Todo está listo y no hay marcha atrás. Este sábado, la ministra de Salud, Ana Orellana; y el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Frederick Benítez, deberán asistir al pleno legislativo en donde serán sometidos a un interrogatorio por parte de los diputados, para que expliquen qué acciones se tomaron cuando la población comenzó a denunciar a través de las redes sociales, que el agua potable que recibían en sus hogares tenía mal sabor y olor.
Fue a mediados de enero pasado cuando se presentó el problema; sin embargo, la reacción de los responsables no solo fue tardía sino que hasta atrevida, cuando la ministra Orellana, dijo que se podía beber y que bastaba con que se hirviera, sin que hasta ese momento se hubiera practicado un estudio.
Días después, el Ejecutivo puso en marcha un plan contingencial para llevar agua potable a la población del Área Metropolitana de San Salvador, mientras investigaban lo ocurrido. Al final se determinó que la planta potabilizadora de Las Pavas, resultó afectada por la proliferación de algas.
La contaminación del agua en el país no es nada nuevo. En febrero de 2018, la entonces ministra de Medio Ambiente y Recursos Renovables, Lina Pohl, presentó el informe “Calidad del Agua de los Ríos de El Salvador 2017”. El resultado no fue nada alentador, pues mostró que el 68% del agua del país contiene algún tipo de contaminación. El estudio se realizó con pruebas recolectadas en 117 zonas de los 55 ríos que hay en el territorio.
Solo el 32% de sitios muestreados tienen una calidad de agua "buena", considerada apta para potabilizar por métodos convencionales o para riego sin restricciones, actividades recreativas con contacto humano y consumo de especies de producción animal.
El restante 68% del agua se encuentra contaminada y representa un peligro para la vida humana y animal, incluso para riego de la flora.
ContraPunto, consultó a dos laboratoristas, cuando se presentó la crisis y confirmaron que la proliferación de bacterias llegó a niveles potencialmente tóxicos.
El presidente Nayib Bukele, durante una rueda de prensa, admitió que existe un complejo problema del agua y propuso un plan integral para instalar una planta en el Lago de Ilopango. También pidió disculpas a la población por los inconvenientes generados.
De cara frente a los diputados
La titular de salud ha sido convocada para las 9 de la mañana y deberá contestar 10 interrogantes. El presidente del Palacio Legislativo es el encargado de establecer el procedimiento, es decir cuántas preguntas por grupo parlamentario y las posibles repreguntas.
El presidente de ANDA llegará a las 2 de la tarde y son 14 preguntas que han elaborado para el funcionario, siempre cumpliendo los mismos parámetros.
Ambos funcionarios podrán estar acompañados de sus asesores o abogados durante la interpelación.
El artículo 165 de la Constitución establece que: “ Los Ministros o Encargados del despacho y Presidente de Instituciones Oficiales Autónomas deberán concurrir a la Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se les hicieren. Los funcionarios llamados a interpelación que sin justa causa se negaren a concurrir, quedarán, por el mismo hecho, depuestos de sus cargos”.
Esta disposición constitucional, le da legalidad al artículo 116, inciso segundo del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL). “Obligatoriedad de los Funcionarios de Asistir a la Interpelación”.
Los funcionarios citados para la interpelación estarán obligados a concurrir a la Asamblea, para contestar las preguntas y repreguntas.
Cuando algún funcionario llamado a interpelación no asista a la Asamblea, el día y a la hora señalados para realizarla, y no justifique previamente la inasistencia, quedará depuesto de su cargo, según lo dispone el artículo 165 de la Constitución. No obstante, si la inasistencia es motivada por caso fortuito o fuerza mayor, la justificación deberá presentarse dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a la hora señalada.
En resumen, los funcionarios ya mencionados no tienen otra salida que presentarse al Congreso y responder a las preguntas que hagan, de no asistir y justificar los motivos que le impiden llegar a la cita, quedan destituidos de sus cargos.
Tribuna donde serán interpelados el prresidente de ANDA y ministra de Salud.
Hay otros que están en lista de espera
A raíz de los incidentes ocurridos el domingo, cuando el presidente Bukele ordenó a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada irrumpir las instalaciones del Palacio Legislativo, al grado de ingresar elementos del Ejército al Salón Azul, ocupar la silla presidencial y tratar de iniciar una sesión que no había sido convocada, los diputados han unido filas y quieren interpelar a los funcionarios que se vieron involucrados en ese hecho.
Es el grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que ha solicitado se interpele a los ministros de la Defensa Nacional, René Merino; y al de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas; así como crear una Comisión Especial para que investigue los sucesos acontecidos en la Asamblea Legislativa, desde el 7 al 9 de febrero.
El Grupo Parlamentario de Jóvenes condena la militarización de la Asamblea Legislativa ocurrida el 9 de febrero. Al respecto, el diputado de ARENA, Josué Godoy, expresó: "Estamos dispuestos a defender la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el sistema de libertades".
La última interpelación que ha hecho la Asamblea fue el 21 y 22 de agosto de 1997, a Roberto Orellana Milla, presidente del Banco Central de Reserva (BCR); por las irregularidades y malos manejos en el sistema financiero, por acciones inusuales en la privatización de la banca y por no evitar la concentración oligopólica en el sistema financiero.