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lunes, 26 de julio del 2021

Justicia y polí­tica

De tanto que se repite, ya casi es una simple verdad de Perogrullo: La politización de la justicia, más temprano que tarde, se revierte en judicialización de la polí­tica. Podrí­a ser la venganza de los jueces, cansados de tanta manipulación grosera por parte de los polí­ticos. O, también, podrí­a ser una última jugada de los propios polí­ticos que, llevando las cosas al extremo, utilizan de nuevo la justicia para arreglar sus cuentas internas y castigar a sus adversarios de partido.

No importa mucho. De cualquier manera, lo cierto es que la arbitraria intromisión de la polí­tica en el sensible campo de la justicia sólo conduce a la creciente y perversa degradación de esta última. La justicia se pervierte y desnaturaliza en la medida en que la razón polí­tica la condiciona y limita. Son dos espacios distintos, regidos por normas y estilos diferentes, con objetivos y propósitos muy diversos y hasta contrapuestos. Si se viola la frontera que los separa, se abre la puerta a la arbitrariedad y el abuso. Una justicia influida por la polí­tica no es justicia. Su esencia se deforma en el momento mismo en que los jueces pierden la objetividad y la independencia. Un juez venal, sin honestidad ni decoro, es tan peligroso como un policí­a corrupto o un soldado cobarde en el campo de batalla.

En nuestro paí­s tenemos abundantes ejemplos de ese proceso múltiple y perverso de politización y judicialización simultáneas entre la justicia y la polí­tica. No es casual, entonces, que las encuestas de opinión revelen con preocupante frecuencia el alto nivel de desconfianza que tiene la población con respecto al sistema de administración de justicia. Los jueces, los policí­as, los diputados, y los polí­ticos en general, salen siempre muy mal librados en las distintas mediciones de opinión que se hacen en el paí­s. La gente desconfí­a, duda, recela y, al final, rechaza las acciones y el desempeño público de estos actores.

Y así­ se va conformando un cuadro general de descrédito y sospecha permanente en torno a importantes instituciones del Estado y la sociedad. La falta de confianza, a su vez, se traduce en déficit de legitimidad polí­tica y social, lo que al final desemboca en debilidad institucional y degradación del Estado de derecho. La politización de la justicia y su reverso inevitable – la judicialización de la polí­tica – conducen, finalmente, hacia el fracaso institucional de la sociedad y el riesgo seguro de un Estado fallido.

En los últimos dí­as hemos podido asistir a una especie de “streap tease ético” de la mal llamada clase polí­tica de nuestro paí­s. Acusados en los tribunales y acosados por el repudio público, muchos de sus dirigentes no han vacilado en despojarse de sus máscaras y mostrar a la sociedad sus verdaderos rostros. Sin vergüenza alguna, intentan manipular las leyes, reformándolas en público o en privado, modificando sus formas y contenidos, adaptándolas a su propia conveniencia con el único fin de blindar el régimen de impunidad del que han gozado siempre y quieren seguir disfrutando. Esa burda manipulación de la justicia no serí­a posible sin la complicidad abierta o discreta de actores clave dentro del sistema de administración de la misma. Esa colusión entre polí­ticos corruptos y operadores de justicia complacientes, se traduce en una deformación total de las leyes y genera preocupante pérdida de confianza y respeto por parte de la población ofendida. De esta forma, el gobierno, que ya padece una bien merecida pero preocupante falta de legitimidad, fruto del fraude electoral de noviembre pasado, se debilita cada dí­a más y, al mismo tiempo, sucumbe cada vez con mayor intensidad a las peligrosas tentaciones autoritarias y represivas. Un gobierno en proceso de debilitamiento tiende a buscar en la represión la fortaleza que no consiguió en las urnas. Sucumbe al delirio autoritario y pide en los cuarteles el apoyo que le negaron en los votos. Pero se equivoca. El respaldo castrense, equivalente a un beso envenenado, no lo fortalece sino que, a la larga, lo debilita más, porque lo aleja del pueblo y lo acerca al precipicio. Y cuando ese momento llegue, no habrá justicia politizada ni polí­tica judicializada que lo rescate del inevitable derrumbe.

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