spot_img
spot_img
miércoles, 12 de mayo del 2021

La Sala ¿agota las reglas de entendimiento?

Antes que se lanzara el paquete de resoluciones del dí­a 13 de julio, la Sala ya habí­a dado claras muestras de violentar la Constitución de la República y auto-nombrarse como un órgano de poder por encima de los órganos del Estado electos por voluntad popular.

Bloquearon la ratificación de la reforma constitucional para la modificación de los perí­odos de alcaldes y diputados, un acuerdo tomado y asumido por todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa. Un asunto relacionado, entre otras cosas, con los costos y  las “incertidumbres”, para ahorrar varias decenas de millones que cuesta cada proceso electoral.

Pocos dí­as antes también destituyeron a todos los magistrados de la Corte de Cuentas. El argumento fue que tení­an una insospechada vinculación o membrecí­a con partidos polí­ticos de derecha.

No pocos han dicho, incluso gente de derecha, que a esta Sala “se le ha pasado la mano”. Es decir, han sobrepasado las atribuciones que constitucionalmente le competen, como órgano del Estado. Otros hablan ya del “cúmulo de errores” cometidos por los cuatro funcionarios del Olimpo.

Ciertamente es un rosario de fallos: han destituido magistrados del TSE, el máximo órgano en el campo electoral, que por Constitución tienen que ser electos por los partidos polí­ticos. Han destituido a magistrados de la misma Corte Suprema de Justicia, con el mismo argumento de pertenencia o identificación con partidos polí­ticos.

Estos “incachables” magistrados descabezaron al presidente y al Consejo Nacional de la Judicatura y de paso pretenden arrollar y cerrar la boca al Procurador de Derechos Humanos.

¿Acaso no fue esta pulcra Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que, a muy pocos dí­as de las elecciones del 2015, modificó las reglas electorales? creando una enorme complejidad con el conteo del llamado voto cruzado y provocando un torbellino con la unidad del voto.

Poco después impidieron que los diputados de San Salvador, propietarios y suplentes, tomaran posesión. ¿Se recuerdan? Obligaron a un reconteo que registró anomalí­as en el nuevo sistema de votación, pero que no modificó los resultados.

Ya antes lo habí­an hecho con los candidatos “independientes”, asunto que tampoco está escrito en la Constitución. Se pasaron llevando el Artí­culo 85 de la misma Constitución, que es la ley central por la cual todos los salvadoreños nos entendemos y nos atenemos.

Hoy, como “añadidura” del grave fallo de los 900 millones suspendidos por más de un año, se pasan llevando a los 83/84 diputados suplentes. La categorí­a de suplentes está reconocida por la Constitución y el mismo Código Electoral aprobado por todas las fuerzas representativas.

Pero esta Sala no solo ha trastocado el sistema polí­tico institucional con supuestos asuntos de “forma”, sino que también se ha esmerado en defender al gran empresariado y a las transnacionales.

Esta Sala derramó agua bendita al Tratado de Libre Comercio TLC con el gobierno y las transnacionales norteamericanas. Nada dijo sobre cómo 49 diputados de derechas aprobaron dicho tratado, incluso cuando no se discutió ni fue leí­do hasta por el presiente de la Asamblea de entonces. Quizá ahí­ se muestra más los rastros genéticos de la Sala con la potencia norteamericana, protectora de transnacionales, incluyendo a las grandes industrias transgénicas, de la cuales Alfredo Cristiani es un importador.

¿Acaso no fue la Sala quien desmontó los cobros hacendarios a las transnacionales telefónicas porque ellas reportaban “más pérdidas que ganancias”? ¿No es la que ha acudido rápida y veloz a anular multas a petroleras y telefónicas que evaden impuestos? ¿La que avaló la continuidad de los monopolios mediáticos?

¿No fue esta Sala la que bloqueó la difusión pública de la lista de los grandes empresariales deudores del Estado? ¿La que estableció que el pago del 1 % de activos netos como monto impuesto al Impuesto Sobre la Renta (ISR) porque “violaba” principios constitucionales sobre la “equidad tributaria”?

¿No es la que impide o minimiza la sanción y multas a empresas agroindustriales, como el ingenio La Magdalena y a la otra instalación ilegal de Apopa con derrames de melaza y ya antes habí­a quitado al Ministerio de Medioambiente y los tribunales ambientales la facultad de multar a personas o empresas que violen la normativa ambiental?

¿No fue la que impidió al Ministerio de Trabajo renovar el Consejo Superior del Trabajo?

¿Un sistema de justicia al servicio de quién? Un sistema de justicia que degenera su origen y su naturaleza constitucional y eso se llama una justicia bastarda y se pone en función de los exclusivos intereses de los poderosos. Es por ello, quienes apoyan a la Sala (Anep, Arena, aliados) no protestan porque la Sala esté generando “incertidumbre jurí­dica”.

¿Qué pretende esta Sala entonces? Una Sala electa por el consenso de los partidos polí­ticos, pretende desmantelar las instituciones que por Constitución han sido electas por partidos polí­ticos, que son los instrumentos de representación en los órganos de gobierno de El Salvador y que son producto de procesos electorales donde el pueblo expresa su voluntad.

¿Una Sala que es cabeza de un sistema judicial que se niega a depurarse es la que hoy intenta agotar la ví­a electoral como forma de fortalecer la democracia y que los derechos y beneficios de los trabajadores y el pueblo sean cumplidos?

Si no respetan los resultados electorales ¿A qué atenerse entonces? ¿Están queriendo agotar las reglas de entendimiento en El Salvador? El cúmulo de errores y combos son irresponsables y peligrosos.

Los cuatro magistrados no son ignorantes que, en buena parte, el conflicto armado se inició por los continuos fraudes electorales y la represión de la dictadura para mantener el poder de la oligarquí­a.

La Sala está violando la Constitución de la República y no solo el Artí­culo 248 referido al proceso de reforma constitucional. Incluso con la derogatoria de la ley de amnistí­a, la Sala no puede adulterar, falsificar ni ponerse por encima del Informe de la Comisión de la Verdad, que es precisamente un Acuerdo de Paz firmado en 1992 para finalizar el conflicto armado.

(*) Columnista de ContraPunto

Armando Salazar
Armando Salazar
Columnista Contrapunto

Últimas entradas