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sábado, 08 de mayo del 2021

La masacre de El Calabozo, una deuda con las ví­ctimas

A las puertas de reabrir proceso judicial por la matanza ocurrida en 1982 en San Vicente

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El juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente reabrirá la investigación de la masacre de El Calabozo ocurrida el 22 de agosto de 1982 en las cercaní­as de la referida localidad, y en la que según el informe de la Comisión de la Verdad, más de 200 personas fueron asesinadas presuntamente a manos de soldados del Batallón de Infanterí­a de Reacción Inmediata (BIRI) capacitados con técnicas contrainsurgentes por Estados Unidos.

En el año 2006 se presentó acusación ante el mencionado juzgado, contra miembros de la Fuerza Armada de El Salvador ““General José Guillermo Garcí­a, General Rafael Flores Lima, Coronel Sigifredo Ochoa Pérez, Coronel Napoleón Alvarado, Teniente Coronel Miguel Antonio Méndez, General Juan Rafael Bustillo, Teniente Coronel Luis Adalberto Landaverde y Mayor Armando Azmitia Melara”“, por los delitos de asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación de libertad; ello supuestamente en perjuicio de miles de personas durante el operativo militar realizado del 17 al 22 de agosto de 1982 en San Esteban Catarina.

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No obstante, no hubo respuesta por la vigencia de la Ley de Amnistí­a para la Consolidación de la paz que protegí­a a autores de crí­menes de guerra, y el caso fue archivado. Sin embargo, la Sala declaró favorable la solicitud de amparo contra la jueza de Primera Instancia de San Sebastián, en relación a la masacre, en vista que la jurista archivó el proceso.

La Sala consideró que dichas actuaciones vulneraron los derechos a la protección jurisdiccional ““en su manifestación del derecho de acceso a la jurisdicción”“ y a conocer la verdad de los ciudadanos demandantes.

“Esperamos una resolución positiva de la reapertura del caso, igual que en los otros casos del conflicto armado. Los retos ahí­ son desarrollar el proceso porque se hace con base a la normativa vigente cuando fue el hecho, y el reto está en los elementos probatorios, testimoniales o peritajes que haya que hacer. Lo importante es que el caso se reabra porque es el derecho que tienen las ví­ctimas a partir de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional”, dijo a ContraPunto Abraham Ábrego, abogado especialista en derechos humanos.

Foto cortesí­a/PDDH

El informe de la Comisión de la Verdad señala que las ví­ctimas llegaron al lugar huyendo de grandes operativos militares en otras zonas. El informe agrega que las zonas de los operativos eran trincheras de miembros de la guerrilla y el ejército se trazó como objetivo “limpiar” de guerrilleros la zona.

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Al respecto, Abraham Ábrego recalca que el argumento militar de atacar a la población porque los guerrilleros se mezclaban entre civiles, es solo una excusa para defender violaciones a los derechos humanos.

“Creo que es una justificación de ese perí­odo del sistema autoritario que se inventó esa teorí­a del enemigo, como criminalizar a la población con el argumento que está apoyando a la guerrilla, y justificar  las violaciones de derechos humanos por esa ví­a”, manifestó.

Ábrego además lamentó el desdén con el que altos funcionarios de la Fuerza Armada observan los procesos de reapertura de juicios de guerra en los que militares son los principales implicados.

Recientemente, el ministro de la Defensa, David Munguí­a Payes dijo que reabrir procesos del pasado es “gastar energí­as”, y reabrir heridas.

“Creo que el ministro Payes está equivocado. Creo que verlo como un gasto de energí­a me parece irresponsable y como una falta de respeto hacia las ví­ctimas”, opina Ábrego.

Añade que es un desafí­o para el Estado salvadoreño investigar  y judicializar este tipo de crí­menes para dar verdad, justicia y reparación a las ví­ctimas, y para evitar la impunidad.

“Es una deuda que se tienen con las ví­ctimas. Ahí­ depende si la ví­ctima quiere seguir con el caso o no. Ellos tienen derecho y eso significa saldar una deuda pendiente con ellos, porque hay que recordar que aquí­ se truncó la justicia y el conocimiento de la verdad y la reparación de las ví­ctimas”, recalcó.

Sin embargo, a pesar del informe de la Comisión, las autoridades negaron los hechos, empero documentos desclasificados por la CIA de Estados Unidos habrí­an detallado que al parecer se usó ácido para deshacerse de los cuerpos masacrados.

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