Lo que está en juego es el futuro del país. La aritmética parlamentaria debe verse sólo como parte del proceso
TEGUCIGALPA – El reacomodo de la junta directiva de la Asamblea no basta para impulsar los cambios necesarios para modernizar el país. La oposición a la reforma fiscal lo pone en evidencia.
En materia de balance de fuerzas, podría decirse que El Salvador permanece en lo que en procesos de negociación o de toma decisiones se conoce como el “equilibrio de Nash”, en honor al matemático John Forbes Nash, quien ganó el nobel de economía en 1994 por aportes que ahora se usan no sólo en esa disciplina, sino que también en ciencias políticas, administración, inteligencia artificial, cibernética, etc.
La biografía que sobre él escribió Sylvia Nasar fue popularizada en la película “Una mente brillante”. Nash está casado con la salvadoreña Alicia Lardé, quien ha sido su soporte intelectual, emocional y económico para enfrentar su esquizofrenia y producir sus teorías.
Retomando el tema: el punto central no es si el Frente o el gobierno son o no capaces de ganar una votación en la Asamblea. La primera pregunta a responder es: ¿qué implican los “entendimientos” aritméticos que permiten tales victorias? Sería un error verlos sólo como posibilidades para concretar micro objetivos, como una ley o un préstamo o la recomposición de la junta directiva de la Asamblea.
La segunda pregunta es justamente: ¿el verdadero balance de fuerzas en el país, y no en la Asamblea, permitirá al Frente impulsar las reformas estructurales que el país necesita?
Porque lo que está en juego es el futuro de El Salvador, y la aritmética parlamentaria debe verse sólo como parte del proceso. Nadie sabe qué tan profundas ni durables son las alianzas que el 31 de octubre permitieron un cambio en la directiva de la Asamblea.
Lo que se requiere es definir ese “equilibrio de Nash” en el juego del poder. Para ello, no hay más camino que la búsqueda de consensos entre todos los agentes sociales, económicos y políticos. Sin exclusión alguna. Inclusión es el nombre del juego.
El precepto básico que debe regir esos esfuerzos es que la pobreza no conviene a nadie. Ni al pobre por verse directamente afectado, ni al rico por no contar con suficientes consumidores. La clave es ampliar las capas medias, como lo están haciendo los BRIC: Brasil, Rusia, India y China
El primer escalón a alcanzar es lograr un pacto fiscal consensuado, que sirva como base sólida para un pacto social y un plan de nación que catapulte al país hacia el futuro. Debe hacerse con horizontes a largo y mediano plazo, pero sabiendo que estos dos inician en el corto plazo: ahora.
El empresariado salvadoreño no debería temer a un pacto de ese tipo. La modernización de la actual España, Irlanda, Finlandia o Dinamarca inició hace pocas décadas justamente con este tipo de entendimientos; y en esos países fueron empujados desde el ejecutivo por sectores de derecha que comprendieron que sólo la inclusión de todos los sectores puede superar las dificultades y limitaciones que entonces enfrentaban sus respectivos países.
La izquierda tampoco debe verlos con desconfianza. Gobiernos como los de Brasil o Chile son ejemplos a adaptar.
Un pacto debe combinar responsabilidad fiscal con estabilidad macroeconómica; elevar la calidad del gasto público, teniendo como prioridad la reducción de la desigualdad social; promover equidad en la política tributaria; dotar de mayor transparencia a la acción fiscal; favorecer el desarrollo de la institucionalidad democrática.
Recordemos que el nivel real de ingresos fiscales del país no es suficiente actualmente ni siquiera para cubrir los gastos corrientes; que la estrategia de ingresos tributarios está concentrada en impuestos al consumo, afectando a la clase media y a los sectores de menores ingresos; que el impuesto sobre la renta no se aplica proporcionalmente al ingreso percibido; que no se conocen los “resultados netos” de los incentivos tributarios a la inversión; que el gasto público no prioriza la inversión en capital humano, afectando la competitividad y la capacidad productiva del país, especialmente de los más pobres; que evasión, elusión y contrabando son un pesado lastre para el desarrollo nacional.
A esa problemática actual se agrega la que deberá enfrentarse en el mediano plazo, como prever que en pocas décadas terminará el “bono demográfico”, por lo que se requiere empezar desde ya a reformar los sistemas previsionales y a vigilar el gasto sanitario.
Esa es la realidad que debe enfrentar el país para que sea gobernable. Y en ese “enfrentamiento” deben jugar un papel primordial los partidos políticos, si quieren aumentar su credibilidad real.
Se requiere seriedad para solucionar los problemas de fondo que aquejan al país. Para ello deben alcanzarse consensos amplios, y no sólo sumar diputados en el marco de alianzas con horizontes, intensidades y durabilidades desconocidas.
No basta con dominar la Asamblea. Es la hora de buscar consensos.
