El Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI) , ante la situación de emergencia que vive El Salvador, y el mundo, debido a la Pandemia del COVID-19, y que en el caso local ha cobrado la vida de 6 personas y ha confirmado 125 positivos, expuso que a las autoridades "elaborar y aprobar la normativa adecuada junto a los necesarios protocolos para regular el accionar de las y los agentes estatales en la presente coyuntura con base en los preceptos constitucionales pertinentes, el derecho internacional de los derechos humanos correspondientes".
Ello lo propone el organismo humanitario debido a denuncias recurrentes de abusos y violaciones que agentes oficiales estaría cometiendo ante órdenes y disposiciones emitidas en el actual estado de Restricciones a las Garantías Constitucionales, así como de la Cuarentena Domiciliar. También el LIASCI llama al las autoridades a ceñirse por "las recomendaciones formuladas y difundidas recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo centralidad se ubica en la dignidad de las personas, lo cual conlleva el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales".
El organismo integrado por abogados recalca que "el artículo 65 de la Constitución salvadoreña determina que la salud de la población es un bien público; por tanto, es obligación del Estado y las personas velar por su conservación y su restablecimiento. Asimismo, el artículo 2 de la misma incluye como fundamentales el derecho a la integridad física y moral, así como los derechos a la vida y a la libertad".
Asimismo indica que "lo determinado por la SC-CSJ, las detenciones y los atropellos contra la dignidad de las personas continuaron y no parece que existan intenciones de frenarlas por parte de sus máximos responsables: el titular del Órgano Ejecutivo y sus ministros. Al día de hoy, a través de un escueto mensaje policial oficial se supo que desde el 21 de marzo se han realizado 1653 detenciones. Ello constituye un incuestionable desacato a lo ordenado por la más alta autoridad constitucional en el país. La mayoría de esas capturas y confinamientos ‒913‒ han ocurrido del 3 de abril a la fecha".
Por lo tanto, la citada organización humanitaria sostiene que se haga "del conocimiento público lo anterior de la manera más amplia posible, utilizando los diversos medios para ello y considerando las disparidades existentes entre la población en lo concerniente a las desigualdades sobre el acceso a la tecnología de las comunicaciones y los desniveles de escolaridad".
Finalmente propone que se garantice "que esa información la conozcan y comprendan las y los agentes estatales encargados de hacer cumplir la normativa aprobada, quienes deben dejar de recibir mensajes de sus autoridades que inciten al uso desproporcionado de la fuerza, la humillación de las personas y ‒por consiguiente‒ el atropello de su dignidad y que no quede en la impunidad ninguna acción que vulnere los derechos humanos, so pretexto de la lucha contra la pandemia mundial".
