spot_img
spot_img
lunes, 10 de mayo del 2021

La impunidad que carcome a El Salvador

Según analistas, la falta de investigación y enjuiciamientos ha hecho que la sociedad salvadoreña tenga la concepción de que en el paí­s no existe la justicia

spot_imgspot_img

“En El Salvador, el sistema de justicia ha sido diseñado para garantizar la impunidad de los grupos o personas de poder. Aún hay obstáculos para investigar y sancionar graves delitos”, señaló la experta en temas de seguridad, Jeannette Aguilar, al referirse sobre la capacidad y disposición del sistema judicial para reducir el nivel de impunidad que opaca la verdad en el paí­s.

Desde hace décadas, delitos como vulneraciones a los debidos procesos judiciales, crí­menes de lesa humanidad, corrupción polí­tica y tributaria, asesinatos extrajudiciales, abusos en el sistema penitenciario, crí­menes de odio, desapariciones forzadas, entre otros, han hecho que El Salvador sea reconocido por el alto nivel de impunidad, según organismos internacionales.

Lea: Impunidad: enemiga de los derechos humanos.

Aguilar, también directora del Instituto Universitario de Opinión Publica (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), afirma que la principal causa de la impunidad no han sido los pocos recursos asignados a la Fiscalí­a o al Órgano Judicial, sino la falta de voluntad de quienes rigen las instituciones.

“Hay falta de voluntad de los que han dirigido el paí­s para apostarle al desarrollo de instituciones eficaces para perseguir el delito, indistintamente de quienes estén involucrados. En algunos casos, ha habido esfuerzos deliberados para debilitar las instituciones porque la existencia de una justicia efectiva se ve como amenaza a los intereses de varios grupos de poder”, indica la experta.


Por su parte, el abogado del Área de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Oscar Campos, secunda las declaraciones de Aguilar acotando que el sistema no cumple de manera eficiente con su mandato de impartir pronta y cumplida justicia, especialmente en casos en se ven involucrados altos intereses económicos, polí­ticos o sociales.

“La falta de investigación, de enjuiciamiento y obviamente de resarcimiento del daño o el cumplimiento de la pena, ha llevado a la sociedad salvadoreña a la concepción de la inmunidad en el paí­s”, explicó Campos.

No obstante agregó que el sistema judicial está empezando a dar pequeños pasos en la búsqueda de disminuir la impunidad, pero se debe evaluar el actuar de los jueces dentro del mismo.


La Fiscalí­a, desde hace muchos años, ha funcionado con una sobredemanda de casos judiciales, que se traducen en procesos atrasados, pospuestos y hasta olvidados, que quedan impunes.

En consecuencia, la directora del IUDOP opinó que la sobredemanda no solo se nutre de la elevada incidencia delincuencial, sino también de la tendencia de la Policí­a y Fiscalí­a de judicializar la mayorí­a de casos de infracción común, los cuales podrí­an resolverse por ví­as alternas a la prisión.

“Da pena escuchar que condenaron a alguien a cuatro años por resistencia al arresto, o a ocho años por posesión de drogas, cuando se trata de un pequeño distribuidor. Estamos frente a una tendencia de criminalización de la pobreza; se persigue con dureza a pequeños distribuidores, pero se omite la investigación o se favorece a gente que mueve grande cantidades de droga”, explicó.


Por su parte, el abogado acotó que la Fiscalí­a debe efectuar una depuración fiscal sin precedentes, sacar de su entramado a los malos elementos, sancionar a los que hayan incumplido la Ley y formar, capacitar, y profesionalizar a fiscales auxiliares y elementos administrativos con nuevas estrategias y polí­ticas de investigación.

“Debe hacer un uso eficiente de los fondos de la cooperación y salir a la búsqueda de refuerzos presupuestarios tanto en el Presupuesto General de la Nación como a través de donaciones de gobiernos e instancias amigas, que le permitan aumentar sus asignaciones en áreas donde los fiscales no dan abasto” sostuvo el Campos.

Lea: Rostros de la impunidad salvadoreña.

Ambos analistas coinciden en que es necesaria una reingenierí­a, reestructuración orgánica y funcional del sistema judicial para mejorar su funcionamiento.

“Hay que elevar la capacidad y calidad de la investigación y la persecución penal, potenciando el uso de la prueba cientí­fica, lo que permitirí­a elevar los niveles de efectividad en la persecución del delito. El tema de la depuración del Órgano Judicial, la FGR y la PNC sigue siendo un desafí­o urgente, en un contexto de corrupción institucional bastante generalizado”, aseguró Aguilar.

Asimismo, Campos manifestó que en el paí­s se deben elevar y mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas partes del sistema de justicia para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

spot_imgspot_img

También te puede interesar

spot_img

Últimas noticias