El anhelo de toda persona es vivir bien, responder apropiadamente a los desafíos de su cotidianidad y aspirar a condiciones de vida que lo hagan disfrutar de la misma con plenitud. En este marco, la salud se convierte en una aspiración legítima para el bienestar del individuo, su familia y su comunidad, además de un derecho fundamental consignado en tratados internacionales y marcos políticos nacionales.
Sin embargo este derecho, que se vuelve una aspiración para muchos ciudadanos y ciudadanas, se sitúa en un horizonte muy lejano y desesperanzador, principalmente cuando debe enfrentarse como individuo a situaciones que por su condición de pobreza, género, etnia, lugar de vivienda, nivel educativo o nacionalidad, lo hace más vulnerable ante factores sociales, ambientales y económicos. Situaciones que deben considerarse injustas y evitables.
Debemos partir del hecho que enfermar o morir no es producto del azar, del destino o de una decisión propia equivocada y tampoco significa que por las condiciones particulares del entorno, el individuo deberá aceptar incondicionalmente el riesgo y posibilidad de enfermar.
Cada persona es responsable de su salud y de la salud de su colectividad y que cada demanda de atención en salud que haga o cada servicio de salud que reciba deberá ser el incentivo para reflexionar sobre el cumplimiento de esa responsabilidad.
Problemas de salud que hoy enfrentamos como las enfermedades infectocontagiosas o las enfermedades crónicas tienen en su causalidad la conjugación de estos factores sociales, económicos y ambientales que encuentran su sustrato reproductor en las desigualdades e inequidades sociales. Se suman a este perfil epidemiológico otros problemas sociales que tienen repercusión o son atendidas por los sistemas de salud, tal es el caso, por ejemplo, del embarazo en adolescentes o la obesidad infantil, expresiones reales de la interacción de diversos factores en su causalidad y que encuentran elementos favorecedores en lo social para su reproducción.
El abordaje de la problemática de salud de los países de la región de Centroamérica exige una reflexión crítica que sitúe los problemas de salud como el producto de la interacción de estos factores, los cuales están más allá del campo de acción propio del sector salud y que más bien responden a una dinámica social o económica que profundiza las desigualdades e inequidades en salud. Se espera que esta reflexión crítica permita una mirada diferente para abordar la salud, trascendiendo, por un lado, el enfoque curativo, y por otro, poniendo en perspectiva la participación de otros sectores a favor del bienestar y satisfacción de las aspiraciones colectivas en salud.
La intersectorialidad que demanda la situación de salud y sus determinantes implica una participación y liderazgo conjunto en intervenciones complementarias entre diversos sectores y actores, potencializando capacidades y recursos y evitando duplicidades. Esto se traducirá en políticas, estrategias y planes de acción diseñados y ejecutados conjuntamente y que tendrán como norte el bienestar de la población. Seguramente la población irá teniendo gradualmente más contacto con experiencias de trabajo intersectorial a favor de su bienestar.
El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA ) y su Secretaría Ejecutiva como órgano e institución del sector salud en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) han plasmado este pensamiento en salud en dos instrumentos, la Política Regional de Salud del SICA 2015-2022 y el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020, asumiendo un enfoque poblacional en las decisiones y acciones en salud en los países de la región mediante el abordaje de la Determinación Social de la Salud y el fomento de la intersectorialidad, propiciando el análisis y decisión político estratégico con un enfoque regional.
Existen diversas experiencias en la institucionalidad del SICA que demuestran la voluntad política por establecer una dinámica de trabajo intersectorial en el abordaje de problemas sociales que afectan a los centroamericanos y que desde ya adelantan un mayor impacto que si se realizaran de manera aislada.
Será necesario complementar este pensamiento en salud con marcos regulatorios que privilegien y favorezcan la salud, la inversión incremental del gasto público en salud, ojalá con menos destino asistencialista, la formación de recursos humanos en salud pertinente a las necesidades de las grandes mayorías, la gestión del conocimiento que permita explicar la situación de salud y su determinación social, y la participación plena de la sociedad en la decisión y acción en salud. Para todo ello la integración regional centroamericana es el espacio favorable para el análisis y el impulso político estratégico.
