spot_img
spot_img
martes, 26 de octubre del 2021

La institución fallida

Una de las insignias de los llamados Acuerdos de Paz firmados en 1992 fue, cómo no recordarlo, el desmantelamiento de los antiguos cuerpos de seguridad y la creación de una policí­a de carácter civil que estuviera a la altura de las exigencias de una vida democrática.

spot_img

Una de las insignias de los llamados Acuerdos de Paz firmados en 1992 fue, cómo no recordarlo, el desmantelamiento de los antiguos cuerpos de seguridad y la creación de una policí­a de carácter civil que estuviera a la altura de las exigencias de una vida democrática. Con ello se pretendí­a dar un fuerte golpe a la tradición de autoritarismo de las instituciones de seguridad, mismas que fueron responsables de miles de muertes, encarcelamientos arbitrarios, torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos durante los doce años de guerra civil y los casi cincuenta años de gobiernos militares.

Veinticinco años después nos encontramos frente a una Policí­a Nacional Civil (PNC) con cada vez mayores señalamientos de violaciones a los derechos humanos, con menores í­ndices de efectividad en el combate del delito, con serios problemas de corrupción, con una anomia que ha carcomido toda la institución, llegando al tuétano de los mandos medios y de las altas dirigencias; con prácticas sistemáticas de amenazas, ejecuciones extrajudiciales y fraudes procesales, según ha sido señalado recientemente. Casos como el de Daniel Alemán, por mencionar sólo un ejemplo concreto, es una diminuta muestra de una práctica institucionalizada de amaños y fraudes.

Cierto: no es algo de hoy, de ayer, de hace tres años. El problema de la PNC viene desde la raí­z filosófica de los gobiernos de derecha de la posguerra, cuya matriz neoliberal volvió asuntos privados e individualizados la seguridad y la convivencia, la educación y la prevención; que hizo de las instituciones del Estado meros apéndices de la iniciativa privada, y que tiró al garete de un enfoque netamente represivo una institución recién nacida, en un paí­s con una larga tradición de violencia.

También hay otra certeza: a ocho años de “gobiernos de izquierda”, poco se ha avanzado en desmontar la matriz neoliberal de las polí­ticas públicas. Ni la voluntad ni los presupuestos, ni las modificaciones organizacionales han sido suficientes; mucho menos se ha avanzado en una armonización de criterios interinstitucionales que fortalezcan el respeto al marco de derechos humanos que tanta sangre costó ganar. En muchos ámbitos, incluso es posible hablar de un retroceso a situaciones propias de un estado de guerra.

Y bien, aquí­ estamos: casi viejos de democratización, de posguerra, de unidad nacional, de “El Salvador somos todos” y demás. Una pila de significados vací­os, de viejas categorí­as que ofenden por la mentira tan evidente que encarnan. Seguimos rotos como una mala semilla. Polarizados en una bajera lucha de partidos, de instituciones como feudos, tras de los cuales pareciera que sólo hay el limbo de un exilio polí­tico. Estamos como dormidos y los dientes del poder son cada vez más evidentes, cada vez más cercanos, cada vez más terribles las cosas a las que están dispuestos.

Pese a todo y contra todo, hay que resistirse a fracasar. Hay que resistirse a fallarle al momento histórico del que somos parte. Hay que oponerse, con toda nuestra voluntad, a que una noche más ciega y más larga caiga sobre las espaldas de nuestros vivos y de nuestros muertos.

spot_img

También te puede interesar

Alberto Quiñónez
Colaborador de ContraPunto
spot_img

Últimas noticias