Por Juan Gasparini
Por 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prolongó por dos años la misión de tres expertos independientes para dar seguimiento al caso venezolano “con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. De Latinoamérica y el Caribe, aprobaron la resolución Paraguay y Brasil, se abstuvieron Argentina y Mexico, y la rechazaron Cuba, Bolivia, Mexico y Venezuela.
La misión fue creada en 2019, pero la magnitud de la tarea pendiente es inconmensurable, con 6,8 millones de habitantes que han huido del país, y al menos otros 7 millones que continúan residiendo en Venezuela necesitados de ayuda humanitaria externa para subsistir. Por de pronto, en los últimos dos años y medio, estos expertos mandatos por la ONU han censado 5.200 personas ejecutadas extrajudicialmente, y números todavía inciertos de desaparecidos y presos políticos, mientras continuan “actos de violencia sexual y de género, cometidos contra las mujeres y las niñas detenidas”, constituyendo en definitiva un perfil represivo que según la misión ahora renovada “pueden constituir crímenes de lesa humanidad”
Las “restricciones del espacio cívico y democrático”, también verificada por la citada misión, dificultaría la solución de la crisis que pasaría por la “celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y limpias”. Resulta evidente que el dialogo que se venía llevando a cabo en México entre el gobierno y sectores de la oposición ha sido, de facto, desactivado, y no se conocen fechas concretas para reanudarlo. Al tiempo, prosigue la intromisión oficiosa “en la autonomía y la composición de diversos partidos políticos”. Haría falta “plena libertad de prensa … respetando normas internacionales y derechos civiles y políticos”.
Perdura en Venezuela “la erosión del estado de derecho, la inseguridad de la permanencia en los cargos, la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces y fiscales, la precariedad de las condiciones de trabajo y las injerencias políticas, incluido el reciente nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo que carecen de independencia”. Ello “sigue socavando la independencia del sistema de justicia, contribuye a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos, incidiendo en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias”.
En ese contexto, la fiscalía de Corte Penal Internacional (CPI) ha firmado un Protocolo con el gobierno del Presidente Nicolás Maduro para abrir una oficina en Caracas. Sin embargo, el expediente está paralizado porque las autoridades venezolanas han recurrido el procedimiento pretendiendo que no es necesario que actúe la CPI por cuanto se está administrando justicia a nivel interno. Se espera una decisión a ese recurso para enero o febrero de 2023.
Entre tanto, para Calixto Avila, de la ONG venezolana, Provea, la renovada misión “ha contribuido sustancialmente al establecimiento de la verdad en Venezuela, recogiendo evidencia que será útil para el establecimiento de responsabilidades en el futuro. Se viene un periodo electoral con elecciones presidenciales en 2024 y regionales en 2025 y la experiencia indica que la persecución de las personas opositoras o percibidas como tales por el gobierno, se agravan llegando a constituir crímenes que pueden inclusive llegar a ser de lesa humanidad”.
Feliciano Reyna, de Acción Solidaria y Civilis Derechos Humanos, ambas venezolanas, la noticia de la prolongación de esta misión “es muy importante para el escrutinio en derechos humanos y el avance en nuestras aspiraciones de justicia para las víctimas, como respecto de los derechos sociales, económicos, ambientales, paralelamente documentados exhaustivamente. Aspiramos a que el mensaje enviado hoy por la ONU al gobierno de Venezuela implique una rectificación de conductas y la implementación de las recomendaciones, para la restitución del estado de derecho, del sistema de justicia, de las garantías de protección y no repetición”.
Por otra parte, Ligia Bolivar de AlertaVenezuela, desde Caracas, estimó que “la Misión identificó 6 mecanismos de represión, desarrollando solamente investigaciones sobre el funcionamiento de dos de ellos: SEBIN y DGCIM. La renovación del mandato de la misión servirá para abordar las otras estructuras represivas, sus líneas de mando y la posible responsabilidad de las máximas autoridades, así como para seguir avanzando en la investigación sobre el impacto de grupos armados irregulares en los derechos humanos de la población y las dinámicas de complicidad de funcionarios con esas estructuras criminales”.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos UCAB de la Universidad Andrés Bello consideró que “la renovación de la Misión internacional de la ONU es un paso para seguir avanzando en la búsqueda y el alcance de la verdad y justicia frente a las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron y siguen desarrollándose en Venezuela. Los hallazgos presentados desde 2020 en los informes de la Misión han sido esenciales para la lucha contra la impunidad de los abusos cometidos en Venezuela. Por consiguiente, la continuidad de su mandato permitirá seguir generando esfuerzos para la rendición de cuentas, y de ese modo contribuir de forma complementaria con otros mecanismos internacionales que actualmente se encuentran vigentes siguiendo la situación de derechos humanos en Venezuela”.
Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, desde Caracas, concluyó que “el día de hoy es un día de reivindicación y de victoria para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hoy se vio respaldado por el Consejo de DDHH, el trabajo y la rigurosidad de la Misión, y se confirmaron sus conclusiones en el sentido de que en el país los crímenes de lesa humanidad no son parte del futuro sino que están en nuestro doloroso presente. Asimismo se confirma que la comunidad internacional no ha creído el discurso oficial de cambios y mejoras en el sistema de justicia y que por el contrario lo que existe es impunidad y no se investigan las cadenas de mando. Hoy se escuchó a las víctimas, y eso en sí mismo, es un acto de justicia”.
