El Juzgado 4° de Instrucción, en audiencia especial de revisión de medidas, resolvió que Julio Humberto Rank Romero, acusado casos especiales de lavado de dinero y de activos, continúe con la detención provisional, porque a juicio del juez Rigoberto Chicas, no han variado los elementos que justificaron su detención, entre estos el peligro de fuga y la posible obstaculización en la investigación.
En la audiencia especial estuvo la representación fiscal que solicitó al juez mantener la medida de la detención provisional.
De acuerdo con un boletín difundido por prensa del Centro Judicial “Isidro Meléndez”, la diligencia judicial fue solicitada por el equipo de abogados del procesado quienes expresaron que pidieron la revisión porque la Cámara Primera de lo Penal en aquel momento, manifestó que era procedente decretar la detención por estos dos supuestos.
Lea también: Así habría lavado más de $20 millones el expresidente Saca
No obstante, a juicio del abogado defensor, Lisandro Quintanilla, ya no se justifica la detención, pues su cliente no ha obstaculizado el proceso y que al contrario, las dificultades que tiene la Fiscalía y los peritos tienen que ver más con el volumen de información y la diligencia que hace falta.
El pasado 4 de mayo, el Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador, a petición de la Fiscalía, otorgó prórroga por un periodo de seis meses más al plazo de instrucción de la causa penal contra el expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus colaboradores. Según la Fiscalía General de la República (FGR) lo solicitaron por considerar que se trata de delitos cuya investigación es compleja y con multiplicidad de eventos por lo que pasa del 31 de mayo al mes de noviembre próximo.
Lea también: Juicio por caso Saca deberá esperar seis meses más
Julio Rank fungió como Secretario de Comunicaciones en la gestión del expresidente, Elías Antonio Saca quien junto a Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez, Jorge Alberto Herrera, Cesar Funes y Julio Rank, son acusados de peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, delitos cometidos presuntamente en su gestión presidencial entre los años 2004 al 2009.
De acuerdo a la investigación fiscal, los fondos que presuntamente se apropiaron provienen de una cuenta institucional del Tesoro Público de la Casa Presidencial, dinero que desviaron a empresas privadas, personas naturales y jurídicas.
