Los legisladores y legisladoras no pueden tratar como rehenes los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes salvadoreñas para acceder servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluyendo la opción de abortar en ciertas circunstancias. El Artículo 133 ha criminalizado el aborto en todas circunstancias por más de 20 años.
No han cumplido con su obligación de salvaguardar la salud y vida de las mujeres al negarles la posibilidad de ni siquiera abrir un debate basado en datos científico, la reforma del código penal lleva más de un año pendiente de discusión. Durante el período preelectoral y electoral al referirse a la regulación de la interrupción del embarazo por la salud y vida de las niñas y mujeres se aborda de manera irresponsable y se vuelve un asunto electoral y de votos, cuando lo que vemos es un problema de salud pública de gran envergadura.
El gran consenso nacional e internacional es que ya es hora de revisar y reformar la legislación salvadoreña.
Hay dos propuestas para la reforma del Artículo 133 en la Asamblea desde hace más de un año. Las dos propuestas, con algunas distinciones, incluyen causales bajo las cuales una mujer podría optar por interrumpir un embarazo: cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación, y cuando el feto no es viable para la vida extrauterina. La reforma volvería la ley a la que existía en 1997 antes de que fue modifica y se hizo una de las más rígidas y punitivas del mundo con consecuencias graves para las mujeres salvadoreñas. Además de prohibir todos los abortos bajo todas circunstancias, e imponer penas de cárcel de 2-8 años, la ley actual también está mal aplicada a casos de mujeres que sufren emergencias obstétricas graves y sirve como una justificación para condenarlas a la cárcel por 30-50 años por homicidio agravado.
No son pocas las voces que reconocen la urgencia de una reforma de ley. El Ministerio de Salud la identificó como un asunto de salud pública, y apoya la reforma de la legislación. Encuestas científicas de 2017 muestran que más de la mitad de la población apoya una reforma. Las Naciones Unidas ha exigido al gobierno salvadoreño revisar su legislación para cumplir con estándares internacionales sobre la salud de mujeres y el derecho de acceso al aborto. También, El Salvador ha firmado tratados internacionales que requieren que la legislación sea revisada, pero el gobierno no ha cumplido con este deber internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tomado varias decisiones que reflejan su reconocimiento de las injusticias cometidas contra las mujeres salvadoreñas. Amnistía Internacional se ha involucrado en los casos de las mujeres encarceladas. En enero La Relatora para los Derechos de las Mujeres de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a El Salvador que revisará las condenas de las mujeres encarceladas con condenas de homicidio agravado. También llamó al gobierno a aplicar “una moratoria” al Artículo 133.
¿Qué están esperando los diputados y las diputadas?
Mientras esperan hay mujeres, niñas, y adolescentes sufriendo innecesariamente e injustamente.
Recientemente El Faro publicó una nota extensiva sobre Claudia, una mujer que murió porque la ley no permitió al personal de salud salvar su vida, porque no pudieron interrumpir el embarazo que la ponía en riesgo.
Miles de niñas y jóvenes necesitan urgentemente la opción de terminar un embarazo impuesto por un violador. (Tampoco toma acción el Estado para enjuiciar a estos miles de violadores.)
Si fuera otro asunto de salud pública, por ejemplo, de prevención y tratamientos para un brote de dengue, o tratamientos para personas con cáncer, ¿Qué harían estas personas con la responsabilidad de proteger la salud y la vida? Pero cuando las mujeres necesitan servicios de salud pública para embarazos riesgosos o que resultan de violaciones sexuales, ¿porque hay tanta demora?
Las mujeres, niñas y adolescentes son plenas ciudadanas y sus derechos a la vida y la salud cuentan. No son rehenes electorales cuyas vidas y salud se pueden postergar por fines políticos.
¿Porque las personas con responsabilidad pública no están atendiendo a esta crisis de salud pública?
