Así­, cuando habla de la amnistí­a de facto, Salvioli se refiere a que ese anteproyecto de ley operarí­a fuera de los procesos democráticos e institucionales establecidos en el paí­s. Pero, además, los convenios internacionales que El Salvador ha suscrito no permiten más amnistí­as, ni ningún tipo de perdón absoluto, para crí­menes de lesa humanidad (como los crí­menes de guerra).

“No se comprende cómo mecanismos de impunidad, como los propuestos en este proyecto, puedan ser considerados como legí­timos. Ni siquiera que puedan ser considerados como necesarios”, lamentó el funcionario.

Los elementos concretos que llevaron a Salvioli a comunicar su preocupación sobre el borrador de Ley de Reconciliación Nacional son la aplicación de la prescripción para crí­menes que son imprescriptibles por su gravedad, plazos que restringen las investigaciones penales, eliminación de la cárcel como castigo por el delito cometido durante el conflicto, otorgamiento de beneficios y reducción de pena sin compensaciones como reconocer la responsabilidad de haber cometido el crimen, por ejemplo.

Benjamí­n Cuéllar, del Laboratorio contra la Impunidad y experto en temas de defensa en derechos humanos, criticó también la desproporción en las penas contempladas por esta propuesta de ley. “La máxima pena son siete años de servicio comunitario, ¿por una masacre? ¿Desapariciones?”, cuestionó. Para Cuéllar, con estas disposiciones están creando el ambiente para que prevalezca la impunidad en todos los delitos sobre los que aplicará esta legislación, y como consecuencia, que también prevalezca la repetición de estas atrocidades y niveles de violencia: “sabrán que no hay castigo”, advirtió el experto.

La CIDH, que tiene jurisdicción en El Salvador, prohí­be la amnistí­a para crí­menes que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.

El representante de alto nivel de la ONU advirtió que se caerí­a de nuevo en violaciones a convenios internacionales.

Conflicto de interés sin disimular

La comisión legislativa especial creada para preparar esta Ley de Reconciliación está integrada por diputados que participaron en los bandos desde los que se definió el conflicto: los militares y la guerrilla. Salvioli no pasó este hecho por alto.

En la referida comisión participan Mauricio Vargas, de ARENA; Nidia Dí­az, del FMLN; Antonio Almendáriz, del PCN, Juan Carlos Mendoza de GANA y Rodolfo Párker, del PDC. Cuatro de ellos tienen, por lo menos, alguna mención en el Informe de la Comisión de la Verdad.  “Cuatro de los integrantes de esta comisión presentan un clarí­simo conflicto de intereses al haber sido protagonistas del conflicto armado”, sentenció Salvioli.

En marzo de este año, los miembros de la comisión acordaron no aplicar los efectos de la propuesta sobre crí­menes que implican graves violaciones a los derechos  humanos. Vargas confirmó que, en efecto, los dejaron fuera.

Esta comisión se creó cuando estaba a punto de vencer el plazo que habí­an establecido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que aplicaran lo establecido en la sentencia de 2016, que declaró inconstitucional la Ley de Amnistí­a general aprobada en 1993. Con esta sentencia, también ordenaron proceder con las investigaciones de los crí­menes y aplicar la justicia restaurativa, entre otras acciones.

Cuéllar fue uno de los que prepararon y promovieron la demanda ante la Sala. Detalló que no hay cumplimiento de la sentencia de 2016 en ninguna de las instancias de Gobierno. Falta, destacó Cuéllar, poner a las ví­ctimas en primer plano. Y este punto en particular también lo subrayó el relator de la ONU en sus observaciones preliminares.

Por ejemplo, recomendó que el gobierno saliente deje instalado un  consejo nacional para la reconciliación y que desde ahí­ se puedan proponer polí­ticas públicas.

“Lo más tangible y coherente que se puede hacer en relación con la sentencia” de 2016, indicó Cuéllar, es “lograr que las ví­ctimas entiendan”. A criterio del experto, ni el gobierno ni las organizaciones civiles, ni los cooperantes, han sabido incluir a las ví­ctimas en los procesos de reparación. “Necesitamos movilización social de las ví­ctimas” de la guerra, enfatizó Cuéllar. Se refiere a que exista un movimiento que acerque la complejidad de estos casos a las personas que más necesitan esa reparación.  

El objetivo de la comisión ad hoc era determinar cómo aplicar la sentencia. Pero Salvioli criticó lo esta decisión.  “Es ilógico que la comisión pueda interpretar las implicaciones de las sentencias: El Poder Legislativo no interpreta sentencias: las cumple. No debe ser una prerrogativa del poder Legislativo interpretar sentencias”, criticó el relator.  

Vargas, que fue miembro de una de las divisiones de la Fuerza Armada con más señalamientos por sus tratos a los civiles durante la guerra, señaló que están enfocados sobre la sentencia de la Sala. “No vamos a obstaculizar absolutamente nada”, señaló Vargas.

Sobre el conflicto de interés, Vargas mencionó que no tienen problema en discutir su participación. “Ni lo hemos pedido, ni lo hemos buscado, pero asumimos responsabilidades”, comentó.

Párker renunció a la comisión especial cuando recibió una lluvia de crí­ticas por este borrador de ley. Él está señalado en participar en el encubrimiento de los militares acusados de asesinar a seis jesuitas y dos de sus colaboradoras.

* Con aportes de Jorge Medina

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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