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lunes, 17 de mayo del 2021

La militarización en El Salvador ha empezado a ponerse peligrosa, según David Morales

El presidente de la República se defiende al decir que todo es parte de un show para exponer a la Fuerza Armada y su Ministro, algo que no va a permitir.

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El abogado querellante del caso de la masacre de El Mozote, David Morales, afirmó que la fuerza represiva de los militares no ha menguado a 28 años de haberse registrado la Firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador.

Los acuerdos logrados el 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el Castillo de Chapultepec, México, pusieron fin a doce años de guerra civil en el país centroamericano.

El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en más de 70 mil muertos y 8 mil desaparecidos. El conflicto concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las partes, que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país.

El enfrentamiento fue producido por el cansancio popular a la represión militar, que partió en el año 1932, con la administración del General Maximiliano Hernández Martínez.

Por lo tanto, Morales dijo a ContraPunto que, durante este periodo de postguerra, todos los gobiernos dirigidos por civiles han optado por militarizar el Estado, pero a su criterio en la actual administración se ha exacerbado aún más el poder la institución castrense.

Con cierta molestia, el exprocurador de la Defensa de los Derechos Humanos recordó que, durante los gobiernos del FMLN, la Fuerza Armada tuvo un incremento sustancial en su asignación presupuestaria, la cual tuvo que haber sido inyectada a la Policía Nacional Civil (PNC).

Pese a esto, el abogado expone que ese poder no se compara al que los militares están teniendo en pleno 2020, ya que el presidente de la República, Nayib Bukele, está pasando por encima del Estado de Derecho al otorgarles a los militares “la libertad de decidir cuando cumplen una orden judicial y cuando no”.

“El presidente está impulsando este tipo de ruptura con la Constitución y el Estado de Derecho. El mismo Presidente ha desafiado sentencias de la Sala de lo Constitucional, su Ministro de Defensa y él han bloqueado investigaciones del asesinato de mil personas, esto está fuera de un mínimo sentido de justicia”, sostuvo.

Agregó que se están dando roles políticos deliberantes a la Fuerza Armada y la esta utilizando para amedrentar a otros poderes del Estado.

“Estamos en un retroceso y un deterioro, y la militarización ha comenzado a ponerse peligrosa desde que el 9F nos hizo pensar en un Golpe de Estado que no tenemos desde 1979”, indicó.

Morales dijo esto luego que el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, y el equipo multidisciplinario lograran tener acceso por primera ocasión a archivos militares, para poder llevarlos al proceso judicial en contra de una docena de militares acusados de perpetrar la masacre de El Mozote y sectores aledaños en diciembre de 1981.

Este ingreso al Archivo General de la Nación que está resguardado en el Palacio Nacional, se registró, luego que la FAES bloqueó en cuatro ocasiones el acceso a bases militares donde se tienen almacenados documentos sobre este caso.

Durante el segundo día de inspección del Archivo General de la Nación, el equipo multidisciplinario encontró en parte de las tres cajas del expurgo militar, valiosa información, que servirá para abonar a la causa.

"Se están revisando diversas actas de destrucción de archivos militares y se ha evidenciado en algunas actas que sí había planes militares, que lo que se destruía eran planes menores y no los grandes planes anuales de guerra, ni los planes de grandes operaciones, y alguna información relacionada de al menos a la Segunda Brigada de Infantería y Artillería. Son indicios útiles porque revelan que aparentemente grandes planes de guerra no se destruían y que existía un nivel muy grande, muy detallado, en planificación militar que dejaban en documentos", informó Morales.

Para realizar este trabajo, el director del Palacio ha dado desde el jueves el acceso total al recinto y el apoyo de la biblioteca especializada en historia de la institución.

Hasta la fecha, es el único lugar donde el juez Jorge Guzmán, y los especialistas han logrado entrar, porque en días anteriores la Fuerza Armada de El Salvador impedió el acceso al Estado Mayor Conjunto, a la Fuerza Aérea, a la Segunda Brigada Aérea y a la Brigada de Artillería.

Esto pese a que el presidente de la República, Nayib Bukele, indicó que iba a dar total apoyo a esta investigación y que si pedían información de “la A la F, entregaría hasta la Z”.

Pero estas palabras trasladadas se han topado con una triste realidad, ya que el mandatario le ha dado la razón al su ministro de Defensa, René Merino Monroy, quien desvinculó a la Fuerza Armada del interés de la búsqueda de Justicia y esclarecimiento de la masacre.

Bukele reafirmó esta postura al catalogar como "show" al proceso y reiteró que no darán acceso a ninguna base militar.

"Ahí no hay papeles de El Mozote. No se dejan entrar porque son bases militares con archivos militares… Quieren show o exponer a la Fuerza Armada", declaró sobre las llegadas a diversas sedes de la institución castrense.

Una periodista preguntó por qué no se han entregado las cajas con supuestos archivos "desclasificados" que presentó en la última cadena nacional (el 24 de septiembre) y que dijo que entregaría a las autoridades, pero el mandatario evitó responder.

"Yo quisiera verlos (los archivos), pero los destruyeron. ¿Quiénes? los areneros o el FMLN", dijo después.

La masacre de El Mozote tuvo lugar en el marco de la guerra interna de El Salvador, que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de elite Atlacatl ejecutó en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número personas asesinadas ascendió al menos a 988.

Una ley de amnistía en 1993 cerró el caso por más de 20 años, pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anuló esta ley en 2016 y ese mismo año se reabrió el proceso.

A la fecha, unas 40 personas han testificado contra, entre ellos dos soldados que participaron en el operativo que derivó en la masacre y decidieron colaborar en el proceso.

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