La constructora Fénix, S.A. continúa la construcción de la urbanización Acrópolis desafiando a las autoridades ambientales y judiciales salvadoreñas, poniendo nuevamente a prueba a un sistema de justicia ambiental que se ha caracterizado por la permisibilidad de otras obras urbanísticas similares y proyectos de desarrollo que destruyen todo a su paso.
La impunidad ambiental en su máxima expresión es el desacato cometido sobre las seis ordenes de “suspensiones de obra” que ha recibido la constructora Fénix, S.A. por parte de la Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), pero la maquinaria incesante avanza con los trabajos amenazando el río Ceniza y agrediendo el sitio arqueológico de Tacuzcalco, advirtió Salvador Recinos, activista de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate.
“Es necesario revisar el proceder de la empresa porque se está construyendo sobre un sitio arqueológico que se está poniendo en riesgo, si se construye esa urbanización se verían afectadas más de 2 mil personas por el impacto que tendría las aguas residuales sobre el río Ceniza. El argumento que maneja la empresa es que el río Ceniza está contaminado, pero para nosotros no es válido, porque si un río está contaminado no significa que se pueda seguir contaminando”, concluyó Recinos.
Por su parte, autoridades ambientales se declararon impotentes de parar la obra y responsabilizaron al juzgado ambiental que tiene la potestad de hacerlo, expresó la Ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl.
“A nosotros nos imposibilitaron para imponer multas. La Asamblea Legislativa no nos permite hacerlo, por eso recurrimos a los juzgados ambientales, donde el juez ha dado las medidas cautelares, y él es el (juez) único que pueda utilizar la fuerza por medio de intervención de la policía para detener la obra”, acotó la funcionaria.
Ante la incapacidad de las autoridades ambientales y judiciales, los pobladores protestaron frente al Juzgado de Paz que también se declaró “incompetente” para ordenar la suspensión de la obra y provocó que la gente gritara al unísono “Tacuzcalco no se vende, se cuida y se defiende”, en repudio a la decisión judicial.
La urbanización Acrópolis pone en riesgo irreversible de contaminación severa el río Ceniza y es una grave embestida contra la herencia cultural de Tacuzcalco, asegura Ana Morales, mujer indígena y representante de la organización Mana Ojushte.
“Como comunidades estamos siendo afectados porque se está dañando un patrimonio que se está tratando de conservar. No estamos en contra del progreso, ni de las construcciones pero queremos que se respeten nuestros derechos de rescatar nuestra identidad cultural. Como mujer he visto a las comunidades que se ven afectadas porque se abastecen del río Ceniza para sus quehaceres, para la alimentación de sus hijos, y no es posible que si el río está contaminado estas empresas terminen de contaminarlo”, declaró Morales.
La defensa de Tacuzcalco, en Nahulingo, Sonsonate, es un desafío para comprobar si la justicia salvadoreña está del lado de los pueblos indígenas y sus lugares ancestrales. Así como de las comunidades que suman más de 2 mil familias que están siendo afectadas.
