España ya ha solicitado formalmente la extradición de los 17 ex militares que estás acusados de haber planeado y asesinado a los sacerdotes jesuitas y a dos de sus empleadas en aquel siniestro 16 de noviembre de 1989.
El canciller García-Margallo fue muy diplomático, pero en términos concretos, lo que pidió es que el caso llegue a su conclusión y que los sistemas judiciales lo resuelvan: La Audiencia Nacional Española ha pedido la extradición y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador dijo que el fallo que dejó libre a los ex militares en 2012 fue “un error contra natura“. Quiere decir que dejó nulo aquel fallo.
No hay nada que hacer, dijo García-Margallo, los ejecutivos cumplirán con lo que les corresponde; es decir, capturar a los ex militares y ponerlos a disposición de los tribunales.
Pero después de 25 años de haber terminado con la guerra en El Salvador, nunca se quiso hacer verdadera justicia en aquel hecho tan atroz; como tampoco se ha querido resolver el de Monseñor Oscar Romero ni el de Roque Dalton ni el de la masacres como las del Mozote… ni ningún otro.
Hoy que la justicia universal va a actuar varios sectores levantan la protesta y hasta lanzan amenazas de volver a la guerra.
En términos concretos que las familias de las víctimas recurran a la justicia, es su derecho. Pero además, es lo mínimo que pueden hacer para tratar de resarcir su dolor.
Los que defienden a las victimarios hablan de que el tiempo ya pasó; que si la Amnistía, que si los acuerdos de paz”¦ Pero y ¿quién repone al muerto, quién cierra la herida causada en la familia; quien sella el dolor de la ausencia?
La justicia no será jamás una declaración de guerra. Si realmente se extradita a los ex militares imputados, jamás sería responsabilidad de las víctimas, sino del Estado salvadoreño que no supo con sabiduría tomar cartas en el asunto y ofrecer las alternativas necesarias de una verdadera reconciliación.
Grave ha sido el error del Estado salvadoreño de preservar la impunidad durante casi 25 años.
