El Salvador está a la expectativa de la apertura en Madrid del juicio por la Masacre Jesuita, ocurrida en 1989, durante guerra civil (1980-1992), por el arribo del exoficial Inocente Montano, uno de los implicados del crimen, que activistas humanitarios locales esperan un fallo condenatorio.
Benjamín Cuellar, del Bufete para la Justicia y los DDHH, aseveró que espera que "el fallo final sea condenatorio; la querella está preparada desde hace mucho tiempo, ya se presentaron todas las pruebas, los testimonios, el peritaje".
Cuellar fue en los últimos 30 años Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), fundado por el jesuita español Segundo Montes, uno de los asesinados en aquel 16 de noviembre de 1989, crimen ordenado, entre otros por Montano, quien fue extraditado de Estados Unidos a España para enfrentar juicio por el grave delito.
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Eloy Velasco reclamaba la presencia de más de 15 oficiales y soldados acusados de actos terroristas y asesinato por los jesuitas, sin embargo el Estado Salvadoreño se negó a extraditar a los oficiales reclamados, sólo Washington entregó a Montano, a quien catalogó como criminal de lesa humanidad.
"El resto de militares implicados que el Gobierno salvadoreño y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron que no se extraditaran y los protegieron, tendrán su condena dentro de las fronteras de El Salvador como prisión. Habrá una condena moral y ética contra el grupo de militares autores materiales e intelectuales”, aseveró Cuéllar.
Por su parte, el director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, opinó vía telefónica desde Madrid, que "este proceso puede arrojar informaciones muy importantes para el esclarecimiento de todos los responsables intelectuales de la masacre jesuita", en la que murieron seis sacerdotes, cinco de ellos españoles, así como dos mujeres empleadas de éstos.
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Montenegro también reveló que Montano, según investigaciones de la CDHES, es autor de al menos 240 actos violatorios a los derechos humanos durante la guerra, cuando fue jefe de unidades militares contrainsurgentes y al llegar a la jefatura del Viceministerio de Seguridad Pública. Se le responsabiliza de torturas, desapariciones, masacres y asesinatos, entre otros delitos.
En El Salvador, internamente, debemos continuar impulsando luchas y reclamos a fin de que el sistema judicial sea más operativo y responda a las necesidades de las víctimas, porque hasta el momento ha actuado de acuerdo a los intereses de grupos de poder político y económico, apuntó Montenegro.
Finalmente, el ministro de la Defensa Nacional, general David Munguía, apuntó que los intentos de reabrir "casos de la guerra, es gastar energía, cuando lo que debemos hacer con esas energías es construir juntos el futuro".
La sociedad de defensores de los derechos humanos de El Salvador acusan al ejército salvadoreño de no entregar los archivos de la época de la guerra de dónde se podría recabar información para esclarecer desapariciones de civiles, masacres y otros delitos de lesa humanidad durante la guerra civil.
