Diputados de la Comisión de Salud recibieron a representantes del Colegio Médico para conocer las necesidades en el rubro de salud, quienes brindaron su opinión respecto al presupuesto que se ha asignado para el 2020.
De acuerdo al informe del Colegio Médico, el gasto público en salud dentro del presupuesto gubernamental está previsto del 23.5 por ciento, mientras que el gasto del Ministerio de Salud será de un 11.7 por ciento; cifras que consideran insuficiente, de acuerdo a la realidad nacional y sobre todo para poder priorizar en atender las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la atención médica.
Al respecto, el diputado Donato Vaquerano de (ARENA) agradeció los aportes recibidos en la mesa de trabajo y enfatizó en que se necesita brindar los recursos al Ejecutivo para enfocar sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de la población mediante una atención en salud integral; además, hizo hincapié en volver eficientes los recursos para darle seguimiento a todos los programas que brindan beneficio a la población.
Por su parte, la presidente de la Comisión de Salud, diputada Elizabeth Gómez del (FMLN), dijo que esta instancia legislativa seguirá en la ruta de conocer las diferentes opiniones y valoraciones para darle seguimiento al estudio del presupuesto que ha sido presentado por el Ejecutivo en esta materia, sobre todo por la importancia que el tema representa para el país.
Fondo de las Naciones Unidas socializan a legisladores mapa de embarazos en adolescentes
Los diputados también recibieron a representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quienes dieron a conocer el mapa de la situación de los embarazos adolescentes en El Salvador, con el objetivo de atender esta problemática.
El estudio arrojó datos importantes para los legisladores, como es el caso que de 9 a 10 años de edad, las niñas se embarazan en un ambiente de violencia intrafamiliar, una situación que alerta no solo a esta entidad, sino también a los legisladores, sobre todo cuando las menores son violentadas en sus hogares y de estos casos un 21 por ciento son judicializados, es decir, tuvieron una condena penal.
La mesa de trabajo legislativo consideró importante los datos presentados por el organismo multinacional, ya que consideran necesario legislar a favor de estas jóvenes, brindando las herramientas que necesita el Estado para frenar este tipo de casos que no permiten el desarrollo emocional y social de las menores.
