“En El Salvador, el sistema de justicia ha sido diseñado para garantizar la impunidad de los grupos o personas de poder. Aún hay obstáculos para investigar y sancionar graves delitos”, señaló la experta en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, al referirse sobre la capacidad y disposición del sistema judicial para reducir el nivel de impunidad que opaca la verdad en el país.
Desde hace décadas, delitos como vulneraciones a los debidos procesos judiciales, crímenes de lesa humanidad, corrupción política y tributaria, asesinatos extrajudiciales, abusos en el sistema penitenciario, crímenes de odio, desapariciones forzadas, entre otros, han hecho que El Salvador sea reconocido por el alto nivel de impunidad, según organismos internacionales.
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Aguilar, también directora del Instituto Universitario de Opinión Publica (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), afirma que la principal causa de la impunidad no han sido los pocos recursos asignados a la Fiscalía o al Órgano Judicial, sino la falta de voluntad de quienes rigen las instituciones.
“Hay falta de voluntad de los que han dirigido el país para apostarle al desarrollo de instituciones eficaces para perseguir el delito, indistintamente de quienes estén involucrados. En algunos casos, ha habido esfuerzos deliberados para debilitar las instituciones porque la existencia de una justicia efectiva se ve como amenaza a los intereses de varios grupos de poder”, indica la experta.
Por su parte, el abogado del Área de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Oscar Campos, secunda las declaraciones de Aguilar acotando que el sistema no cumple de manera eficiente con su mandato de impartir pronta y cumplida justicia, especialmente en casos en se ven involucrados altos intereses económicos, políticos o sociales.
“La falta de investigación, de enjuiciamiento y obviamente de resarcimiento del daño o el cumplimiento de la pena, ha llevado a la sociedad salvadoreña a la concepción de la inmunidad en el país”, explicó Campos.
No obstante agregó que el sistema judicial está empezando a dar pequeños pasos en la búsqueda de disminuir la impunidad, pero se debe evaluar el actuar de los jueces dentro del mismo.
La Fiscalía, desde hace muchos años, ha funcionado con una sobredemanda de casos judiciales, que se traducen en procesos atrasados, pospuestos y hasta olvidados, que quedan impunes.
En consecuencia, la directora del IUDOP opinó que la sobredemanda no solo se nutre de la elevada incidencia delincuencial, sino también de la tendencia de la Policía y Fiscalía de judicializar la mayoría de casos de infracción común, los cuales podrían resolverse por vías alternas a la prisión.
“Da pena escuchar que condenaron a alguien a cuatro años por resistencia al arresto, o a ocho años por posesión de drogas, cuando se trata de un pequeño distribuidor. Estamos frente a una tendencia de criminalización de la pobreza; se persigue con dureza a pequeños distribuidores, pero se omite la investigación o se favorece a gente que mueve grande cantidades de droga”, explicó.
Por su parte, el abogado acotó que la Fiscalía debe efectuar una depuración fiscal sin precedentes, sacar de su entramado a los malos elementos, sancionar a los que hayan incumplido la Ley y formar, capacitar, y profesionalizar a fiscales auxiliares y elementos administrativos con nuevas estrategias y políticas de investigación.
“Debe hacer un uso eficiente de los fondos de la cooperación y salir a la búsqueda de refuerzos presupuestarios tanto en el Presupuesto General de la Nación como a través de donaciones de gobiernos e instancias amigas, que le permitan aumentar sus asignaciones en áreas donde los fiscales no dan abasto” sostuvo el Campos.
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Ambos analistas coinciden en que es necesaria una reingeniería, reestructuración orgánica y funcional del sistema judicial para mejorar su funcionamiento.
“Hay que elevar la capacidad y calidad de la investigación y la persecución penal, potenciando el uso de la prueba científica, lo que permitiría elevar los niveles de efectividad en la persecución del delito. El tema de la depuración del Órgano Judicial, la FGR y la PNC sigue siendo un desafío urgente, en un contexto de corrupción institucional bastante generalizado”, aseguró Aguilar.
Asimismo, Campos manifestó que en el país se deben elevar y mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas partes del sistema de justicia para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
