Por José Arnoldo Sermeño Lima
En las elecciones del 28 de noviembre de 2021, la victoria del Partido Libertad y Refundación, Libre, a nivel presidencial fue contundente, al grado que ninguno de los otros partidos presentó objeción alguna. A nivel municipal y legislativo los resultados fueron menos categóricos: en el caso del legislativo, del total de 128 curules en contienda, 50 de los electos pertenecen a Libre; 44 al Partido Nacional, PN; 22 al Partido Liberal, PL; 10 al Partido Salvador de Honduras, PSH; 1 al Partido Demócrata Cristiano, PDCH; y 1 al Partido Anticorrupción, PAC.
La calma que siguió a los resultados levantó la esperanza que la madurez política prevalecía en el país, y la comunidad y prensa internacionales saludaron la responsabilidad mostrada por la ciudadanía, tanto en los comicios como posteriormente…hasta que el 21 de enero de 2022 se convocó a los diputados electos a elegir a la Directiva provisional del Congreso, como establece la Constitución del país.
Ese día se evidenció la escisión de los diputados de Libre en dos grupos, constituidos ambos por personas con larga trayectoria militante en ese partido, así como también que han dado muestras a lo largo del tiempo de lealtad con éste y con su dirigencia, teniendo muchos de ellos una reconocida preparación intelectual.
Antes de las elecciones,la dirigencia de ese partido había acordado con el PSH que este último apoyaría la candidatura de Xiomara Castro a la presidencia del Ejecutivo, mientras que Salvador Nasralla -su líder- pasaría como candidato a uno de los tres Designados a la Presidencia -equivalente a Vicepresidentes-, en una fórmula conjunta entre los dos partidos, exclusivamente para la elección presidencial. Ambos partidos mantenían por separado sus candidaturas para las elecciones legislativas y municipales. A cambio de ese compromiso en la candidatura presidencial, el PSH escogería al Presidente de la Directiva del Congreso.
El 19 de enero el Coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, y la Presidente electa convocaron a los cien diputados electos de ese partido, propietarios y suplentes, para recordarles el compromiso que Libre había adquirido con el PSH. Veinte de ellos no asistieron a la reunión, indicando que no tenían por qué ceder los puestos directivos en el Congreso a un partido minoritario y, además, señalaron que no fueron consultados cuando la dirigencia de Libre decidió establecer ese compromiso con el PSH. Agregaron que además tenían que negociar con otros partidos, dado que los votos de los diputados electos en las planillas de Libre (50) y del PSH (10) eran insuficientes para lograr los 65 requeridos constitucionalmente para elegir a la junta directiva. Este grupo escogió proponer al diputado Jorge Cálix para presidir el Congreso.
El 21 de enero se efectuó la elección provisional, en una tumultuosa reunión presidida por el ministro de Gobernación, Leonel Ayala. Por un lado, los legisladores disidentes de Libre, con una moción fechada erróneamente en el año 2021, eligieron como presidente a Jorge Cálix con un total de 84 votos: 20 de Libre, 18 del Partido Liberal, 44 del Partido Nacional, 1 de la Democracia Cristiana y 1 del Partido Anticorrupción. El otro sector de congresistas eligió como presidente del Congreso a Luis Redondo, del PSH, con el apoyo de los 10 diputados de ese partido, 4 del Partido Liberal y 30 propietarios de Libre, más los suplentes de este partido que supuestamente remplazaban a los disidentes ausentes en esta reunión.
Inmediatamente el sector de Libre fiel a los acuerdos establecidos por su dirigencia divulgó acusaciones a los disidentes, atribuyéndoles actos de corrupción y vínculos con el bipartidismo político tradicional y alianzas oscuras con sectores conservadores. Asimismo, les acusaron de vincularse con el Partido Nacional para cubrir con impunidad los actos de corrupción del gobierno saliente.
En reunión presidida por el Coordinador de Libre y la Presidente electa, ese mismo día expulsaron a 18 de sus diputados electos, dado que dos de los 20 disidentes ya habían defeccionado del grupo desafecto. Los expulsados declararon a la prensa que Libre no tiene establecido mecanismos de expulsión, por lo que consideran que siguen siendo militantes de Libre, y expresaron que seguían fieles a la presidencia de Xiomara Castro, señalando que su único “pecado” es buscar que el Congreso sea presidido por un diputado de su propio partido.
Conforme al lineamiento constitucional, el 23 de enero debía escogerse a la Junta Directiva en propiedad. Desde la víspera, el edificio del Congreso y sus alrededores fueron ocupados por simpatizantes de Libre seguidores de su dirigencia. La Presidente Electa llegó a identificarse con ellos tanto en la vigilia del 22 como en la mañana del 23 de enero.
El domingo 23 se realizaron dos elecciones, casi simultáneamente pero en lugares diferentes.
Por una parte, los diputados que reivindicaban que la presidencia del Congreso debe ser ocupada por un diputado electo bajo la bandera de Libre se reunieron fuera de los locales del Congreso -pues éstos seguían ocupados por el otro grupo-, indicando que lo hacían conforme al artículo 191 de la Constitución, que estipula cuándo puede convocarse extraordinariamente en cualquier lugar de la república. Agregaron que contaban con la mayoría de los diputados que habían sido electos como propietarios en las elecciones del 28 de noviembre. Este grupo eligió como presidente del Congreso al diputado Jorge Cálix con 19 votos de Libre, 15 del partido Liberal, 44 del Nacional y 1 del Partido Anticorrupción, totalizando 79 votos según reportes de prensa, aunque otros mencionan 80. Después de la elección, el diputado Cálix subrayó ante los medios que no hay miembros del Partido Nacional electos en esa Junta Directiva, y que no participarán en ningún golpe contra la Presidente Castro, puntualizando que su prioridad será hacer realidad el plan de gobierno y la agenda legislativa de ella. En un comunicado a los medios, esa Junta Directiva precisó que en su primer mes de funciones derogarán las leyes para el establecimiento de las Zedes, dejarán sin efecto la ley de secretos, revisarán el Código Penal para elevar la condena por el delito de corrupción, y aprobarán la Ley de Extradición para dar vida a la Ley de Colaboración Eficaz, puntos que formaron parte de las promesas electorales de Libre. Para lograr estas acciones legislativas, explicaron, se necesitará contar con apoyo de diputados de otros partidos políticos; sin precisar cómo lograrán que les apoyen los diputados del bipartidismo, que algunos estuvieron involucrados en la autoría y/o aprobación de las acciones legislativas a modificar o derogar.
Sus opositores señalan al diputado Cálix que -para evadir a la prensa al finalizar la elección- partió en un helicóptero privado, preguntándose sobre quién se lo habría facilitado o sobre el origen de los fondos si fuese alquilado.
Por otra parte, ese mismo día y en las instalaciones del Congreso -que continuaba ocupado-, 34 diputados de Libre, 10 del PSH y 6 del Partido Liberal, eligieron para presidir al Congreso al diputado Luis Redondo; “con la salvedad que sumaron legisladores suplentes para alcanzar el quorum”, reportó la prensa nacional.
La noche de ese mismo día, 23 de enero, el sindicato de empleados del Diario Oficial La Gaceta ocupó los locales de dicha institución y anunció que procederían a imprimir el número para oficializar la victoria de la directiva del congreso encabezada por el diputado Luis Redondo.
La diputada Beatriz Valle, del grupo extrañado por Libre y electa Secretaria de la Junta Directiva correspondiente, advirtió esa misma fecha que “aquí viene la disolución de los poderes del Estado”, indicando que el liderazgo de Libre busca anticipar la Asamblea Nacional Constituyente buscada por su partido. Abogados constitucionalistas han advertido también que esta situación podría conducir a la ruptura del orden constitucional, e incluso a una constituyente, señalando que ello podría permitir decisiones extremas.
El grupo liderado por el diputado Redondo sostiene que los 1.7 millones de votos obtenidos por la Presidente deben ser defendidos, y la Junta Directiva del Congreso dirigida por él es la que puede coadyuvar a cumplir el plan de trabajo propuesto por ella en su campaña electoral. El grupo de Cálix señala que son universos diferentes por la separación de poderes del Estado: la elección de la Junta Directiva del Congreso se hace en función de votación de los diputados electos, mientras que los 1.7 millones de la elección presidencial corresponden a otro poder del Estado electo por toda la ciudadanía. Reiteran además que ellos están por contribuir a que el poder legislativo apoye a la Presidente en el cumplimiento de su plan de trabajo.
Por otra parte, diversos sectores hicieron entonces llamados a los actores en esta confrontación para que busquen consenso. Ahí se inscriben -entre otros- el Consejo Nacional Anticorrupción, la Conferencia Episcopal de la iglesia católica, el Foro Nacional de Convergencia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la embajada de los Estados Unidos, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, etc.
La Conferencia Episcopal de la iglesia católica pidió que se establezca “un diálogo sincero y abierto” entre la Presidente Electa y las dos juntas directivas del Parlamento para buscar una salida a la crisis que, según expertos en derecho nacional e internacional que ellos han consultado, los hacen temer “que dichos procedimientos implican vicios de nulidad, poniendo en riesgo un proceso que se ha venido desarrollando en paz y respeto de la ley”.
El 24 de enero por la noche Luis Redondo convocó a sus afiliados a una nueva vigilia en el Congreso, para acuerpar la instalación de la legislatura 2022-2026 la mañana siguiente. Por su parte, Jorge Cálix llamó públicamente a bajar la intensidad al conflicto, y manifestó estar dispuesto a ir a una nueva elección, lo que fue rápidamente rechazado por diputados de Libre afines a Redondo. Por la noche también trascendió que Cálix visitó al expresidente Zelaya en su casa, debiendo retirarse cuando éste le dijo que no tenían nada que hablar excepto el abandono de las posiciones de dicho diputado.
Esa misma noche se dió a conocer que fue publicado el diario oficial, La Gaceta, divulgando la Junta Directiva del Congreso encabezada por Luis Redondo.
El 25 de enero debía efectuarse una reunión en la que los poderes del Estado rindieran un informe de su actuación respectiva ante el Congreso. Se tuvieron en paralelo dos reuniones de las dos facciones legislativas:
La encabezada por el diputado Redondo se efectuó en el recinto del Congreso, ocupado por sus parciales. Los otros poderes del Estado no se presentaron. Él hizo un recuento de las leyes que esperan aprobar durante el ejercicio recién inaugurado, entre las que se cuentan: la ley de condena al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, una ley que condena la sentencia de la reelección presidencial, leyes especiales de revocatoria del mandato, de amnistía para la liberación de los presos políticos y los reos de conciencia, otra contra la impunidad y la corrupción de los titulares de los poderes del Estado y la creación de una comisión ciudadana anticorrupción, y además informó que la Presidente electa ha solicitado a Naciones Unidas el proceso de la instalación de una CICIH en Honduras. También promulgarán una ley especial para el desarrollo de proyectos solidarios de la comunidad, eliminando el Fondo Departamental que funcionaba en el Congreso Nacional. Asimismo, promulgarán una ley especial para el ejercicio de la soberanía popular y la participación ciudadana.
Por su parte, el grupo liderado por el diputado Cálix se reunió virtualmente, habiendo recibido el informe de los otros poderes del Estado. Este grupo de legisladores informó que tienen listas iniciativas para una ley de revocación de mandato, reforma del sector justicia y del Ministerio Público, así como también para la ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional contenida en el Decreto 418-2013 para tener acceso a la información pública; además prometieron aprobar la ley de extradición y derogar la ley de secretos y la de las ZEDEs. Para dictaminar estos proyectos anunciaron que nombrarán una Comisión presidida por el abogado Samuel Madrid y como miembros de la misma los diputados German Altamirano, Edgardo Castro, Mario Pérez, Lissi Cano, Mauricio Villeda y Erika Urtecho. Por otra parte, debe agregarse que su número continúa disminuyendo por defecciones graduales de diputados de Libre, además de un diputado del PN que también ha pasado a reconocer a Redondo como presidente.
La víspera de su juramentación, la aún Presidente Electa ofreció a Cálix el cargo de Coordinador de su Gabinete, a lo que éste aún no ha respondido, aunque públicamente saludó a la Presidente, deseándole éxitos y asegurando que ella será capaz de transformar al país. El día de su juramentación, la Presidente dió a conocer muy temprano a las personas a quienes encomendará su gabinete, donde hay puestos que podrían tener algún grado de superposición de funciones con el ofrecido a Cálix, como son los de Secretario de Gabinete -encomendado a Rodolfo Pastor- y de Secretario Privado, designando a su hijo Héctor Manuel Zelaya.
El 27 de septiembre Xiomara Castro fue juramentada como Presidente de la República por la juez de sentencia penal de Tegucigalpa, Karla Lizeth Romero Dávila –según lo “establecido en el artículo 244 de la Constitución de la República de Honduras, en ausencia del Presidente de Congreso Nacional y del Presidente de la Corte Suprema de esta República de Honduras”, conforme al “Acta de Toma de Promesa Constitucional” firmada por la nueva mandataria-; a pesar que en la ceremonia de juramentación junto a la juez y a la juramentada estaba el diputado Luis Redondo, a quien una parte de sus colegas reconocen como presidente del Congreso.
Al día siguiente se hizo público por la prensa nacional que los diputados disidentes de Libre no habían autorizado a Cálix para que acepte el cargo ofrecido por la Presidente, pero que seguían abiertos al diálogo y manteniendo a dicho legislador como presidente del Congreso; además de reiterar el apoyo a la Presidente Castro, a quien desearon éxito en sus funciones. Este grupo indica que presentarán ante los tribunales una demanda de inconstitucionalidad en contra del diputado Redondo, con suspensión del acto reclamado.
En resumen, la posición de los diputados de Libre apoyando a Redondo se ampara en el convenio acordado por su liderazgo con el PSH, mientras que los de Cálix en la mayor cantidad de diputados electos de Libre con relación a los del PSH. Pareciera que el error se centra en que el liderazgo de Libre no consultó con sus bases -especialmente con sus entonces candidatos a diputados- el acuerdo que estaba por contraer con el PSH y que involucraba no sólo al futuro institucional de su partido sino que también el de las aspiraciones personales de los entonces candidatos a diputados. Por otra parte, el sector disidente de Libre es acusado por su partido de aliarse con el PN para cubrir con impunidad la corrupción del gobierno saliente, aunque ellos continúan manifestando su lealtad a Libre y a la Presidente Castro.
Si de esta situación fuese a salir algo positivo es que ojalá los políticos hondureños aprendan a respetar la ley, y que los liderazgos lo hagan con sus bases. Sin embargo, cada día que pasa no evidencia que esa lección haya sido aprendida: el cisma pareciera crecer en lugar de reducirse. El gobierno parece dispuesto a llevar adelante sus planes, sin los disidentes; y estos mantienen sus posiciones, pero con el tiempo jugando a favor de sus partidos aliados…
Esa aparente “ceguera” ante el cisma pareciera ocultar algo más profundo y desconocido para la mayoría de la población.
