La directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) e investigadora en materia de seguridad, Jeanette Aguilar, habló con ContraPunto sobre el estado actual en que se encuentran las instituciones de seguridad pública de cara a la llegada del presidente electo, Nayib Bukele, al poder Ejecutivo.
Sobre ello, Aguilar asegura que durante los dos Gobiernos de la posguerra, administrados por el partido ARENA y FMLN, las instituciones a cargo de velar por la seguridad pública se “han desprofesionalizado”. Por ello, considera que Bukele recibirá una institucionalidad “muy débil en materia de seguridad".
¿Qué país hereda Nayib Bukele en tema de seguridad tras los dos Gobiernos de ARENA y FMLN?
Bukele hereda un institucionalidad muy débil en materia de persecución del delito, una institucionalidad en el tema policial desnaturalizada, con altos niveles de descomposición que han adoptado esquemas represivos. Esto ha dado como resultado un aumento sensible de las tazas de encarcelamiento, en la medida que se ha instalado un sistema penal que privilegia la cárcel como solución. En esta lógica se han desatendido otras expresiones de la criminalidad, como el crimen organizado o la gran corrupción que fue fomentada por las mismas redes de enriquecimiento ilícito de los gobiernos de Saca y de Funes. Había toda una espectacularización de la mano dura y las capturas masivas de pandilleros y Saca y su grupo estaban saqueando el Estado. Algo similar ocurrió con Funes, mientras el país debatía sobre la tregua entre pandillas, que si bajaban o si no bajaban los homicidios, había un esquema de corrupción que estaba saqueando los recursos públicos. Hereda un país con altos niveles de criminalidad, hereda una institucionalidad débil, grupos armados ilegales dentro y fuera de la policía que están haciendo acciones de justicia por cuenta propia y grupos dentro del Estado que se han lucrado de la dinámica de la criminalidad.
¿Qué camino debe seguir Nayib Bukele en la problemática de las pandillas?
Este es un fenómeno que se ha potencializado a partir de que el mismo Gobierno lo ha privilegiado, ha derivado en estructuras sumamente complejas, armadas, institucionalizadas que incluso tienen un perfil político. En esa lógica se requieren otros niveles de abordaje como fortalecer las áreas de rehabilitación, eso incluye una reforma al sistema penitenciario. También la necesidad de dialogar con estas estructuras para poder buscar salidas y desmontar el conflicto, esta lógica de violencia en el que han caído estos grupos, donde haya compromisos tanto del Gobierno como estas estructuras, para que puedan encontrar el camino y poder desmontar la violencia, es una salida que hay que intentar. Casi todos los partidos han negociado con las pandillas y han negociado en términos mafiosos para fines electoreros. En esta lógica hay acercamientos que si los canalizamos en positivo y no para fines personales electoreros, sino buscar ese proceso de pacificación, creo que vale la pena instalar un esquema de diálogo de mediación.
¿Cómo abordar el tema de las desapariciones?
Es importante definir un sistema unificado de registros, no se ha establecido una estadística confiable que permita estimar todo este fenómeno. Los familiares de las víctimas inician ese calvario de tocar puertas a las instituciones y no encuentran respuesta o no les toman la denuncia. Entonces la necesidad de generar un protocolo que permita establecer un sistema único de información con la caracterización de las víctimas y que a partir de ahí haya un sistema de búsqueda eficaz que permita identificar a las personas.
¿Cómo estructurar un plan de nación para encarar la problemática de la violencia?
Uno de los desafíos es avanzar en una reforma a profundidad del sistema de seguridad y del sistema de justicia. Supone depurar instituciones como la Policía Nacional Civil que por estas prácticas perversas su cultura policial se ha convertido en un factor de riesgo e inseguridad para la población. Bukele no va a poder cumplir con su promesa de dar seguridad a toda la población con esta policía, eso implica refundar la policía, iniciar un proceso de reforma que establezca nuevas bases para una institucionalidad civilística y con altos porcentajes de profesionalización. Para un problema de la magnitud que tenemos, un sistema de violencia que se ha perpetuado a lo largo del tiempo, donde participan distintos actores, que tienen respaldos de actores del Estado, se requiere de planes integrales que permitan diseñar acciones de corto y mediano plazo. La necesidad de potenciar a las instituciones. La necesidad de poner orden, pero también implica que este Gobierno respete la legalidad, la constitución, algo que hasta ahora los gobiernos de la posguerra han violentado y prostituido a su conveniencia porque ha sido fundamental para sus intereses políticos y sectoriales.
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