El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) será el ente rector del Programa Ciudad Mujer, según una de las nueve reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, con 64 votos a favor, a la normativa que rige la referida institución.
Asimismo, el ISDEMU administrará todos los bienes muebles e inmuebles, recursos materiales, financieros, montos de proyectos de inversión pública, operaciones y talento humano, entre otros, que se utilicen para la ejecución de Ciudad Mujer.
Además, se suprime de la junta directiva del ISDEMU, a la delegada propietaria por El Salvador ante la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), órgano constituido por 34 delegadas, una por cada Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), designadas por sus respectivos gobiernos.
Por lo que el ISDEMU se encargará de desarrollar y mantener espacios de diálogo, así como, suscribir convenios de cooperación con organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil para la prevención, atención, erradicación de la discriminación, la garantía de la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
También, se agrega las atribuciones de supervisión de los centros de protección de mujeres, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, y la creación de la Red de Atención y Protección para Mujeres.
Ante la aprobación de las enmiendas la diputada por el FMLN, Marleni Funes, dijo: “el problema del país no es de leyes, el problema del país es que aunque las instituciones quieran trabajar no tienen el presupuesto suficiente, por eso es que han recortado presupuesto a Ciudad Mujer”.
Por su parte, la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, sostuvo que las modificaciones a la ley le permitirán al ISDEMU crear, ejecutar, dirigir y asesorar la política pública. “No estamos cerrando Ciudad Mujer, al contrario, la estamos llevando a su lugar natural y legal, el cual es el ISDEMU. Para crear su programa, el FMLN tuvo que fundar una ONG a fin de recibir el préstamo de un banco internacional para que fuera ejecutado por la Secretaría de Inclusión Social de ese momento, en lugar de que todo fuera legal”.
