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lunes, 17 de mayo del 2021

Justicia de Nicaragua estudia legalidad en el otorgamiento de nacionalidad a Mauricio Funes

Los demandantes aseguraron que la ciudadanía de Funes es arbitraria porque no se cumplieron con los plazos establecidos en la Ley de Migración.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua se encuentra analizando la legalidad del otorgamiento de la ciudadanía nicaragüense al expresidente salvadoreño, Mauricio Funes Cartagena y su núcleo familiar.

Esta medida surge a raíz, de la admisión de un recurso de amparo que presentaron los abogados Julio Montenegro y José López contra las autoridades del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, por supuestamente haber otorgado de forma arbitraria la ciudadanía a Funes.

De acuerdo con La Prensa de Nicaragua, la admisión del recurso implica que la Sala Constitucional de Nicaragua abrirá el caso y las partes demandadas deberán dar sus alegatos, en donde los demandantes aseguraron que la ciudadanía es arbitraria porque no se cumplieron con los plazos establecidos en la Ley de Migración.

Luego la Sala Constitucional deberá pronunciarse si fue legal el proceso mediante el cual se otorgó la ciudadanía nicaragüense al expresidente Mauricio Funes, acusado en El Salvador por varios delitos de corrupción.

Los abogados pedían a la Sala Constitucional que suspendiera la ciudadanía nicaragüense a Funes y a su familia (Ada Mitchell Guzmán y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes Cañas y Mauricio Alejandro Funes Guzmán). Sin embargo, los magistrados no dieron lugar a la suspensión del acto.

Mauricio Funes se encuentra prófugo de la justicia desde hace casi dos años. En El Salvador acumula al menos cinco procesos penales. Todos por diversos delitos de corrupción.

En abril de 2019, el juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó capturar a Funes por el delito de evasión fiscal en perjuicio de la Hacienda Pública.

La orden de captura se formuló una semana después de que la Fiscalía acusara al exmandatario de no pagar más de $375,000 en impuestos en el período fiscal de 2014.

La Fiscalía empezó a ver irregularidades en los movimientos bancarios de Funes cuando detectó la emisión de varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre, sin justificar la procedencia de los fondos de la misma.

Con esa acusación, Funes sumó la quinta orden de captura por delitos de corrupción.

Además de ese caso, Funes  encara otros cuatro procesos judiciales. Por una parte, está señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.

La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.

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