Por Ricardo Villeda.
Es conocida la tragedia que le tocó vivir al Imperio Español de no poder convertir todas las “remesas” de oro y plata, que envió desde América, en actividades que le crearan una base productiva que, probablemente, le hubiera permitido seguir siendo una potencia económica imperial predominante frente a Inglaterra y luego frente a Estados Unidos. Ya en ese tiempo hubo pensadores de la Escuela de Salamanca que advirtieron que dichas riquezas auríferas y argentíferas, que estaban llegando a la península española, no tenían ningún impacto significativo sobre la creación de nuevas actividades artesanales que pudieron haber sido los embriones de una industria con perspectivas de desarrollo. El pensador Martín Gonzales de Cellórigo (1570-1620) señalaba, hace más de 400 años, que España no aprovechaba todas las riquezas que recibía, ya que no las ocupaba para fomentar “las operaciones virtuosas de los oficios, los tratos, la labranza y la crianza”. Además, señalaba que existía una paradoja, que tiene vigencia todavía, cuando afirmaba que “El no haber dinero, oro ni plata, en España es por haberlo y el no ser rica es por serlo”. Es decir, en España las “remesas” de metales preciosos que recibía, no se orientaron a promover actividades vinculadas con la herrería, la molinería, los tejidos y todo aquello que hoy vincularíamos como el preámbulo histórico del surgimiento de una actividad manufacturera.
Después de cuatro siglos de esta tragedia, El Salvador se enfrenta a una situación muy similar a la de España de aquella época. Los más de cien mil millones de remesas que se han recibido en los últimos treinta años no han podido contribuir a que la economía alcance un desarrollo industrial y tecnológico más avanzado. Y a pesar de que han surgido algunas propuestas orientadas hacia su utilización productiva, hasta la fecha ninguna ha tenido éxito ya que los ingresos por remesas se siguen utilizando fundamentalmente para el consumo. Estas propuestas han estado orientadas a cambiar la dinámica de los diferentes agentes que participan en el proceso de envío de remesas tales como sus emisores que están fuera del país, los receptores, los intermediarios y el gobierno, sin embargo, este cambio no se ha registrado hasta la fecha. Detrás de estas inercias suelen haber intereses económicos que actúan en la sombra.
Pareciera que en El Salvador ya nos resignamos a que las remesas, que vienen desde Estados Unidos principalmente, no tengan un carácter productivo. No es un tema de discusión permanente en ámbitos académicos o en las instituciones económicas del país, mucho menos dentro de los políticos, de ahí que todavía haya mucha confusión sobre dicho concepto, volviéndose problemática su identificación. Por ejemplo, se dice que todas las remesas son productivas en la medida en que contribuyen a que la población tenga capacidad de consumo o en la medida que financian la instalación de microempresas como una tiendita, una venta de mango, etc. Incluso se considera que el genuino uso productivo de las remesas es la adquisición de vivienda.
También se suele afirmar que el envío de remesas es la principal política social que se aplica sin intervención del Estado. Sin embargo, si esto es así, los criterios para calificar para ser beneficiarios de esta “política social” resultarían bastante curiosos, ya que estarían relacionados con tener el coraje de enfrentar los muchos peligros, legales e ilegales, que acechan al migrante, tener algún allegado en el país de destino, disponer de los mecanismos necesarios para financiar la travesía, entre otros. Obviamente con estos criterios factuales de asignación de recursos de ayuda social, los grupos más frágiles de la sociedad quedan excluidos, con lo cual deja de ser una política social eficaz.
En realidad, para que las remesas sean productivas deben contribuir a impactar positivamente en la generación de una base productiva y tecnológica que permita la generación de altos niveles de valor agregado y de empleo dentro de una región, en este caso El Salvador. Desgraciadamente las remesas no han podido cumplir ese papel, debido a las restricciones que impone la concepción neoliberal a la política económica, la cual también se ha visto reflejada en las diferentes propuestas que han surgido desde hace más de 30 años, principalmente por la CEPAL, e influenciadas por las ideas de intelectuales vinculados a la seguridad nacional estadounidense, tales como Robert Pastor y Rosemarie Rogers.
Así se puede ver que los documentos de la CEPAL de principios de la década de los noventa enfatizaban que se debe “respetar la autonomía de los pobres”, como también en “la capacidad de autogestión del receptor pobre acerca del uso de la remesa”, considerándose que “los pobres tienen la capacidad potencial de generar ingresos suficientes para lograr una existencia plena y digna”, y que habría que respetar la “participación libre y soberana de la población que las recibe”. Por tanto, el reto de las políticas públicas era “encontrar formas de usar las remesas para materializar esas potencialidades a la brevedad”.
Es decir, se hacía hincapié en que la estrategia para alcanzar el uso productivo era empoderar a los pobres, mediante su preparación empresarial, para dotarlos de capacidades gerenciales que, en el marco de una economía de mercado, les permitiera generar los ingresos suficientes para sacarlos de la pobreza. Con esto se buscaba descartar cualquier posibilidad de un mayor involucramiento del sector público, lo cual se expresaba al afirmar que “buscar su integración compulsiva es contraproducente y corre el riesgo de ocasionar que el flujo de remesas disminuya e incluso se interrumpa”.
De acuerdo a la visión cepalina de principios de los años noventa, las opciones eran la propuesta de liberalismo puro (autonomía, autogestión, libertad, soberanía) versus una acción “compulsiva” del gobierno, descartando opciones intermedias.
Luego se verá que las propuestas que surgieron a final de los noventas y en los inicios del siglo XXI han ido evolucionando hacia posiciones que refuerzan el acompañamiento estatal, pero sin abandonar las visiones de libre mercado, manteniendo alejada la posibilidad de una función conductora y/o reguladora del gobierno. Estas propuestas serán tema de una próxima entrega.
