Por Alonso Rosales
Un juez federal de Estados Unidos reabrió la investigación para determinar si el Gobierno de Donald Trump incurrió en desacato al ordenar el envío de más de 200 migrantes —en su mayoría venezolanos— hacia El Salvador, pese a que existía una orden judicial que prohibía esos vuelos. La decisión reactiva un caso de alto perfil que involucra tensiones políticas, decisiones ejecutivas extraordinarias y el uso de legislación histórica para justificar expulsiones aceleradas.
La investigación fue retomada por el juez James Boasberg, luego de que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia levantara la pausa que detenía el proceso. Según reportó el Washington Post, el magistrado confirmó en una audiencia que retomará las diligencias necesarias para determinar si existen bases suficientes para recomendar un proceso por desacato contra funcionarios del entonces gobierno estadounidense.
Boasberg hizo una aclaración clave: su labor no consiste aún en decidir si hubo desacato, sino en evaluar si hay evidencia suficiente para remitir el caso a otra instancia encargada de determinarlo. No se trata todavía de sanciones, sino de establecer si la desobediencia fue deliberada y contraria a la Constitución.
Testigos y acusaciones dentro del Gobierno estadounidense
El juez anunció que al menos dos funcionarios serán citados. El primero es Erez Reuveni, exabogado del Departamento de Justicia (DOJ), quien fue despedido y denunció irregularidades en la ejecución de los vuelos. El segundo es Drew Ensign, también abogado del DOJ, acusado por Reuveni de haber proporcionado información engañosa al tribunal sobre los traslados.
Estas declaraciones podrían clarificar lo ocurrido los días en que los vuelos despegaron hacia El Salvador, pese a la orden expresa de suspenderlos. En un fallo de más de 40 páginas publicado en abril, Boasberg señaló que la administración actuó con “completo menosprecio” hacia la autoridad judicial, advirtiendo que permitir al Ejecutivo ignorar mandatos judiciales “convertiría en burla solemne a la Constitución”.
El episodio se originó tras la decisión del Gobierno Trump de activar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un marco legal diseñado para tiempos de guerra. Bajo esta figura, expulsó a cientos de venezolanos acusados de supuestos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua. El juez Boasberg bloqueó el uso de esa ley cuando dos aviones ya estaban en vuelo. Ordenó su retorno inmediato, pero las aeronaves no regresaron y aterrizaron en El Salvador.
Llegada a El Salvador: el papel del CECOT
Los migrantes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel de máxima seguridad salvadoreña. El ingreso de estos más de 200 venezolanos —y al menos un salvadoreño, Kilmar Ábrego García— generó cuestionamientos dentro y fuera del país sobre el tipo de cooperación que existió y sobre los procedimientos aplicados para recibir a personas expulsadas bajo una figura legal extraordinaria.
El caso de Ábrego García se volvió un punto central del litigio, ya que posteriormente fue devuelto a Estados Unidos por orden de un juez federal.
Para El Salvador, el episodio abre interrogantes sobre la coordinación bilateral en temas migratorios, los límites jurídicos en casos de expulsiones aceleradas y el papel de sus instituciones ante ingresos que no correspondían a un procedimiento regular de deportación.
Implicaciones regionales y políticas
El conflicto legal ha escalado también en el terreno político. Tras la reanudación del proceso, el expresidente Trump insinuó que el juez Boasberg debería enfrentar un juicio político, aumentando la atención pública sobre el caso en un momento de fuerte polarización en Estados Unidos.
Para Centroamérica y especialmente para el público salvadoreño, la evolución de esta investigación se convierte en una referencia clave para entender hasta dónde pueden llegar las medidas ejecutivas en materia migratoria y cuál es la capacidad del sistema judicial estadounidense para contener excesos del poder político.
Un caso que seguirá bajo observación internacional
La investigación recién retomada señala que el caso está lejos de concluir. Lo que determinen los testigos y el análisis del tribunal definirá si se remitirá el caso por desacato, y podría incidir en discusiones futuras sobre el uso de leyes antiguas para expulsiones masivas.
Aunque el episodio ocurrió bajo jurisdicción estadounidense, sus repercusiones han atravesado fronteras. Gobiernos, organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes seguirán de cerca un proceso que toca temas clave: derechos de los migrantes, separación de poderes y cooperación internacional en contextos de crisis.
FUENTE EL SALVADOR .COM
