“Cuando velé a mi niña algo me decía en mi corazón que el criminal estaba dentro de la familia Miranda”, fueron las palabras de Hilda Jiménez, madre de Katya Miranda, durante una entrevista realizada en 2009 por un medio local. La niña fue violada y asesinada en 1999, hace 18 años. El crimen continúa impune.
En abril de 1999, Katya y su hermana fueron llevadas por su familia paterna a un rancho, propiedad de su abuelo ubicado en la Playa Los Blancos, departamento de La Paz. La madrugada del 4 de abril, Katya fue abusada sexualmente y brutalmente asesinada. El actor intelectual del crimen, presuntamente, habría sido su abuelo, Carlos Miranda, en presencia de más cómplices.
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Han pasado 18 años desde que le cegaron la vida a Katya. Su abuelo fue condenado a 13 años de prisión por el delito de secuestro; sin embargo, por el abuso sexual y su asesinato nadie paga. El caso nunca se aclaró y se convirtió en un símbolo de la impunidad contra crímenes cometidos a la niñez y adolescencia del país.
Ante esto, el exdirector del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Benjamín Cuéllar, quien acompañó en su calidad de abogado a la madre de Katya en el proceso judicial, dijo a ContraPunto que la Fiscalía, representada en ese entonces por Félix Garrid Safie, contribuyó a que el caso quedara sin resolverse.
“Armaron un paquete que estaba amarrado con impunidad, o sea, acusaron de un delito que nunca existió: secuestro agravado en grado de tentativa, pero por su violación y asesinato no hicieron nada. Este es un caso emblemático de la impunidad. Este fue el primer caso de abuso a niñas que litigamos desde el IDHUCA”, dijo Cuéllar.
En consecuencia y ante todos los casos de violaciones sexuales que ocurren en el país contra la niñez, el abogado considera que la falta de denuncia, el temor de las víctimas y la falta de confianza en las instituciones judiciales contribuyen a que la impunidad siga en aumento.
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A partir del caso de Katya, se decretó cada 4 de abril conmemorar el Día Nacional para la Erradicación de la violencia sexual ejercida contra las niñas y niños de El Salvador. Sin embargo, los crímenes siguen. Según datos del Instituto de Medicina Legal (IML), entre 2015 y 2016 fueron examinadas 10 mil 546 niñas que fueron violadas; el 16% de estas tenía tan solo 14 años de edad.
De acuerdo a datos proporcionados por Plan Internacional El Salvador, organización que busca mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, en 2016 se registraron 3 mil 947 denuncias por delitos sexuales, de los cuales, 2 mil 253 fueron cometidos a menores de 17 años de edad.
El gerente de programas de la organización, Adolfo Vidal, dijo que la situación de violencia sexual contra la niñez es crítica, sobre todo por el sobre registro que existe en las instituciones sobre delitos sexuales.
“La cantidad de casos denunciados no corresponde a la cantidad de casos que realmente ocurren. De los casi cuatro mil casos que se reportaron en 2016; más de dos mil eran de niñas, significa que estamos ante una situación preocupante, pues el 80% de las víctimas son niñas”, detalló Vidal.
De los casos más alarmantes que han ocurrido en los últimos días en el país, es el de un exagente de la División de Protección de Personalidades (PPI) de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue condenado, en febrero pasado, a 80 años de prisión por el delito de violación en menor incapaz.
El exagente dijo a los medios de comunicación que había violado a sus cuatro hijas porque no iba a estar dándoles crianza “para que fueran de otros hombres”. “A mí me costaban sudor y trabajo, por eso yo tenía que aprovechar primero”, dijo el acusado.
Ante estos casos, Vidal asegura que el 70% de abusos son cometidos por personas que están dentro del seno familiar. “El agresor busca y aprovecha esos espacios de confianza entre a niña y el niño, en esto construye toda la ideación de cómo va a cometer el acto sexual y el abuso”, advirtió.
