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martes, 21 de septiembre del 2021

Justicia suspende audiencias a ex-ministros Munguía Payés y René Figueroa

La FGR informó que René Figuero negociará el pago de $3.7 millones de dólares, por lavado de dinero; y que Munguía Payés sostiene que el juzgado no es competente en el caso.

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Los ex-titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, René Figueroa y del Ministerio de la Defensa, David Munguía Payés, confrontan la justicia salvadoreña, al ser señalados por los delitos de lavado de dinero y los de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, cada uno. No obstante, las diligencias de la fase de instrucción, tramitadas para éste día, fueron suspendidas tanto por los árbitros de justicia, con admisión de la Fiscalía General de la República (FGR), para negociar criterios de oportunidad.


Según lo detalló ésta tarde la representación fiscal, en el caso de Figueroa, que también implica a su esposa Cecilia de Figueroa, las partes procesales han determinado proceder con la verificación de un “procedimiento abreviado”, así como con la devolución de un monto de $3.7 millones de dólares, a través del valúo de inmuebles con el mismo valor, en concepto de responsabilidad civil, a favor del patrimonio del Estado.

Si bien, de lo que se le está exigiendo, todavía no hay un acuerdo total. Pero eso depende del valúo de unos inmuebles por los cuales el señor Figueroa y su esposa pretenden pagar la responsabilidad civil; y para eso es necesario que se realice su valúo, que aún no se ha elaborado”, detalló la representación fiscal.

Por otra parte, el árbitro de justicia del Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador, admitió la suspensión la la audiencia programada para ésta tarde, que involucra a Payés. De acuerdo con la FGR, la diligencia cumplía con el requerimiento solicitado por la defensa el pasado viernes, en el que demandaba la excepción del caso, al considerar que “el tribunal no es competente para conocer el caso, en razón de que considera la defensa que no estamos ante criminalidad organizada, situación que la representatividad fiscal no comparte, en virtud de que se presentó la imposición de medida”.

Ésta representación fiscal fundamentó, en debida forma, los hechos por los cuales se le está imputando, y las consideraciones por las cuales es crimen organizado, en el caso de que una estructura de organizada, enquistada en el aparato estatal de aquel entonces, propició el cometimiento de fehacientes ilícitos penales, al interior de los centros penales, así como también la facilitación para que estructuras pandilleríles pudieran seguir cometiendo actos ilícitos, ordenados dentro de los diferentes centros penales, y otros ilícitos que cometían los facilitadores de la misma Tregua”, detalló a la prensa.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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