viernes, 22 noviembre 2024

Le dan vida a la Ley del Fideicomiso del Bitcoin con un presupuesto de US$205.3 millones

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A partir del 7 de septiembre, fecha prevista de la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin,

Con 64 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación del Fideicomiso, el cual acompañará el proyecto del Bitcoin como segunda moneda de curso legal en el país.

Por lo tanto, el gobierno tiene a su disposición US$205.3 millones para impulsar una campaña del uso del bitcoin y una Ley Fideicomiso para la conversión instantánea de bitcoins a dólares.

“Con la aprobación del fideicomiso, el Ejecutivo garantizará la implementación del ecosistema Bitcóin. Así, la nueva moneda de curso legal en el país será parte de una transformación económica que generará inclusión y desarrollo para los salvadoreños”, se destaca en la nueva legislación.

El gobierno contará con US$150 millones para convertir el bitcóin a dólar y $23.3 millones serán para los cajeros automáticos llamados “criptofriendly”.

Según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, los usuarios podrían alcanzar los 2.5 millones, por lo que la billetera digital tendría que aumentar a US$75 millones.

De acuerdo a los diputados, los objetivos de la ley es respaldar financieramente las alternativas que el Estado provea, sin perjuicio de iniciativas privadas, que permitan al usuario llevar a cabo la convertibilidad automática e instantánea del bitcoin a dólar, en el caso que así lo desee el usuario.

Además, el fiduciario será responsable de administrar los bienes y valores, de conformidad a las instrucciones que emita el Consejo de Administración regulado por esta ley.

A juicio de la diputada de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, se está dando un paso hacia el futuro, que coloca al país en un lugar privilegiado en el mapa financiero mundial.

“A medida que más salvadoreños accedan a su billetera digital, iremos fortaleciendo el fideicomiso. Este instrumento funcionará como una caja de convertibilidad. El Salvador se está colocando a la vanguardia en tecnología financiera”, sostuvo la diputada.

Mientras tanto, la diputada cian, Alexia Rivas, indicó que “El Salvador se está posicionando como un país que adoptará nueva tecnología para atraer más inversión. Habrá un proceso amplio de capacitación para el uso de esta criptomoneda”.

La cartera Chivo forma parte de la plataforma que el gobierno pondrá a disposición de la población salvadoreña, a partir del 7 de septiembre, fecha prevista de la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, la cual otorga rango de curso legal a la criptomoneda pionera, tal como lo reportó CriptoNoticias.

“Al respecto, el presidente Bukele anunció que la descarga y registro en dicha billetera electrónica otorgará a cada usuario un bono de USD 30”, afirmó.

Por otra parte, el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), en su calidad de fiduciario, deberá designar un representante que participará con voz, pero sin voto en las reuniones del Consejo de Administración. BANDESAL servirá de garante de la convertibilidad de bitcoin a dólares.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que la educación en torno a bitcoin es de primera prioridad para lograr una rápida adopción de bitcoin.

“Tenemos a varios equipos en el territorio para mostrarle a la población cómo usar la Chivo Wallet. Hemos desarrollado una aplicación amigable para que todos los salvadoreños podamos aprender a utilizar esta criptomoneda” explicó la funcionaria cuando se dirigió a los miembros de la Comisión de Hacienda.

Hayem mencionó que los salvadoreños están a la expectativa y que es normal que existan dudas y temor en torno al uso de la nueva moneda, pero que el mundo está viendo a El Salvador como parte de la vanguardia de la tecnología financiera.

Por otra parte, personas de la tercera edad pidieron a la Asamblea Legislativa que sus pensiones no sean pagadas con Bitcoin. Manifestaron que eso les preocupa.

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Carlos Francisco Hernández
Carlos Francisco Hernández
Periodista y redactor de ContraPunto. Especialista en temas políticos, sociales y judiciales
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