La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) presentó este lunes una demanda en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en contra de los diputados Reynaldo Cardoza, del PCN, y Carolina Rodríguez, de ARENA. El motivo, aseguraron representantes, fue por haber votado a favor de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio y al Código Electoral bajo intereses de beneficio personal.
Según los denunciantes, los parlamentarios habrían violado el artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental establece que “deberían haberse excusado de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, o parientes dentro del grado de consanguineidad o segundo de afinidad o socio tenga algún conflicto de interés“.
Lea también: Razones por las que el FMLN avaló reformas FOP y Extinción de Dominio.
“El diputado Cardoza está siendo procesado. A él se le está aplicando la Ley de Extinción de Dominio. Es una persona afectada directamente por la ley, y el concurrir con su voto obviamente lo convierte en una persona que directa y personalmente se va a beneficiar“, aseguró el director Ejecutivo del ISD, José Ramón Villalta.
Por su parte, la diputada Rodríguez habría dado sus votos igualmente para reformar el Código Electoral para permitir a los tránsfugas que participen en las próximas elecciones de alcaldes y diputados.
Según Villalta, la diputada habría cometido la misma falta a la Ley que el diputado Cardoza debido a que el esposo de esta actualmente es candidato a alcalde por el partido GANA después de haber renunciado a ARENA.
“Esto indica que la diputada también tiene un conflicto de interés porque se beneficia de manera directa a su cónyuge con su decisión“, explicó el director del ISD.
Le puede interesar: ARENA evalúa medidas para revertir reformas legislativas.
El pasado martes 18 de julio, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas entre las que se encontraba el incremento del 45% al 50% el uso de los ahorros de pensiones para el pago de las obligaciones previsionales de 199 mil jubilados, y la reforma a la ley de Extinción de Dominio, que permite que señalados de tener bienes de procedencia ilícita los puedan mantener mientras no haya un fin de juicio o una sentencia condenatoria.
El ISD espera que una posible sanción del TEG podría abrir la posibilidad para revertir dichas reformas.