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viernes, 30 de julio del 2021

La inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional

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Una sencilla selección de artí­culos de la constitución promulgada en 1983, pretende demostrar las incongruencias jurí­dicas exhibidas por una de las cinco salas que componen la Corte Suprema de Justicia que originan la cacofoní­a en el tí­tulo de este texto.

Cuatro de cinco magistrados de la sala de lo constitucional saldrán el próximo 18 de julio luego de 9 años de exhibir una desconcertante critarquí­a (gobierno de los jueces) que echó por tierra la institucionalidad de la incipiente democracia salvadoreña.

La sala de lo constitucional, se arrogó atribuciones que competen a otros órganos de Estado transformando su actuar jurí­dico en polí­tico. La sala legisló por ejemplo reformando el código electoral para impedir la esencia del organismo colegiado del TSE que es el pluralismo polí­tico partidario establecido en la misma constitución en el artí­culo 85: “El sistema polí­tico es pluralista y se expresa por medio de los partidos polí­ticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa. “. La sala hasta intervino en las atribuciones del ejecutivo emitiendo "resoluciones exprés" en aspectos presupuestarios con claras motivaciones polí­ticas ideológicas.

Entre las resoluciones más polémicas de esta sala dominada por cuatro individuos se encuentran la separación de funcionarios/as de segundo grado electos en el pleno legislativo a razón de su presunta vinculación partidaria aún y cuando la Constitución establece en el artí­culo 7 que “los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pací­ficamente y sin armas para cualquier objeto lí­cito”. La sala además viola el artí­culo 8 obligando a hacer lo que la ley no manda o prohí­be: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohí­be”, es decir no prohí­be la vinculación partidaria para optar a cargos públicos una vez cumplidos los requisitos de ley.

Tales resoluciones perjudicaron a funcionarios/as presumiblemente vinculados al ejecutivo o al partido oficial y favorecieron sólo a aquellos funcionarios/as vinculados al conservadurismo, al partido ARENA y a los tradicionales gremios empresariales del paí­s y sus fundaciones de fachada. Como si la filiación ideológica se llevara tatuada en la frente o como si los funcionarios/as de segundo grado sólo deben pertenecer a una filiación polí­tica e ideológica: de derechas o conservadoras. El artí­culo. 72 señala claramente que: “Los derechos polí­ticos del ciudadano son: 1- Ejercer el sufragio; 2- Asociarse para constituir partidos polí­ticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos; 3- Optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias.”.

En la cuenta se fueron los magistrados y presidente de la corte de cuentas; el director del concejo directivo de la SIGET; El presidente del Concejo Nacional de la Judicatura y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La elección de funcionarios/as de segundo grado dependerá de la configuración de la Asamblea Legislativa electa por la ví­a popular. No hay truco, eso es lo que dice la Constitución el artí­culo 191: “elegir por votación nominal y publica a los siguientes funcionarios: presidente y magistrados de la corte suprema de justicia, presidente y magistrados del tribunal supremo electoral, presidente y magistrados de la corte de cuentas de la república, fiscal general de la república, procurador general de la república, procurador para la defensa de los derechos humanos y miembros del consejo nacional de la judicatura”

Este sencillo articulado constitucional demuestra claramente las aberraciones jurí­dicas en las que cayó la sala con total impunidad. Pero, ¿quién escruta el actuar jurí­dico-polí­tico de la sala de lo constitucional? Todo indicarí­a que para los magistrados salientes, la opinión pública y la ciudadaní­a en general, son una bola de imbéciles que no leen la constitución.

Lo importante es que usted y yo, leamos la "carta magna" y construyamos conclusiones propias y no las que los medios tradicionales de información y sus repetidoras gremiales e ideológicas quieren que tengamos en la cabeza.

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Herbert Vargas
Colaborador
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