La derecha ante el segundo gobierno de izquierda (II)

A lo largo de 2015, cada sector de la derecha hizo lo propio en su campo de acción correspondiente. La derecha mediática puso su mejor empeño en dejar estampada en el imaginario colectivo la creencia de que nunca el paí­s habí­a estado tan mal en materia de seguridad y de dificultades económicas, y que ambas situaciones eran responsabilidad directa del Presidente Sánchez Cerén. En el tema de la violencia, los medios de derecha se las ingeniaron para generar zozobra colectiva, a partir no tanto del conteo diario de asesinatos, sino de la irradiación del mensaje de que cualquiera, en cualquier lugar y momento, podí­a ser una ví­ctima de criminales que tení­an doblegado al gobierno.

Desde la Asamblea Legislativa, ARENA asumió firmemente una postura de bloqueo a iniciativas encaminadas a dotar de recursos financieros al gobierno, para potenciar sus capacidades para el combate del crimen. Este proceder no se limitó al recinto legislativo, sino que trascendió hasta la Sala de lo Constitucional del Corte Suprema de Justicia que hizo lo propio para bloquear recursos financieros claves para la gestión  del gobierno en el área de seguridad.

A su vez, voceros del partido o ligados, de una u otra forma,  al mismo ocupaban espacios mediáticos no sólo para difundir la tesis del fracaso del gobierno en materia de seguridad, sino para dejar incrustada en la mente de la gente la idea de que la inseguridad era culpa del gobierno y, en concreto, del Presidente Sánchez Cerén.

El guión fue el mismo para el tema económico. Las elaboraciones mediáticas sobre la difí­cil situación económica culminaban con la afirmación de la responsabilidad presidencial en la crí­tica situación económica. En la Asamblea Legislativa ARENA jugaba su papel bloqueando iniciativas –impositivas y de préstamos, por ejemplo— orientadas a propiciar un mejor desempeño económico y social.  

Y en ambos temas, la voz de la ANEP se hizo sentir con agresividad, fanatismo y una dosis alarmante de irracionalidad. Lo propio de esta gremial empresarial fue, en primer lugar, sostener que la inseguridad era un impedimento para el desarrollo económico; y, en segundo lugar, proclamar que el gobierno era incapaz de combatir el crimen y, por tanto, era incapaz de generar un clima económico favorable para la inversión nacional e internacional. A esos dos aspectos, se añadió una doble acusación: la de ser un gobierno que, por su filiación socialista, amenazaba las libertades empresariales; y la de ser un gobierno poco transparente que fomentaba la corrupción y el abuso de los recursos públicos.

En torno a cada uno de esos tópicos, la ANEP realizó verdaderas cruzadas no sólo de cara a influir en la opinión pública, sino para para llevar a la práctica sus apreciaciones. Por supuesto que en su lectura de la realidad nacional siempre hubo una gran ausencia: la historia del paí­s, por lo menos desde 1989 hasta 2009.

Esta gran ausencia permitió que la ANEP hablara de inseguridad y de violencia sin referirse al fracaso de la gestión de ARENA frente a esas problemática; o que hablara de transparencia y corrupción –como sucedió en la ENADE 2016— sin hacer referencia a los elevados niveles de corrupción en los 20 años de ARENA.

Además, su lectura de la realidad en clave ideológica le impidió –lo mismo que a la derecha mediática y polí­tica— aceptar los modestos logros económicos del gobierno, incluso cuando estos ya eran evidentes. También su ideologización le impidió entender el sentido de los llamados al diálogo realizados por el Presidente Sánchez Cerén. Por su parte, las propuestas del gobierno en torno al aumento del salario mí­nimo y a la reforma de pensiones fueron un terreno abonado no sólo para que la ANEP pusiera de manifiesto sus fobias y prejuicios antigubernamentales, sino para que lanzara fieros ataques al Presidente de la República y a miembros del Gabinete de Gobierno.

Cabe presumir que desde el cierre de 2015 la derecha (en sus tres sectores) comenzó a preparar sus baterí­as para hacer imposible la culminación del segundo año de gobierno. Y es que 2016 inició con un clima de agresividad que hací­a sospechar de una campaña bien orquestada encaminada a desestabilizar al gobierno e incluso a intentar un golpe de Estado.

A los ejes de ataque reseñados se sumó la estrategia de movilización coordinada de “sectores sociales” que en las calles exigirí­an la renuncia del Presidente Constitucional de la República. Todo ello animado y difundido a través de mensajes en redes sociales, mensajes en lo que se difamaba al Presidente, a funcionarios públicos y al FMLN. En las ví­speras de la Semana Santa de 2016 el clima de tensión generado por esta ofensiva era ciertamente preocupante, sobre todo por las consecuencias que sobrevendrí­an si la derecha no se detení­a en sus intentos desestabilizadores.

Un conflicto socio-polí­tico de envergadura se dibujaba en el horizonte del paí­s, un conflicto que, de desencadenarse, pudo haber dado al traste con las conquistas democráticas obtenidas desde 1992. Quienes desde la derecha jugaban al golpe de Estado no parecí­an darse cuenta de –o nos les importaban las— consecuencias de su apuesta. Pero estas eran preocupantes para quienes sí­ estaban comprometidos con la democracia. El panorama, pues, era complicado. Y todo parecí­a indicar la derecha nos estaba llevando directamente a un  conflicto, del cual iba a ser difí­cil salir.

Sin embargo, inesperadamente la coyuntura nacional dio un  giro sorpresivo, cuando se divulgaron las conversaciones de dirigentes de ARENA con lí­deres de pandillas en el marco de las elecciones de 2014. El impacto de estas revelaciones fue tal que en el partido de derecha –pero también a nivel mediático y empresarial— se vio forzado a moderar sus posturas de sabotaje a los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad.

Se trató de una moderación temporal, pues poco a poco este partido ha vuelto a tomar posiciones previas al destape de las conversaciones mencionadas. Ahora bien, el esquema de coordinación desestabilizadora, diseñado y puesto a operar al menos desde enero, parece que se trastocó hacia el mes de marzo.

Es posible que vuelva a activarse. Hay   que estar atentos a ello, pues se trata de un esquema no sólo peligroso para la estabilidad del paí­s, sino antidemocrático. No se pueden obviar algunas señales de cambio en las filas de la derecha que pueden ser poco favorables a prácticas desestabilizadoras y antidemocráticas.

Una señal importante es el cambio operado en la Junta Directiva de la ANEP que podrí­a dar paso a la expresión de dinámicas empresariales menos confrontativas y más dialogantes. Otra señal es la que se deja ver desde sectores de ARENA no sólo más pragmáticos, sino insatisfechos con la ética polí­tica de dirigentes que se atrevieron a pactar con lí­deres de pandillas temas que afectan la institucionalidad de El Salvador. Habrá que esperar a ver cómo se concretan esas señales a partir del 1 de junio, que es cuando la derecha salvadoreña seguramente comenzará a delinear de nueva cuenta las rutas de su comportamiento y discurso frente al gobierno.