El más reciente editorial de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) echa por tierra los tres discursos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y de sectores que afirman que el agua no se puede privatizar, y que quienes protestan contra la privatización del agua lo hacen con fines políticos.
Según la UCA hay tres mentiras infundadas en contra de quienes se oponen a la privatización del vital líquido. La primera, es que la lucha por el agua es político-partidaria. Por ende, la movilización ciudadana obedecería a un plan orquestado por el FMLN para desinformar y toda persona u organización que defiende el derecho humano al agua estaría siendo manipulada o desconocería totalmente la problemática.
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“Falso. La lucha por el agua no es ideológica ni partidaria, sino por la vida. Una eventual privatización del agua afectará a la gran mayoría de la población, sin importar opción política o religión. Esta lucha es como el agua misma, no tiene color ni olor, y va en la línea de lo que establece la ONU, la OEA y el papa Francisco, y de lo que han expresado los ciudadanos en las encuestas. Acusar de manipulables o ignorantes a los que abogan por la no privatización del agua refleja desprecio por la opinión ajena y constituye un insulto a la inteligencia de la gente, que hoy está informada y concienciada”, expresa la UCA.
En cuanto a la segunda mentira, según esta institución académica, es de quienes dicen que no se quiere ni pretende privatizar el agua porque no lo permite la Constitución de la República y porque el agua es un derecho humano.
“Falso. Lo que la ANEP y sus representantes en la Asamblea Legislativa buscan es que la mayoría de miembros de la institucionalidad rectora del agua sean particulares, no representantes del Estado. Y aquellos, casi por norma, no defienden más intereses que los propios, más aún en El Salvador, cuya historia está llena de casos en los que el interés particular se ha puesto por delante del bienestar de toda la población”, exponen.
Y la tercera mentira trata sobre la administración del agua, pues aseguran que no debe estar en manos del Estado porque el vital líquido requiere una gestión técnica, no política, y porque la gestión pública es per se ineficiente.
“Falso y falso. Por supuesto, los criterios para decidir sobre la captación, manejo, distribución y protección del agua deben estar basados en conocimientos rigurosos y científicos, pero no hay que olvidar que la administración de un bien público tiene una inseparable dimensión política: la dimensión del bien común”, afirman.
Agregan que estos sectores justifican el pésimo servicio de la administración del agua con ANDA. La UCA recomienda mejorar la institucionalidad técnica de dicha autónoma para eficientizar su servicio.
Concluye que la desinformación no viene de la ciudadanía que se opone a dejar abierta la puerta para la privatización del agua, sino de quienes quieren disfrazar sus verdaderos propósitos.
