Zarko Pinkas-Ramírez |
Decidí volver a estudiar a los 54 años. No por ocio, no por vanidad académica ni para quitarle oportunidades a nadie más vulnerable, sino por una razón profundamente humana: seguir creciendo, reconfigurar mi vida, adquirir nuevos conocimientos y mantener activa la mente en una etapa en la que la sociedad suele empujar a las personas hacia la resignación. Elegí la Universidad de El Salvador porque se presenta —en su discurso institucional y en su imagen pública— como una institución gratuita, accesible e inclusiva o eso creía.
Esa fue la idea que recibí no solo desde la narrativa general, sino también en conversaciones directas con personal administrativo, oficina de nuevo ingreso y otras unidades donde hasta hablé sobre la posibilidad de equivalencias por materias ya cursadas. Siempre expusé mi realidad de ser ya titulado. Hablé con al menos tres o cuatro personas dentro de la institución. El mensaje fue reiterado y consistente: “No se preocupe, esto es gratis; lo único que corre por su cuenta son libros, materiales o algunos exámenes.”
En ningún momento, se me informó que haber cursado estudios universitarios previos —una licenciatura entre 1990 y 1996 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, un diplomado y estudios de maestría entre 2000 y 2002 en la Universidad de Chile— podría convertirse en un impedimento automático para acceder a la exoneración de cuotas. Nadie advirtió que ese antecedente académico sería usado como criterio para excluirme del beneficio de gratuidad, sin importar mi situación económica actual, que hoy es radicalmente distinta a la de hace décadas.
La vida cambia. Los ingresos cambian. La estabilidad se erosiona. Pero aquí, estudiar en el pasado parece convertirse en una condena permanente en el presente.
La notificación no llegó mediante una conversación humana, una orientación responsable o una advertencia previa, sino a través de un mensaje frío en el sistema digital: “No puedes exonerar. Eres titulado de universidad externa a la UES.”
Esto sucedió el 22 de enero y yo el 23 en la mañana ya estaba en la Universidad Nacional de El Salvador para hablar del tema.
Sin contexto. Sin explicación. Sin oportunidad de preverlo. Para entonces, yo ya había invertido meses en trámites, preparación académica para el éxamen de admisión como nuevo ingreso, exámenes médicos, desplazamientos, tiempo, dinero y expectativas. Incluso realicé pruebas médicas invasivas, de las cuales no me quejé, —exámenes de sangre, orina, heces— como parte de un proceso institucional que luego resultó irrelevante frente a una restricción que nadie se dignó a informar desde el inicio.
El problema no es solo económico. Es comunicacional, ético e institucional.
Después de más de un año y medio de gestiones, consultas, procesos y esperas —incluyendo una pausa obligada por motivos de salud—, la única alternativa ofrecida fue inscribirme, pagar matrícula y cuota, e ingresar a un procesode análisis socioeconómico largo, invasivo e incierto, que no garantiza exoneración, sino apenas la posibilidad de una reducción parcial. Un procedimiento que exige declaraciones juradas, comprobantes múltiples, información privada, documentación extensa.
Incluso se me exigió entregar fotografías del hogar y, de forma inaceptable, fotografías de mi madre. Me negué rotundamente. No voy a exponer a una mujer de 80 años —mi madre— a un procedimiento que vulnera su dignidad, más aún considerando las experiencias traumáticas que vivimos en Chile durante la dictadura.
No se trata de un simple trámite administrativo en el área la Unidad de Estudios Socioeconómicos (UESE) : se trata de respeto. Una cosa es solicitar información sobre la vivienda; otra muy distinta es pretender convertir a un familiar en objeto de inspección. Ese momento marcó un quiebre definitivo: entendí que estaba frente a un proceso que pasa por encima de derechos básicos y que normaliza la invasión a la vida privada. Entonces qué oportunidad tengo para recivir un trato justo en una evalución para conseguir una rebaja de la cuota que asignan, cuota que según se me informó al principio no sería pagada por el tema de exoneración.
Todo esto, además, en un escenario donde el error inicial fue institucional: la información no fue clara, no fue oportuna y no fue transparente.
Aquí emerge una cuestión más profunda: ¿por qué una persona es castigada por haber estudiado antes?
Esto reproduce el mismo patrón que el edadismo: marcar, etiquetar y limitar a alguien por su edad o por su historia. En este caso, se marca a una persona por haber tenido, hace 20 o 25 años, la posibilidad de cursar una carrera —becado, endeudado o ahorrando— como si eso la descalificara para siempre de recibir apoyo público.
Es una lógica punitiva: si lograste estudiar una vez, ya no mereces apoyo nunca más.
Y no se trata de negar oportunidades a quienes hoy tienen mayores necesidades. Se trata de preguntarse por qué la educación pública convierte los logros pasados en motivos de exclusión presentes, en lugar de evaluar la realidad económica actual con criterios humanos, actualizados y justos.
Nadie que regresa a estudiar en la madurez lo hace para desplazar a otros. Lo hace por dignidad, por salud mental, por deseo de seguir participando en la vida intelectual, por resistencia a la marginación cultural de la edad. Convertir ese impulso en una carrera de obstáculos burocráticos —y además comunicar las restricciones tarde— no solo desalienta: humilla, desgasta y contradice el discurso de inclusión que la universidad pública proclama.
Mis últimos pasos fue ir a consultar sobre esta situación del “No puedes exonerar. Eres titulado de universidad externa a la UES.” Aunque la mayoría de personas con las que expusé la situación fueron amables. El problema no es individual; es estructural. No hubo disculpas institucionales, no hubo reconocimiento del daño causado por la desinformación, no hubo una solución coherente. Solo reglamentos tardíos, trámites excesivos y una respuesta que llega cuando el tiempo, la energía y la ilusión ya han sido gastados.
Yo quería estudiar. Me había hecho planes. Me había ilusionado. Estudiar, a esta edad, no es un capricho: es una forma de mantenerse vivo intelectualmente. Pero esta experiencia deja claro que, en la práctica, la educación pública todavía puede convertirse en un filtro excluyente que castiga la trayectoria, penaliza el pasado y desalienta el deseo legítimo de aprender.
No escribo esto por revancha. Lo escribo porque la Universidad Nacional de El Salvador (UES) debería ser más transparente, más humana, más justa y más coherente con los valores que dice defender.
La educación pública no debería ser gratuita solo en el discurso.
Debería ser clara, digna, responsable y respetuosa para aquellos quienes todavía creen en ella.
