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martes, 21 de septiembre del 2021

Jesuitas: Necesidad de conocer la verdad

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TEGUCIGALPA – La reciente orden de captura emitida por Interpol contra nueve militares en retiro –más el fallecido general René Emilio Ponce- acusados de la autoría intelectual del asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras, saca a luz la fragilidad de una justicia negociada en el país. Retomo por ello el artículo que publiqué en noviembre de 2009 en “Contrapunto”, y cuyo vínculo está al final de éste.

La debilidad de la justicia se pone en evidencia desde el simple hecho que los implicados conocieran con anticipación la orden de captura, permitiéndoles evitarla al presentarse a las instalaciones de la ex Guardia Nacional buscando resguardo, protección impensable para cualquier otro acusado en cualquier país donde la justicia se aplique a todos por igual. Aún más impensable en la época cuando estos señores estaban de alta, y peor en ese lugar de nefasta recordación.

No tardaron en salir a los medios sus defensores gratuitos: unos dicen que es una injerencia de la justicia española, sin considerar que las violaciones a los derechos humanos pertenecen al derecho internacional, en los que hay tratados de los que El Salvador es signatario.

Los defensores de los militares sostienen que, de aprobarse el requerimiento español, estaría en riesgo el “afamado modelo de pacificación salvadoreño”. ¿Puede alguien decir que acallar las armas es igual a pacificación, cuando los problemas del desarrollo no han sido enfrentados ni por los gobiernos de los “h-unos” ni por el de “los otros”? Mandela sí logró un consenso para la pacificación en su aún más convulsionado país, pero lo usó además para generar progreso, al grado que hoy Sudáfrica ocupa una silla en los BRICS. ¡Eso sí es un modelo exitoso!

Otros defensores dicen que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, olvidando que su sobreseimiento en el 2000 fue porque supuestamente el caso había prescrito, y es por ello que los familiares de los jesuitas tuvieron que abrir acusación fuera de El Salvador. Debe tenerse presente además que se trató de desaparecer las pruebas que comprometían a los autores intelectuales de estos crímenes, como indica un memorándum de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos del 5 de marzo de 1992, citado en mi primer artículo sobre el asesinato de los jesuitas: “Desafortunadamente, fueron destruidos todos los expedientes correspondientes a la presencia de algunos de estos oficiales en la reunión de la Escuela Militar” 

Asimismo, en el mismo artículo cito al numeral 141 del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre estos hechos:  “…la CIDH concluye que la investigación emprendida por el Estado salvadoreño con relación a las ejecuciones extrajudiciales de las víctimas no fue emprendida con seriedad ni buena fe, y estuvo orientada a encubrir a algunos de los autores materiales y a todos los autores intelectuales del delito” (lo subrayado es mío).

Así como la iglesia tiene derecho a conocer la verdad para identificar a quién deberá perdonar, así también los familiares de las víctimas tienen derecho a pedir castigo, y las instituciones del Estado  -por su parte-  tienen la obligación de hacer un análisis objetivo para impartir justicia sin componendas. Justicia pura y llana, la que tiene como requisito básico conocer la verdad, sin ocultarla o acomodarla entre arreglos de ningún tipo.

Para mantener el caso envuelto entre tinieblas no puede invocarse amnistías acordadas entre grupos a los que los jesuitas no pertenecieron. Si dos bandos que estaban enfrentados deciden amnistiarse sus pecados recíprocamente, ¿por qué ese pacto debe cubrir a quienes no pertenecían ni a un grupo ni al otro?

Los jesuitas fueron víctimas de la intolerancia: los “otros” los juzgaban “poco claros” políticamente por pensar sin esquemas, mientras que los “h-unos”  los consideraban enemigos por usar el pensamiento crítico para el análisis científico que realizaban como académicos. La intolerancia de los últimos llegó a tal extremo que los mandaron a eliminar, como se demostró en el juicio donde se condenó a algunos de los autores materiales de los crímenes, previo a amnistiarlos.

¿Cuáles son las probabilidades que la Corte Suprema de Justicia salvadoreña acepte la petición española? Muy bajas, por los antecedentes: el IDHUCA ha recordado que hace aproximadamente un año dicha Corte recibió solicitud del juez Eloy Velasco para que enviara copia certificada de los procesos seguidos en El Salvador contra estos imputados, y la CSJ rechazó tal solicitud. Preguntémonos entonces por qué razón la misma Corte salvadoreña aceptaría ahora esta otra solicitud, que llega más al fondo del tema al pedir la captura de los indiciados.

Asimismo, debemos traer a la memoria el numeral 142 del informe de la CIDH: “El poder judicial se prestó para llevar a cabo un proceso simulado de conocimiento incompleto que configuró una denegación de justicia. Por otra parte, los otros dos poderes públicos, el legislativo y el ejecutivo se concertaron para amnistiar a quienes habían sido condenados, e impedir futuras investigaciones que pudieran culminar en la imposición de sanciones por tan horribles crímenes contra los derechos humanos” (lo subrayado también es mío). Si estas son las vísperas, puede deducirse cómo serán las navidades…

Sin embargo, aunque esos presagios llegaran a concretarse no podemos eliminar la esperanza de que todo esto deje algunas lecciones en nuestra sociedad, incluyendo en la mente de los jóvenes militares salvadoreños que están constatando que las violaciones a los derechos humanos no tienen límites temporales ni geográficos;  y que la defensa de esos derechos tiene un brazo largo para alcanzar mañana incluso a oficiales que hoy podrían moverse en los círculos más altos del poder. Esperemos que ello contribuya por lo menos a valorar la ética en la cadena de mando de esa institución “obediente y no deliberante”.

Más importante aún: si los “h-unos” y los “otros” se ven ahora obligados a razonar sobre la justicia en El Salvador y la necesidad de fortalecerla, no habrá sido en vano la muerte ni de los jesuitas y sus colaboradoras ni la de decenas de miles de personas que dieron su vida por un país mejor.

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José Arnoldo Sermeño
Ph. D. y Maestría en Demografía, Licenciatura en Ciencias Sociales y Licenciado en Ciencias Naturales y Matemática. Ex funcionario de ONU, BCIE y SICA. Salvadoreño-hondureño y columnista de ContraPunto
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