El Comité de Derechos Humanos de la ONU, integrado por 18 expertos independientes designados mediante el voto secreto de los países que han ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, instó a México a “eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y en la practica, la cual no cumple con los requisitos” del citado Pacto fundador de la ONU, proclamado en 1976, señala un documento publicado hace unos pocos día en Ginebra.
El pedido se refiere a la legislación que afecta a los presuntos sospechosos o imputados, por ejemplo, de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas, quienes pueden ser encarcelados oficiosamente por orden de un magistrado instructor de manera automática y obligatoria sin la necesidad de que el Ministerio Público (MP) demuestre al juez encargado, que el acusado no puede cumplir el proceso en libertad, hasta que el caso se esclarezca.
Los expertos lamentaron que esa norma penal “se haya extendido a otros delitos mediante la reforma constitucional publicada en abril de 2019”. Con ello agregaron que otra figura de parecido orden, la del “arraigo” -decisión restrictiva de la libertad de una persona sin que exista acusación alguna durante un tiempo determinado, al solo efecto de mantenerla detenida para eventualmente brindar declaración en un procedimiento penal en curso, sin poder ejercer derecho a la defensa- “sigue vigente toda vez que la reforma para su derogación no ha sido sometida a la aprobación del Senado y de las legislaturas de los estados”.
Recomendaron como regla general que México “debe reducir significativamente el uso de la prisión preventiva y velar por que siempre se tenga en cuenta la posibilidad de recurrir a las medidas alternativas a la privación de la libertad y asegurar que la prisión preventiva sea el último recurso y se aplique de forma excepcional, razonable, cuando sea estrictamente necesaria y por el tiempo más breve posible”.
Los expertos se inquietaron también por “la discrepancia existente entre leyes penales estatales respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y que en muchos estados se criminaliza y/o se restrinja las causales del aborto, lo cual resulta en un elevado número de abortos inseguros y en procesamientos y condenas a penas de prisión”, preocupandos, “asimismo, casos de mujeres que acuden a hospitales públicos y son denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto”.
La ONU le encomendó a México “armonizar su legislación federal y estatal con el fin de garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo, y cuando llevar a término el embarazo podría ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o incesto, cuando no sea viable”.
La problemática de la impunidad es otra fuente de desvelo para este Comité respecto a México, particularmente la implicación de “agentes del orden”, en la “comisión de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas”, aludiendo al “emblemático caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014”, cuyo esclarecimiento sigue pendiente.
Antecedente significativo de violaciones graves de los derechos humanos que permanecen impunes, lo constituyen los desaparecidos de la “Guerra sucia”, contra los movimientos opositores entre los años 60 y 70, que podrían llegara hasta 1550, para lo cual hace falta desclasificar información aún secreta. Los expertos recordaron la promesa del actual mandatario Andres Manuel Lopez Obrador, de “abrir los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el reciente acuerdo por el que se establece la transferencia de documentos históricos al Archivo General de la Nación (AGN)”, susceptible de abrir paso al “reconocimiento de responsabilidad, conocimiento de la verdad, investigación y reparación a las víctimas”.
