El Laboratorio de Investigación y Acción Social Contra la Impunidad presentó un escrito ante la Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que piden una prórroga para la aprobación de una nueva ley de reconciliación en la Asamblea Legislativa.
La propuesta consiste en que la Sala de lo Constitucional extienda el tiempo desde el 13 de julio, que es la fecha límite actual, hasta el 13 de diciembre.
En 2016, la Sala de lo Constitucional expulsó del orden jurídico nacional la Ley de Amnistía General (1993), que impedía investigar y llevar a justicia los crímenes de guerra, las graves violaciones al derecho humanitario internacional y a los responsables de perpetrarlos. La demanda que Cuéllar impulsó años atrás fue la que originó esta primera sentencia.
Sin embargo, ni el Ejecutivo ni los diputados tomaron acción para poder cumplir lo que se establecía en esa sentencia y, así, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución de seguimiento en 2018 para obligar a que los involucrados tomasen acción.
Pero en función de supuestamente cumplir con el mandato de la Sala, los diputados se han apresurado con la creación de la ley de reconciliación. Tal como han señalado las organizaciones de víctimas, esta nueva ley comparte vacíos y ambigí¼edades con la de hace 26 años. “Se está haciendo de manera arbitraria y atropellada, sin realizarse una consulta seria ““léase, lo más amplia e incluyente posible”“ en la que las víctimas tengan el papel preponderante”, consigna el escrito presentado en la sede de la CSJ.
También piden “fijar, de manera urgente, fecha y hora para realizar otra audiencia de seguimiento de cumplimiento de la referida sentencia” para que las instituciones informen sobre los avances hechos.
Entre otras propuestas del Laboratorio Contra la Impunidad está que Nayib Bukele, que asumirá la máxima autoridad en el Ejecutivo, conforme un grupo de trabajo que ordene la creación de la nueva ley. Hasta el momento, la actual gestión del Ejecutivo se ha mantenido al margen.
Esta solicitud la firmaron Benjamín Cuéllar, del laboratorio y promotor de la demanda contra la Ley de Amnistía General (1993) y Pedro Martínez, de la misma organización. Los acompañó Juan José Dalton, quien fue víctima de crímenes de guerra, es director de Contrapunto e hijo del poeta Roque Dalton, asesinado por sus compañeros de la guerrilla.
